En el 2022 hubo 433 masacres en México. En ellas fueron asesinados dos sacerdotes jesuitasy más de 40 niños. Desaparecieron 11.900 seres humanos. Fueron asesinados 19 periodistas y 15 defensores de derechos humanos. Y mientras todo eso pasaba AMLO dio un golpe a la democracia militarizando el país y desmantelando las instituciones electorales, así pasó de ser el ‘salvador' de México a verdugo.

Los 12 meses han estado marcados por dramáticos retrocesos en todos los ámbitos de la vida nacional: democracia, orden público, legalidad, civilidad, derechos humanos, libertad de expresión, ciencia, cultura y medio ambiente.

Al iniciar la recta final de su mandato constitucional, AMLO finalmente terminó por desgarrar la máscara con la que llegó al poder y a través de sus reformas, programas de gobierno y conducta, este año se ha mostrado tal cual es. Las principales decisiones y acciones tomadas tienen el común denominador del autoritarismo y la involución, e impactarán de manera nociva en la historia inmediata de México y en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Mientras el mandatario continuó con su política de no agresión contra el crimen organizado, tomó decisiones políticas para militarizar y desmantelar instituciones electorales.

Aquí un breve recuento de los que considero los 5 momentos más graves que marcaron la administración de López Obrador este año. 

1.Militarización

En vez de desmilitarizar, militarizó al cien por ciento la seguridad pública del país, otorgando a la Secretaría de la Defensa Nacional un peligroso e inconmensurable podercomo único garante de la seguridad nacional y seguridad pública.

AMLO había prometido regresar al ejército a sus cuarteles, pero en septiembre envió al Congreso una ley elaborada por la propia  SEDENA- de acuerdo a documentos filtrados por los hacktivistas Guacamaya leaks-, con la cual por iniciativa del Ejército éste se apropió del control de la Guardia Nacional incluyendo tareas de disuasión de manifestaciones, investigación y coadyuvancia con la Fiscalía General de la República, militarizando así la justicia.

Se trata de un ejército injerencista en la vida política del país, como lo demostró el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la SEDENA en diversos actos públicos donde llamó a la lealtad no a las instituciones sino al proyecto de gobierno de AMLO.

El partido de López Obrador, Movimiento de Regeneración Nacional, y aliados, sin consultar a la población, impusieron cambios a la ley que violan la Constitución pese a que durante décadas el Ejército ha estado penetrado por el crimen organizado y pese a su fracaso en las calles atendiendo temas de seguridad pública.

Como muestra, por primera vez en la historia reciente un militar de alto rango, el coronel José Isidro Grimaldo fue secuestrado el 10 de diciembre pasado por el Cartel Jalisco Nueva Generación, rompiendo un nuevo límite en los niveles de violencia y presión del crimen organizado en México.

AMLO colocó este 2022 al Ejército como el único y último muro de contención de la violencia y la delincuencia en México, que es el principal problema del país. Si ese muro de contención fracasa o colapsa ¿quién se hará cargo de la protección de los ciudadanos?

 2. Desmantelamiento del INE

En lugar de fortalecer la autonomía e independencia de las instituciones electorales, y de mejorar sus facultades para fiscalizar y sancionar las irregularidades financieras de los partidos políticos y candidatos, AMLO dedicó una buena parte del año a atacar al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los consejeros electorales.

Antes de que termine el año se aprobaron reformas enviadas por López Obrador al Congreso, cuyo objetivo final es tener control político, económico y operativo en las elecciones que se llevarán a cabo en 2023 y a la elección presidencial del 2024.

Las reformas electorales de AMLO contienen al menos 20 puntos inconstitucionales, quitan autonomía al INE, quita el poder del INE para sancionar a candidatos por irregularidades en el financiamiento de campañas, genera mayor discrecionalidad en la entrada de dinero ilícito de la corrupción o del crimen organizado a las campañas políticas. Se planea el despido de cientos de empleados profesionales de carrera en el ámbito electoral. Y abre la puerta para manipular el padrón electoral y la emisión de credenciales para votar, instrumentos indispensables, cuya confiabilidad da certeza y legalidad a las elecciones en México.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y Human Rights Watch han advertido los riesgos del estado de vulnerabilidad democrático en que quedó México tras la aprobación de dichas reformas. "…Podrían socavar gravemente la independencia de las autoridades electorales, lo cual pone en riesgo la celebración de elecciones libres e imparciales", advirtió HWR.

A principios del 2023 se llevará a cabo la renovación de los consejeros del INE. AMLO y su partido Morena pretenden apropiarse de esas posiciones, y con un Instituto debilitado incidir en las elecciones.

¿Por qué el presidente quiere tener control del INE? ¿Si hay incertidumbre política, podrá haber elecciones presidenciales?

3. Criminalización de las víctimas

En el 2022, los carteles de la droga aumentaron su disputa por el control territorial con la complicidad de autoridades de todos los niveles de gobierno, superando sus propios niveles de violencia y crueldad.

De acuerdo con documentos internos de la SEDENA, en México existen más de 109 organizaciones criminales. Desde los grandes y poderosos carteles de la droga como el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Golfo, el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel de los Beltrán Leyva, el Cartel de la Familia Michoacana. Existen decenas de células criminales que operan como satélites de los grandes carteles, y existen organizaciones criminales de mediano nivel pero con un férreo control territorial que, a su vez, pagan piso a los grandes carteles. Es decir, es un inmenso e incontrolable amasijo de delincuentes que saltan de un grupo a otro generando violencia que afecta directamente a todos los ciudadanos, de todas las clases sociales, en todo el país.

En este contexto, este año ocurrieron 433 masacres de acuerdo al estudio realizado por la ONG Causa en Común. En estos eventos de extrema violencia fueron asesinados al menos 40 infantes, algunos no tenían un año cumplido. Pese a esto, AMLO ha continuado con su política de seguridad pública de "abrazos y no balazos” hacia los delincuentes, y de insensibilidad, desdén e incluso criminalización hacia las víctimas.

En junio de 2022, en una de las masacres fueron asesinados los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora. Un miembro del Cartel de Sinaloa los acribilló dentro de su iglesia en Chihuahua. Una cosa impensable para los propios códigos criminales con los que operan los carteles.

"Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos”, reclamó con justa razón el sacerdote Javier Ávila en una de las misas para los sacerdotes asesinados, y pidió al presidente revisar su estrategia.

En otras naciones, la masacre de niños y ministros de la iglesia habría sacudido las esferas del poder. En México no, la normalización de la violencia ha hecho a las autoridades más cínicas e insensibles.

"Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos, ¿qué quieren los sacerdotes, que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron con Calderón? ¿Por qué callaron con las masacres?”, atacó AMLO a la Iglesia Católica tras el homicidio de los sacerdotes. 

Cada vez que ciudadanos y familiares protestan por la ejecución de personas, López Obrador ha optado por atacar a las víctimas y descalificarlas, en vez de darles justicia. En el caso de los sacerdotes jesuitas, hasta ahora el autor material del asesinato, José Noriel Portillo Gil alias "El Chueco”, miembro de una célula del Cartel de Sinaloa, no ha sido detenido.

4. Los once mil desaparecidos del 2022

La cerrazón e indolencia del gobierno de AMLO este año ha costado la vida a las 24.100 personas asesinadas violentamente en México de enero al 30 de noviembre, según las cifras oficiales. Y aunque López Obrador festeja que el número de víctimas disminuyó el 6 por ciento, es decir, según sus cifras hubo 4 mil personas asesinadas menos que en 2021, en realidad es una cifra ficticia y no hay nada que celebrar.

De acuerdo a los registros oficiales, de enero a diciembre del 2021 en México había 97,311 personas en calidad de desaparecidas y no localizadas. Para el 21 de diciembre de 2022 el infame número es de 109,271, es decir que del 1 de enero al 21 de diciembre han desaparecido 11.960 personas. Esto representa en un aterrador aumento del 12 por ciento en las desapariciones, el doble de la disminución de homicidios violentos.

Mientras no se conozca el paradero de esas personas y mientras se multipliquen en todo el país las fosas clandestinas creadas por las organizaciones criminales para arrojar los cuerpos de sus víctimas y no haya un banco de datos a través del cual se pueda hacer una identificación de los cuerpos localizados en dichos cementerios ilegales, el gobierno no puede bajo ninguna premisa hablar de la disminución de homicidios. 

A la par que aumentaron en 2022 las desapariciones, también se multiplicó el delito de extorsión que afecta a todas las clases sociales. Aunque es un crimen que por miedo la gente denuncia poco (solo el 3,2 por ciento de los casos), este año las extorsiones crecieron al menos en un 20 por ciento en comparación al 2021, según las cifras oficiales del gobierno.

5. Furiosos ataques verbales presidenciales contra periodistas e intelectuales que terminaron en ataques físicos

En 2022, de enero al 22 de diciembre, fueron asesinados 19 periodistas en México, convirtiendo al país en la nación con más periodistas asesinados en el mundo. Y han sido asesinados 15 defensores de derechos humanos.

Pese a la crisis humanitaria, AMLO consolidó sus conferencias de prensa diarias como el espacio para denostar, linchar y generar campañas de odio contra periodistas e intelectuales críticos a su gobierno y a su partido, y contra organizaciones ambientales que se opusieron a algunas de las obras emblemáticas de su gobierno como el Tren Maya.

Este año dos de las principales víctimas de AMLO fueron la politóloga y editorialista Denisse Dresser, y el periodista y conductor de radio y televisión Ciro Gómez Leyva. Tras las agresiones verbales del mandatario hubo agresiones físicas violentas.

Dresser fue atacada verbal y físicamente en octubre pasado en el Zócalo de la Ciudad de México por huestes fanáticas del presidente. Y Gómez Leyva fue víctima de un atentado de muerte el 15 de diciembre en una de las colonias en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. El conductor de radio y televisión salvó la vida gracias al blindaje del vehículo en que viajaba.

El primer día después del atentado, AMLO envió un mensaje de solidaridad, pero después volvió a atacar a Gómez Leyva en su conferencia de prensa, acusándolo de ‘conservador' y de ser ‘enemigo' de su gobierno. Incluso acusó sin pruebas de que se trató de un "autoatentado” para afectar a su gobierno.

La violencia concreta contra quienes cuestionan al presidente generará mayores casos de autocensura y censura en medios de comunicación y periodistas en 2023. Entre más se acerque el final del mandato de AMLO, este aumentará las agresiones contra periodistas y críticos para silenciar la verdad y la objetividad en la información y e imponer la "versión oficial” como única fuente de entendimiento de lo que pasa en el país. 

Con estos retrocesos en la democracia y libertades, el próximo año será más violento y de mayor crisis democrática. El intento de AMLO de ayudar a huir al expresidente de Perú Pedro Castillo, antes de que fuera detenido por la Fiscalía en su país, y el asilo político dado estos días a su esposa e hijos deja un precedente que debiera servir de lección en México. ¿Por qué defender a un mandatario que intentó dar golpe de Estado en su país? ¿Por qué defender la corrupción presidencial? Ojalá que cuando tengamos las respuestas no sea demasiado tarde.