Los moderadores de Archipiélago rechazan, otra vez, la respuesta del presidente cubano a las inéditas protestas que estallaron el 11 de julio en la isla, en medio de una aguda crisis económica y sanitaria. “La orden de combate está dada. ¡A la calle los revolucionarios!”, dijo entonces Miguel Díaz-Canel, y desató una represión estatal y paraestatal que continúa hasta hoy, denuncian manifestantes y activistas.

“Excesiva violencia por parte del Estado”

Ha habido “excesiva violencia por parte del Estado”, asegura Laritza Diversent, directora de la ONG de asesoría jurídica Cubalex. “Han dejado claro, más que nunca, que en Cuba hay una dictadura”, precisa Daniela Rojo, quien reconoce haber tomado plena conciencia de ello al ser detenida violentamente: “Y creo que a mucha gente le pasó igual, se les rompió la burbuja ese día, cuando vieron el nivel de represión”.

Más de 1.200 personas fueron detenidas en todas las provincias. Muchas —como Rojo, recluida por 23 días— estuvieron temporalmente desaparecidas, o dieron testimonio de torturas. Y aún hay más de 600 personas privadas de libertad, condenadas o pendientes de “sanciones desproporcionadas” por manifestarse, “que no es un delito, sino todo lo contrario, un derecho constitucional reconocido”, subraya Diversent.

El Gobierno reconoce oficialmente un muerto y decenas de heridos en las protestas, pero achaca la violencia a los manifestantes. Mientras Archipiélago, surgido en agosto, insiste en dos objetivos: “la liberación de todos los presos políticos y la búsqueda de una solución democrática al problema nacional”.

“No hay acciones autóctonas de oposición a nuestro Gobierno”

El grupo mantuvo su actividad virtual mientras la pandemia de coronavirus lo exigió. Pero solicitó luego autorizaciones, en varias provincias del país, para una “Marcha Cívica por el Cambio” el 20 de noviembre. El Gobierno respondió decretando la fecha como Día de Defensa Nacional, precedido por dos jornadas de ejercicios militares. Y Archipiélago adelantó su convocatoria al 15 de noviembre, que coincide con la reapertura de fronteras al turismo y el total retorno a clases en las escuelas.

Las autoridades prohibieron la marcha, considerando que atentaría contra el sistema socialista, fijado como “irrevocable” en la Constitución. Y han amenazado hasta con demandar a Facebook, por alojar “grupos privados” que “realizan actividades ilegales”. La campaña estatal ha llegado a citar al cuerpo diplomático acreditado en la isla para insistir en el mensaje que repiten sus medios (únicos de alcance masivo en Cuba):

“No hay acciones autóctonas de oposición a nuestro Gobierno”, el 15N es “una operación organizada desde centros de poder en Estados Unidos”, “con el empleo de agentes internos reclutados, entrenados, financiados, organizados” por su embajada en La Habana, que “alientan acciones violentas de vandalismo”. Así que “nadie va a aguarnos la fiesta”, advirtieron el presidente cubano y su ministro de Exteriores, en referencia al regreso del turismo.

¿Financiados por Estados Unidos?

“Mi respuesta es abrir el refrigerador de mi casa”, ha dicho Saily González —emprendedora de 30 años—, moderadora de Archipiélago y organizadora del 15N en la central ciudad de Santa Clara. “Ni cigarros tengo”, se ríe Daniela Rojo —ama de casa, madre soltera de dos pequeños y poeta de 26 años—, moderadora del foro virtual desde Guanabacoa, en la periferia de La Habana, tras pedir sin éxito un cigarrillo a la vecina que interrumpe su diálogo con DW.

El fundador y cara más visible del grupo, Yunior García Aguilera —un dramaturgo de 39 años—, reconoció haber recibido llamadas de la embajada de EE. UU. en La Habana, o de un exiliado al que el Gobierno acusa de “terrorismo”, pero negó haber aceptado ayuda exterior alguna. Y DW no pudo entrevistarle, pues él y sus allegados tienen los servicios de telefonía e internet cortados y su vivienda vigilada por la Seguridad del Estado, confirma Rojo.

“El Gobierno cubano acusa de estar al servicio de un Gobierno extranjero a todo el que piensa diferente. No quiere reconocer que en Cuba hay oposición porque no quiere sentarse a dialogar con los propios cubanos. Pero ha sido capaz de hacerlo con su enemigo eterno, el Gobierno de Estados Unidos. Dice que los problemas se van a resolver a nivel interno, pero no hay espacios de participación, de diálogo, y eso es totalmente contraproducente”, advierte la abogada Diversent.

Para William Leogrande, especialista en relaciones Cuba-EE. UU. en la American University de Washington, la embajada siempre “ha sido un canal para proporcionar ayuda material a los disidentes cubanos”, al tiempo que el Gobierno de EE. UU. asedia al de Cuba con un embargo económico. Y “esto desacredita a todos los opositores”, incluso si no se benefician, aseguró a la agencia AFP, en una apreciación que comparten el poder y otros intelectuales cubanos.

“Para el Gobierno, ningún fondo que garantice independencia a grupos de la sociedad civil es legítimo y, por tanto, lo considera como subversión. Pero es un derecho de cualquier organización recaudar fondos privados, de gobiernos, de organizaciones internacionales. Lo que no se puede es recibir fondos de actividades ilícitas, o promover la discriminación”, responde la abogada Diversent, aludiendo a estándares internacionales con los que ha operado Cubalex (antes desde Cuba y hoy desde el exilio en EE. UU.)

¿Violentos?

“No hay ninguna justificación, ni siquiera el diferendo político con el Gobierno de Estados Unidos, para reprimir a una parte de ciudadanía e impedirle el ejercicio de los derechos de manifestación, para torturar o para desaparecer temporalmente a personas como hicieron durante los días siguientes a las protestas del 11 de julio”, insiste Diversent.

La jurista recuerda que “salieron personas el día 11 a defender a 'la revolución' con palos, ejercieron la violencia y, sin embargo, se les ha garantizado impunidad”. Considera esta discriminación “sumamente peligrosa”, porque ha sido clave para crear un clima de violencia en otros países, como en Ruanda o la antigua Yugoslavia, compara.

El plan original de Archipiélago, explica a DW Daniela Rojo, era que la marcha del 15 de noviembre mostrase un grupo considerable de personas que disienten del Gobierno y poder pedir un plebiscito. Así que, “a pesar de la negativa de las autoridades, que era de esperar, no podemos cruzarnos de brazos cada vez que ellos nos nieguen un derecho”, dice.

Por eso, Archipiélago ha ido ampliando su convocatoria de una marcha a la de una “jornada cívica”. Proponen alternativas para responder “con civismo y paz” al autoritarismo: cacerolazos y aplausos desde casa; telas, ropa y flores blancas; fotos en redes sociales. Su fundador, Yunior García, ha dicho incluso que marchará solo, un día antes, para promover el recurso a estas alternativas.

Pero el Gobierno y sus órganos de Seguridad del Estado insisten en prohibir, bajo amenaza de cárcel, cualquiera de estas manifestaciones. Han citado y amenazado no solo a organizadores y miembros de Archipiélago, denuncian los activistas, sino incluso a quienes pulsan “me gusta” o comparten sus publicaciones. Además de organizar “actos de repudio” frente a sus hogares. O difundir imágenes de empleados estatales en simulacros de ejercicios de defensa con palos y hasta fusiles.

El 15N y el día después

“Lo que se espera para el día 15 es una demostración de violencia y fuerza. Y hay también incertidumbre, porque no se sabe qué cantidad de personas van a salir a manifestarse”, dice Diversent. Por eso, Cubalex y otras organizaciones se preparan para acompañar a quienes decidan salir pese a la violencia prometida por el Estado, adelanta.

Recopilan información sobre personas en riesgo, que están siendo hostigadas. Comparten “kits de herramientas” para que los manifestantes se protejan y sepan a qué se van a enfrentar y cómo deben actuar, por ejemplo, ante una detención o un interrogatorio. Se alistan para auxiliarles con recursos legales como el habeas corpus.

También conectan con organizaciones regionales e internacionales de derechos humanos para visibilizar la situación, explica Diversent: “La comunidad internacional debería prestar atención a Cuba, sobre todo por este clima de incitación a la violencia. El llamado que hago es a la prevención: estar pendientes, visibilizar, llamar la atención al Gobierno, presionar, negociar, comunicarse”. Y este es también el objetivo de las manifestaciones que anuncia la diáspora cubana en más de 100 ciudades de más de 30 países.

Pero lo que pase el lunes 15 de noviembre en Cuba “dependerá enteramente del pueblo cubano, de la decisión personal que tome cada cubano”, advierte la activista Daniela Rojo. “Yo voy a salir a marchar vestida de blanco, no sé si la Seguridad del Estado me deje, pero es mi plan”, sostiene aún el viernes 12, pese a haber sido advertida —“con un sutil chantaje emocional”— de que la cárcel la privaría de estar con sus hijos.

“Pienso que mientras más masividad se logre, más vamos a conseguir. No creo que sea el fin de la dictadura el 15 de noviembre. Me parece una ingenuidad pensarlo. Pero sí me parece que sería una gran oportunidad que tiene el pueblo cubano de empezar un proceso de democratización”, aventura.

Y para quienes defienden privilegios conseguidos por su pertenencia o lealtad al Gobierno, como para quienes temen que no haya alternativa a la oficial para mantener la soberanía del país sin injerencia extranjera, o que un cambio instaure otra dictadura pero de derecha, envía el mismo mensaje:

“Que la situación de Cuba es insostenible. Que no se puede seguir justificando todo lo que está mal en el país con el bloqueo. Que la gestión gubernamental es claramente insuficiente. Que tenemos que darnos la oportunidad de vivir en un país democrático, donde todo el mundo tenga derecho a decir lo que piensa, a decir lo que quiere para su país".

“Y que esta es la única esperanza que le queda a esa gente pobre y desconocida que todavía está presa por el 11 de julio, por la que no se hizo presión en los medios; gente que sirve de ejemplo para que los demás no se lancen, incluso cuando lo único que hicieron fue salir a filmar para que la gente viera las protestas: que hagamos presión desde fuera para que hagan una ley de amnistía, o un sobreseimiento o revisión de los casos; algo, porque es muy triste, ¡muy triste!". (dz)