Cuando niña, Nancy Hernández López alimentaba y bañaba perros callejeros en Mata Redonda, el distrito de San José (Costa Rica) donde vivía su familia. Talentosa nadadora, llegó a colgarse una medalla de oro en un campeonato centroamericano y le ofrecieron vivir en Estados Unidos, para luchar por un cupo para los Juegos Olímpicos representando a ese país. Solo tenía 13 años y sus padres rechazaron la propuesta. A los 18 dejó la natación, empezó a jugar tenis y a estudiar para convertirse en abogada. Ya como profesional, mientras oficiaba como mediadora, quedó en medio de una balacera entre reclusos y policías dentro de un penal.

Todas esas experiencias de vida sirven hoy a Hernández para realizar su trabajo como jueza y presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que esta semana cumplió 45 años de existencia. La magistrada dirige esta entidad dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) hasta 2025. "Mi objetivo principal es fortalecer el legado de estos 45 años, en los que la Corte ha dado a la región estándares muy importantes para el fortalecimiento del Estado derecho, de la democracia y la protección de grupos vulnerables”, dice Hernández en conversación con DW.

DW: ¿Qué otros objetivos se plantea como presidenta de la Corte IDH?

Nancy Hernández: Mi presidencia se ha enfocado también en fortalecer las relaciones con los operadores de justicia de la región, especialmente para impulsar el cumplimiento de sentencias. Hemos estado coordinando una serie de visitas en terreno, que aprovechamos para hablar con las altas autoridades, para darles seguimiento a las sentencias, caso a caso y país por país. Y, muy importante, luchar por la sostenibilidad financiera del tribunal.

¿Cuál es la situación financiera de la Corte?

De las tres cortes regionales (una americana, una europea y una africana), la Corte Interamericana es la que tiene menor presupuesto. Sin embargo, cada vez tiene más casos y ahora está teniendo una serie de opiniones consultivas en temas muy importantes que requieren el desplazamiento del tribunal a hacer audiencias afuera. También adoptamos medidas provisionales, estamos in situ haciendo diligencias judiciales en los lugares más recónditos del continente, como la Amazonía brasileña, por ejemplo, o la selva del Darién.

¿Cuál sería un caso típico que recibe la corte?

Para la Corte IDH es muy importante ser un espacio para los más vulnerables, quienes no tienen voz o se les ha negado la voz, o que nunca han sido escuchados en sus países y que están en situaciones de vida o muerte, como es el caso que tenemos ahora en la Corte del pueblo yanomami, en Brasil, que está viviendo un proceso de extinción paulatina por la contaminación con mercurio de sus fuentes de agua y comida realizada por mineros ilegales. Esto ha derivado en la muerte por hambre de los niños yanomami y también de su población mayor debido a enfermedades muy graves. Ahí, en esas poblaciones donde nadie llega es donde llega la Corte IDH a buscar que sean escuchados y que sean atendidos por los Estados.

Siempre hay voces que cuestionan instituciones como la Corte IDH como un gasto innecesario de recursos. ¿Qué les diría a quienes comparten esa visión?

Mire, lo primero que diría es que invertir en justicia y fortalecimiento del Estado de derecho es la mejor inversión que puede hacer un país que apunta a un desarrollo sostenible, en paz, donde exista un adecuado clima de negocios y seguridad jurídica para las inversiones. En la región podemos ver ejemplos de países que antes eran democracias y hoy son dictaduras, y en este momento están confiscando propiedades sin un debido proceso y sin ningún pago. También tenemos países en la región donde no se puede profesar una fe o emitir una opinión sin terminar preso o muerto.

En ese contexto, dice usted, no se debería cuestionar la existencia de una corte supranacional.

Me parece que no hay discusión de que la inversión en derechos humanos y Estado de derecho es la única vía. Por otro lado, la Corte IDH sirve como válvula de escape para una serie de tensiones, que, de no ser atendidas a tiempo, repercuten negativamente en las sociedades. La Corte viene a ser la última instancia de defensa de las libertades fundamentales. Sin esa válvula de escape muchas personas optarían por vías no pacíficas ni democráticas para canalizar sus inquietudes.

Usted lo ha dicho: en la región hay países donde la situación de los derechos humanos es  frágil. ¿Es esto prueba de cuánto queda por trabajar en esa materia?

Nadie está vacunado contra el autoritarismo. Yo creo que lo que está pasando en el mundo y en nuestra región en cuanto a retroceso democrático es una muestra de ello. La democracia hay que cuidarla todos los días, creo que eso se nos ha olvidado, y hemos descuidado la labor diaria y la defensa de las libertades fundamentales que tanta sangre costó a la humanidad. Por eso es muy importante el trabajo que hacen tanto los tribunales nacionales como las cortes constitucionales y las cortes internacionales para fortalecer materias básicas para la defensa de la democracia, como la libertad de expresión y la independencia judicial.

¿Cuenta la Corte IDH con las herramientas necesarias para realizar su trabajo?

Lo que yo quisiera es tener más apoyo, porque los desafíos son enormes. La corte está técnicamente preparada para enfrentar desafíos sobre emergencia climática, inteligencia artificial y otros, pero necesitamos una mayor consolidación y mayor apoyo de los países, tanto en el cumplimento de sus sentencias como en en dotar a la corte de los recursos adecuados para su funcionamiento.

¿Qué puede sacarse en limpio de estos 45 años de trabajo?

Lo primero que hay que hacer es reconocer que la Corte IDH en estos 45 años de historia ha tenido un papel preponderante en la evolución política y jurídica del continente americano. La Corte se estableció desde sus inicios como un actor clave en la protección y promoción de los derechos humanos, sirviendo como catalizador para  la transición de las dictaduras a la democracia, en un contexto extremadamente adverso. Además, ha sido pionera en el acceso a las víctimas, ha creado un fondo de asistencia legal para ellas y generado la posibilidad de que accedan, cuando no tienen recursos, a defensores interamericanos. Queremos tener mayor cercanía con las víctimas y los Estados, ser una corte de toga y mochila.

¿Cómo ha sido su experiencia personal como jueza y presidenta de la CorteIDH?

La verdad es que es un inmenso honor pertenecer a esta corte, a un proyecto ya de 45 años en pro de las víctimas y las poblaciones más vulnerables. Poder ir a las comunidades, hablar directamente con las personas afectadas y darse cuenta de que el sistema funciona para remediar las más graves violaciones de derechos humanos es muy satisfactorio para mí. Por otra parte, yo creo que llegó el momento de que pensemos en un tribunal de tiempo permanente. Las víctimas de América Latina se merecen un tribunal de tiempo completo con un presupuesto estable y robusto que permita atender las necesidades y requerimientos que están llegando a la Corte.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) atiende casos que llegan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras haber agotado las instancias nacionales. Para más información, visite https://www.corteidh.or.cr/como_acceder_al_sistema.cfm

(cp)