Julián Carrillo Martínez se sentía observado por sus agresores poco antes de ser asesinado en octubre de 2018. Aunque el reconocido líder de la comunidad rarámuri, de Coloradas de la Virgen, en el norte de México, contaba con protección estatal, ésta no le sirvió de nada. Rehusaba abandonar el territorio para no darle gusto a quienes lo perseguían. En los últimos dos años asesinaron a cuatro integrantes de su familia incluído a su hijo, Victor Carrillo Carrillo. Los crímenes siguen impunes.

El activista lideraba la defensa del bosque ante la tala ilegal de árboles en la región situada en Chihuahua. La zona boscosa colinda con los estados de Durango y Sinaloa; es lo que se conoce como el "triángulo dorado del narcotráfico". Las comunidades indígenas que habitan desde tiempos ancestrales la zona son amenazadas por el narcotráfico en colisión con caciques locales que quieren apoderarse de sus territorios.

Los mecanismos de protección no funcionan

"En la comunidad Coloradas de la Virgen han sido asesinados por lo menos 9 activistas. En Choreachi, otros tres", afirma Isela González, directora de la Organización Alianza Sierra Madre (ASMAC), que trabaja con la problemática que viven los pueblos originarios en la Sierra Tarahumara. La antropóloga de profesión exhorta al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a rediseñar los mecanismos de protección de activistas y que ataque las causas estructurales de la inseguridad y la violencia. En suma, un fortalecimiento del Estado de Derecho.

Durante un debate convocado en Berlín por la Fundación Heinrich Böll y la Coordinaadora Alemana para los Derechos Humanos en México, la defensora destacó que el mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas del Estado mexicano no funciona en Chihuahua por las condiciones geográficas. "Son territorios muy extensos y cuando un defensor está amenazado o en peligro, las fuerzas de seguridad tardan siete horas en llegar".

 Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México con la promesa de que sacaría al país de la violencia y mejoraría la situación de los Derechos Humanos. Durante los dos Gobiernos anteriores, las fuerzas policiales, el Ejército y grupos de la delincuencia organizada son señalados de estar implicados en masivas violaciones a los Derechos Humanos.

Activistas y migrantes amenazados

Al debate en Berlín fue invitada la misionera scalabriniana Letty Rodríguez, que dirige la Misión para Migrantes y Refugiados en la Ciudad de México, ella misma ha sido amenazada de muerte. "Durante la gestión de Felipe Calderón (Partido Acción Nacional, PAN, 2006-2012) vivimos una constante persecusión y amenaza por parte del crimen organizado y de las autoridades relacionadas con la migración como la Policía Federal, el Instituto nacional de Migración, la Marina y los grupos criminales que operan en todo el territorio nacional", explica.  La misionera misma fue amenazada por su acompañamiento de los migrantes y por las denuncias de los delitos contra ellos, como secuestros, tortura, desapariciones y masacres.

Con el Gobierno sucesor de Enrique Peña Nieto (Partido de la Revolución Institucional, PRI 2012-2018), según la religiosa hubo una invisibilización de la violencia y de los delitos contra defensores y defensoras de los DD.HH. La revelación de miles de fosas clandestinas en todo el país tras su sexenio han puesto al desnudo la dolorosa situación.

Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder en diciembre pasado, según la misionera ha habido un discurso doble e incoherente. "Tras la llegada de miles de migrantes centroamericanos en continuas caravanas se otorgaron 22.000 visas   humanitarias, pero luego fueron suspendidas. México se ha convertido en un tercer país. Es decir,los migrantes centroamericanos que han pedido asilo en los Estados Unidos están siendo deportados a México para que esperen aquí su proceso".

La religiosa denuncia que ya se vive una crisis humanitaria en todo el país y no hay una política migratoria efectiva. "No tenemos ni procesos, ni métodos. El jueves salió otro contingente de más de 2.000 personas y todavía no está resuelto el problema de los centroamericanos llegados en caravanas anteriores a Ciudad de México, junto con la gran complejidad migratoria que se vive en el norte del país".

Retroceso en materia de salud pública

Por su parte Iván Tagle, director de la organización ”YAAJ Transformando tu vida”, que lucha por los derechos de la comunidad LGTBIQ, destaca que hay avances, pero también retrocesos. El activista explica que en 14 de las 32 entidades federativas que comprenden el territorio mexicano es reconocido el matrimonio igualitario. Sin embargo, México ocupa el segundo lugar en América Latina por crímenes de odio por homofobia, después de Brasil. "Es muy difícil documentar los crímenes de este tipo porque la policía no los maneja así. Basamos nuestras estadísticas en los registros de los periódicos. Ha habido un gran avance en materia de leyes pero sigue siendo un gran problema vivir como miembro de la comunidad LGTBI", afirma.

El activista recuerda el reciente asesinato de un líder de la comunidad muxe en Juchitán, Oaxaca, en donde supuestamente hay un mayor respeto hacia los llamados "disidentes sexuales”: "Las autoridades dijeron que fue un crimen pasional para cerrar la investigación".

El activista advierte que el Gobierno del nuevo presidente está recortando el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil. "Apenas nos llegó la información de que el Gobierno dejó de comprar los medicamentos para personas que viven con  VIH. La clínica especializada Condesa, la más importante de México que atiende casos de VIH acaba de cerrar". El activista destaca que estos retrocesos en materia de salud pública hace que prendan los focos rojos.

Autora: Eva Usi