A grandes males, grandes remedios. El gobierno alemán pondrá sobre la mesa 50.000 millones de euros en medidas para reactivar la economía. El agravamiento de la crisis ha llevado al ejecutivo de la canciller federa Angela Merkel a impulsar un segundo paquete de medidas en apenas dos meses. En una reunión extraordinaria celebrada hoy (12.01.2009) en la sede de la Cancillería, el ejecutivo espera cerrar un plan que, sumado a las iniciativas aprobadas hasta el momento, servirán para poner sobre la mesa el mayor paquete económico de la posguerra: 90.000 millones de euros.

El camino hasta el acuerdo, sin embargo, no ha sido fácil. A falta de conocer los grandes detalles del plan, que se darán a conocer mañana en rueda de prensa, el mayor obstáculo que han tenido que superar los partidos en el gobierno ha sido el de la controvertida rebaja fiscal. Una cuestión en la que incluso la canciller ha tenido que echar marcha atrás y aceptar las exigencias de sus aliados de la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU). Habrá, pues, rebajas de impuestos, como exigía el partido bávaro, para no romper la baraja y dejar a sus socios de coalición en la estacada.

Menos impuestos y más inversiones

Si se cumplen los planes, los contribuyentes alemanes dejarán de abonar entre 4.500 y 7.500 millones de euros en impuestos, una horquilla en la que a última hora de ayer aún batallaban los representantes de la CSU, de los socialdemócratas del SPD y de los cristianodemócratas de la CDU. Pese a haber consenso en aumentar en 340 euros, hasta los 8.004 euros anuales, el mínimo exento de pagar impuestos, quedaba aún por cerrar la cuantía a rebajar en las impuestos a los ingresos bajos y medios. Además, el SPD pretendía incrementar del 45% al 47,5% la contribución de los ingresos superiores a 125.000 euros anuales.

Sí que hay acuerdo general en cuanto a inversiones. Hasta 20.000 millones de euros se destinarán entre 2009 y 2010 a este apartado. Dos terceras partes de esta cantidad irá a para la remodelación y ampliación de escuelas, institutos y centros universitarios. El resto tendrá como objetivo el saneamiento de edificios públicos, la construcción de infraestructuras y la extensión de las redes de banda ancha. El segundo paquete de medidas para reactivar la coyuntura incluye también reducciones en la contribución tanto de trabajadores como de empresarios al sistema de salud por valor de entre 6.000 y 7.000 millones de euros.

Además, como medida para minimizar el impacto de la crisis en el mercado de trabajo, se aumentarán las aportaciones que realiza la Oficina Federal de Empleo (BA) para hacer más atractivas las contrataciones a tiempo parcial por parte de las empresas.

Fondo de rescate para las empresas

Por último, el plan aprobado por el gobierno alemán incluye un fondo para poner a disposición de las empresas en dificultades hasta 100.000 millones de euros en avales. La medida está especialmente concebida para la industria automovilística, que el año pasado sufrió su peor ejercicio desde la reunificación del país y que afronta 2009 con enorme pesimismo. Se trataría de garantías de crédito estatales a imagen y semejanza de las que el gobierno ya puso a disposición de la banca con el plan de rescate aprobado en octubre por valor de 480.000 millones de euros. Está por verse, sin embargo, si el gobierno se reserva la posibilidad de intervenir en las empresas que se acojan al plan, un extremo que defendían CDU y CSU y que contaba con la firme oposición de los socialdemócratas, dispuestos tan sólo a que el Estado facilite avales a las compañías.

El fondo complementaría otra de las medidas previstas en el paquete económico, la bonificación por parte del gobierno de la renovación del parque automovilístico. Si las exigencias del SPD finalmente se han cumplido, el ejecutivo alemán abonaría hasta 2.500 euros a quien se deshaga de un modelo antiguo para adquirir un vehículo poco contaminante. Sea como sea, el segundo paquete de medidas para reactivar la economía ha levantado no sólo las críticas de la oposición, sino también de algunos miembros de los partidos de la coalición de gobierno. Consideran que el segundo paquete económico sitúa el objetivo de déficit público al límite del 3% del Producto Interior Bruto (PIB) que fija el Pacto de Estabilidad.