Unos 136 millones de personas fueron desplazadas en el mundo debido a la creación de zonas protegidas, que cubren unos 8,5 millones de kilómetros cuadrados, según la ONG Rights and Resources Initiative. Igualmente, un artículo publicado en la revista académica Nature estima que la iniciativa 30x30 podría acabar con el desplazamiento de hasta a 300 millones de personas.

La iniciativa apunta a conservar al menos el 30% de la superficie terrestre y el 30% de la superficie marina para el año 2030. Está promovida por la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y los Pueblos, un grupo intergubernamental de más de 50 países, entre los cuáles se encuentran Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú, copresidido por Costa Rica y Francia.

Lanzada oficialmente en la cumbre ‘One Planet', se relaciona con el "Marco de la diversidad biológica posterior a 2020” que están preparando actualmente los gobiernos que forman parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) para la celebración de la 15 Conferencia de las Partes (COP 15) en Kunming, China, el próximo mes de mayo.

¿Solución o parche?

Para conseguir estas metas, la mirada se dirige hacia las llamadas soluciones basadas en la naturaleza y las áreas protegidas y zonas de conservación. No obstante, más de un centenar de ONG y expertos en medioambiente y derechos humanos alertan de los riesgos del aumento de las áreas protegidas mundiales.

Las áreas protegidas siguen los estándares marcados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). "La definición de área protegida dice que dentro de esa área no puede haber actividades humanas, sin hacer distinción entre subsistencia y actividad de explotación”, explica a DW Fiore Longo, directora de Survival Internacional en España y Francia, una de las organizaciones contrarias a la iniciativa. "Eso significa que los pueblos indígenas que dependen de esas tierras no van a poder acceder más ni para cazar, ni para recolectar, ni para hacer agricultura”, critica.

No obstante, desde la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y los Pueblos apuntan que la iniciativa involucra a los pueblos indígenas y comunidades locales, como socios en el diseño y manejo de áreas protegidas y zonas de conservación "asegurando el cumplimiento del consentimiento libre, previo e informado y la alineación con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y promoviendo la gestión indígena de áreas terrestres y marinas”.

Longo recuerda que dicha declaración "no es obligatoria”. "La Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo es el único instrumento obligatorio, una vez que los estados lo firman, para el reconocimiento colectivo de los derechos de los pueblos indígenas”, recalca. Por este motivo, asegura que "muchos de los países que están en esa coalición, incluso Francia, nunca van a firmar la convención, “porque reconoce la existencia jurídica de los pueblos indígenas”.

¿América Latina en riesgo?

En el caso de la región, recuerda que muchos países latinoamericanos firmaron la Convención 169, "por lo que es más difícil crear un área protegida en América Latina”. Igualmente, sostiene que "el movimiento indígena en América Latina es uno de los más fuertes del mundo” apuntando algunos de los logros conseguidos en el reconocimiento de sus derechos territoriales, como en Colombia y Bolivia, cuyas constituciones hablan de derechos territoriales de los pueblos indígenas. "Hay muchas leyes en Perú y Brasil que reconocen los derechos territoriales y colectivos”, añade.

A pesar de ello, existen casos en la región. "Muchos territorios de pueblos indígenas han sido categorizados como áreas naturales protegidas como parques naturales” explica a DW Julio Cusurichi, Presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD). "Dentro del Parque Nacional del Manu existen cuatro comunidades nativas, más de 1.300 personas, que están reconocidas”, puntualiza.

"Puedes sembrar tus productos, pero solamente tu comida. No puedes vender esos productos afuera, porque eso va en contra de las áreas naturales protegidas”, critica. Por ese motivo, aunque tienen servicios de salud y de educación, no tienen ingresos que permitirían solventar necesidades puntuales. "No puedes sacar gallinas para vender por la necesidad de comprar aceite, azúcar, cuadernos, medicina, porque en mi propio territorio me están diciendo que no haga eso, que podría resolver mi problema de educación, mi problema de salud, incluso de seguridad alimentaria, comprando alguna cosa que no produce mi comunidad”, detalla. "Esas son las limitaciones del indígena matsigenka en su propio territorio ancestral”, lamenta el también miembro de este pueblo originario.

"Hay una controversia entre nuestro enfoque con el de áreas naturales protegidas de conservación, dejando de lado a los pueblos indígenas”, aclara. "Tenemos derecho no solo de estar en el territorio, sino de participación y administración de estas grandes áreas”, argumenta reclamando un manejo integral del territorio.

Una demanda que se hará oír en el próximo congreso mundial de la UICN que se llevará a cabo el próximo mes de septiembre en Marsella, Francia. En ese congreso se podría cambiar la definición de las áreas protegidas. No obstante, Longo asegura que los gobiernos que forman parte dicha organización internacional "ni las empresas multinacionales ni las organizaciones conservacionistas tienen interés en respetar los derechos indígenas, porque van a perder poder y dinero”. (cp).