En 1961, tras leer en la prensa que el estamento del dictador portugués António de Oliveira Salazar había enjuiciado a dos estudiantes de Coímbra, sentenciándolos a siete años de cárcel por hacer un brindis “por la paz”, el abogado británico y fundador de Amnistía Internacional, Peter Benenson, orquestó una manifestación de protesta que más tarde se convertiría en uno de los emblemas de la organización de derechos humanos: la “acción urgente”.

Benenson animó a familiares y amigos a que escribieran cartas al Gobierno de Lisboa exigiendo la liberación de los jóvenes portugueses, y publicó un artículo en el diario The Observer que resume en algunos párrafos la filosofía detrás del trabajo de AI: que informar y movilizar a la opinión pública mundial para que demande el cese de las violaciones de los derechos humanos vale el esfuerzo porque los Gobiernos que cometen esos abusos no son inmunes a la presión internacional.

El texto en cuestión, titulado Los prisioneros olvidados, vio la luz el 28 de mayo de 1961, de ahí que este domingo se celebren los primeros cincuenta años de AI, el colectivo que acuñó el término “prisionero de consciencia” para describir a cualquier persona encarcelada por haber defendido sus derechos políticamente sin incitar a la violencia o hacer uso de ella. ¿Habrá imaginado Benenson (1921-2005) las consecuencias que desencadenaría su iniciativa?

Un poder en el ámbito de la política internacional

La idea de Benenson dio pie a un concepto que sirvió de patrón para la creación de un grupo profesionalmente organizado con dependencias en casi todo el planeta; después de Gran Bretaña, Alemania fue el primer país en contar con una sección de AI. No es de extrañar entonces que ella sea percibida como un poder en el ámbito de la política internacional; los países en donde esta ONG ha dejado sentir la influencia de sus denuncias no se pueden contar con los dedos de las manos.

Sin embargo, el envío masivo de cartas para pedir la liberación de presos políticos ha dejado de ser su tarea principal. De hecho, el campo de acción y las estrategias de la organización han cambiado al punto de despertar cierta suspicacia hasta entre quienes la han apoyado incondicionalmente en el pasado. Unos han comenzado a preguntarse si AI es tan neutral y libre de ideologías como en sus inicios; otros sostienen que su insistencia en “inmiscuirse” en demasiadas áreas hace que pierda credibilidad.

AI ya no sólo le hace seguimiento a los casos de los presos de consciencia, sino que asume posiciones de cara a formas de represión estructurales y defiende los llamados “derechos humanos de segunda generación”: derechos sociales, económicos y culturales que se ven negados por la pobreza, el desempleo, la falta de justicia, la tolerancia de la tortura, la vigencia de la pena de muerte, la expulsión de los refugiados o la discriminación por orientación sexual o identidad de género, por ejemplo.

¿El que mucho abarca, poco aprieta?

Gerd Ruge, periodista alemán y co-fundador del capítulo germano de AI, defiende la expansión de los focos temáticos de la ONG, atribuyéndola a una evolución de la noción de derechos humanos. En una entrevista concedida al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, Ian Levine, ex integrante de AI y uno de los colaboradores más importantes de Human Rights Watch, secundaba a Ruge al decir: “Yo puedo exigir que una persona sea amnistiada, pero también estoy en la obligación de demandar que se hagan públicos los motivos por los cuales esa persona fue arrestada”.

Perspectivas de esa amplitud son necesarias si se aspira a mejorar la situación de los derechos humanos en regiones como América Latina, algunos de cuyos problemas crónicos parecen haberse intensificado aún cuando ha habido avances en la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante las dictaduras militares y a pesar de que países como Argentina, Brasil y Perú disfrutan del crecimiento económico impulsado por el precio de sus materias primas.

A mediados de mayo, la secretaria ejecutiva de AI en Chile, Ana Piquer, presentó un informe según el cual la situación de los indígenas, las de las personas que viven en pobreza extrema y la de la libertad de expresión habían empeorado en el continente. Los habitantes originarios de Latinoamérica son amenazados y asesinados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Paraguay y Perú por ser considerados un obstáculo para los intereses comerciales de algunas empresas.

Mucho por hacer en América Latina

Además, unos 400 empleados de medios de comunicación fueron amedrentados y por lo menos trece periodistas fueron asesinados en 2010. A eso se suman los “daños colaterales” de la lucha de los Gobiernos regionales contra la delincuencia organizada, esté o no relacionada con el narcotráfico: son los residentes de las zonas urbanas pobres en México, Brasil y los países de Centroamérica y el Caribe quienes más padecen la violencia ejercida por los delincuentes y los abusos de autoridad cometidos por las fuerzas de seguridad de los Estados. Amnistía Internacional cumplió medio siglo de vida, pero en América Latina se necesitan aún décadas y decádas de trabajo por los derechos humanos.

Autor: Evan Romero-Castillo / dpa / Reuters

Editor: José Ospina Valencia