Tanto la magnitud y la duración de las protestas antigubernamentales en Nicaragua como la brutalidad con que el Ejecutivo de Daniel Ortega las reprime traen a la memoria las sangrientas manifestaciones contra el hombre fuerte de Caracas, Nicolás Maduro. Unas cuarenta personas perdieron la vida en las calles de Venezuela durante los episodios de violencia política de 2014 y alrededor de ciento cincuenta más murieron allí en 2017. En el país centroamericano, el saldo de muertos oscila entre cuarenta y seis –cifra oficial– y doscientos quince.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, condenó las matanzas “a manos de fuerzas policiales o de grupos progubernamentales” que tienen lugar en Nicaragua desde hace dos meses. El 18 de abril, multitudes alzaron la voz en varias ciudades para pedir la anulación de una controvertida reforma de la seguridad social. Aunque Ortega accedió a derogar la enmienda cuatro días después, los ánimos se caldearon aún más debido a la brusquedad con que se procuró disolver las protestas. 

Y el terror no amaina. Este 16 de junio, seis miembros de una familia murieron calcinados cuando un grupo de hombres le prendió fuego a su vivienda. Hasta entonces, el acto de violencia más atroz había sido el asesinato a tiros de quince personas mientras participaban en la “Madre de todas las marchas” el pasado 30 de mayo. Secuestros y torturas se suman a la lista de crímenes de lesa humanidad atribuidos al Estado. Las arremetidas de la Policía y de grupos de choque leales a Ortega han dejado entre mil y un millar y medio de heridos. 

Daniel Ortega, bajo presión

De ahí que la Conferencia Episcopal de Nicaragua y cada vez más instancias clamen por la dimisión del líder sandinista y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. En entrevista con la televisora local Canal 12, el escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez aseguró que Ortega se había reunido tres veces con un emisario del Senado estadounidense en Managua –siempre con el visto bueno del Departamento de Estado– y acordado el adelanto de las próximas elecciones presidenciales, de noviembre de 2021 a marzo de 2019.

“Nada es imposible”, comenta el politólogo e historiador Sebastian Huhn, de la Universidad de Osnabrück. “Ortega está bajo mucha presión y aceptar que se celebren comicios presidenciales anticipados podría ser su última oportunidad para no acabar ante un tribunal local o internacional”. Sin embargo, acota el experto, el mandatario nicaragüense no está haciendo esfuerzo alguno, en este momento, para resolver la crisis en sus manos. Al contrario, él parece limitarse a desear que sus adversarios regresen amedrentados a sus casas.

“A Ortega no le interesa la reconciliación nacional. No hay duda de que la violencia corre por cuenta del Estado. La Policía y los grupos de choque sandinistas obedecen las órdenes de Ortega; él podría detener las matanzas y no lo ha hecho”, sostiene Huhn. Ortega pasó los primeros dieciocho días de junio alejado de la vida pública mientras se acumulaban los cadáveres en las morgues. “Tampoco creo que sus conversaciones con sus detractores lleguen lejos porque lo que Ortega busca con ese diálogo es ganar tiempo”, añade.

Kurtenbach: “La situación puede empeorar”

Sabine Kurtenbach, directora comisaria del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos, con sede en Hamburgo, secunda a Huhn. A su juicio, sólo hay tres escenarios a la vista en Nicaragua. En el mejor de los casos, las diferentes fuerzas políticas de la nación podrían sellar un pacto para restablecer el orden social e institucional. “Eso sí, no me imagino a Ortega como signatario del acuerdo”, admite la investigadora, recordando que su Ejecutivo ha perdido a dos aliados fuertes: la Iglesia católica y el empresariado.

“Por otro lado, la situación puede empeorar muchísimo y salirse de control. La fortaleza de la oposición es su apuesta por la protesta pacífica, pero no se puede descartar que surjan grupos dispuestos a levantarse en armas contra el régimen”, alerta. Bajo esas circunstancias, agrega, cobraría relevancia la postura de las Fuerzas Armadas, que hasta ahora se han negado a disolver las protestas. “Luego está la posibilidad de que se convoque a comicios presidenciales extraordinarios”, arguye Kurtenbach. Nada es imposible, como decía Huhn.

Huhn: “Esto es una burla”

Aunque Ortega ha declarado que no renunciará a la presidencia, está por verse si el conflicto interno nicaragüense se distingue del venezolano por la aparente disposición del exguerrillero a permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) compruebe las denuncias articuladas contra sus fuerzas de seguridad y sus milicias. Maduro no sólo rechaza que investigadores independientes visiten su país, sino que ordenó retirar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos, el ente al que está adscrita la CIDH.

El diálogo de Ortega con la Alianza por la Justicia y la Democracia –que aglutina a estudiantes, empresarios y miembros de la sociedad civil urbana y rural– fue cancelado este lunes (18.6.2018) por la Conferencia Episcopal de Nicaragua –mediadora y testigo de las negociaciones– porque el Gobierno no presentó copias de las cartas de invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a observadores de la Unión Europea. No obstante, voceros de la CIDH anunciaron que volarían a Managua el 25 de junio para iniciar sus pesquisas.

“La próxima semana se verá si los representantes de la CIDH realmente logran entrar a Nicaragua; todavía dudo que Ortega se los permita porque él nunca antes ha estado tan cerca de perder el poder conquistado. El acompañamiento internacional es lo que le hace falta a ese país en este momento porque la actuación de las entidades locales no basta. La comisión creada por el Gobierno para investigar las violaciones de derechos humanos está llena de funcionarios oficialistas; esto es una burla”, explica el especialista de Osnabrück.

Evan Romero-Castillo (EL)

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