La convocatoria del encarcelado disidente venezolano Leopoldo López a realizar una gran marcha opositora este próximo sábado (conocida como #30M) no ha sido respondida aún por la otra cara visible de la oposición en ese país, Henrique Capriles Randoski. Así lo informó a DW desde Caracas Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor de López. Según Gutiérrez, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, realiza gestiones con distintas fuerzas opositoras, incluida Primero Justicia, a fin de lograr que la manifestación del 30 de mayo sea una muestra de unidad opositora.

“Se tiene una expectativa muy positiva de que esta convocatoria y la propuesta política de Leopoldo López tengan consenso”, dijo el entrevistado. En Venezuela es necesario que todos los actores de oposición estén unidos, consideró.

Además, “López espera que las marchas del fin de semana permitan abrir un canal de conversación con el gobierno de Venezuela”, afirmó Gutiérrez. El objetivo es lograr la libertad de los presos políticos, así como que se fije una fecha para las próximas elecciones parlamentarias, y que éstas se realicen bajo una observación internacional calificada, entre otras propuestas.

El otro factor que decidirá el éxito o fracaso de la convocatoria será la participación de la ciudadanía. En este sentido, el panorama es aún incierto. De acuerdo con una encuesta realizada por la consultoría especializada Datanálisis, publicada en El Universal y otros medios venezolanos, cerca de 77 por ciento de la población no se muestra dispuesta a participar en manifestaciones, aunque éstas sean pacíficas. La criminalización de la protesta y el temor a una reacción gubernamental como la que siguió a las manifestaciones de 2014 son algunas de las causales de esta crisis participativa, según la empresa mencionada.

En todo caso, la intención de los convocantes es que las marchas partan de distintos puntos, además de Caracas: Miranda, Nueva Esparta, Zulia, Carabobo, Aragua, Bolívar, Guayana, Trujillo, Guárico y Sucre, entre otros.

La situación de los presos

Diversos grupos civiles, dentro y fuera de Venezuela, han denunciado las condiciones en las que se encuentran recluidos los presos políticos en ese país. Dichas condiciones “son violatorias de los estándares internacionales de acuerdo a la normativa de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dice a DW desde Miami Patricia Andrade, directora de Derechos Humanos de la organización Venezuela Awareness.

En el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), las celdas en que se encuentran los presos políticos no cuentan con ventanas ni ventilación, afirma. En el caso de quienes se encuentran en el edificio llamado “Helicoide”, las salidas se limitan a una hora por mes, señala Andrade.

Otras denuncias, como que los presos políticos conviven con delincuentes de alta peligrosidad, han sido refutadas por el Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab.

Sobre el papel de Venezuela Awareness, Andrade indica que "a pesar de que nuestra sede está en Estados Unidos, no es financiada por entes gubernamentales como el National Endowment for Democracy. Trabajamos en forma voluntaria y nos sostenemos con donativos muy modestos de personas solidarias con la causa de los derechos humanos. Así es como financiamos nuestros gastos operativos."