El 3 de marzo de 2016, la activista Berta Cáceres fue asesinada. Tres años después, América Latina sigue siendo la región más mortífera para los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente. El último informe de la organización Front Line Defenders revela que el 54 por ciento de los 321 asesinatos que se produjeron contra este colectivo en 2018 se concentran en Colombia y México. Con un incremento de nueve muertes más respecto al 2017, el 77 por ciento del total de asesinatos corresponden a defensores de la tierra y el medioambiente, así como líderes de pueblos indígenas. Un fenómeno que no deja de crecer, tal y como muestran las recientes muertes del activista mexicano Samir Flores, que había denunciado el impacto ambiental de una planta energética en Morelos, y Francisco López, líder de un pueblo indígena de Paraguay.

Precisamente los pueblos indígenas son el colectivo más vulnerable, debido a que los proyectos que se llevan a sus territorios se contraponen con sus modos de vida. "El derecho a decir 'no', a escoger sus propios modelos de desarrollo, debe ser respetado por gobiernos, empresas e instituciones de financiación al desarrollo”, dicen los autores del informe.

Proyectos y conflictos

La ausencia de una consulta previa e informada a los pueblos indígenas sobre el emprendimiento de nuevos proyectos en sus regiones, tal y como determina el convenio 169 de la Convención Internacional del Trabajo, es fuente de conflictos. Según dieron a conocer esta semana académicas del centro de investigación FLASCO, en México, y de la Universidad de Montfort, en Reino Unido, solo en México se identificaron 879 conflictos socioambientales causados por proyectos mineros y energéticos en los últimos 12 años, La investigación, que cuenta con la colaboración de la Fundación Heinrich Böll Ciudad de México, revela que la minería es la actividad que provoca más conflictos, siguiéndole la extracción de hidrocarburos, concretamente campos petroleros y gasoductos.

Según el reporte de Front Line Defenders, los Estados continúan siendo los mayores violadores de derechos de los activistas medioambientales, a los que tachan de ser una amenaza para la seguridad nacional. "A menudo las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos denuncian y confrontan los intereses y malas prácticas de las élites económicas y políticas, por lo que son gravemente reprimidas y silenciadas”, recuerda a DW María San Martín, responsable de campañas de la ONG.

Un ejemplo de ello es el reciente asesinato de Samir Flores. "No se acusa directamente al  Gobierno de haberlo matado, pero sí de que fue desconsiderado e insensible al haber continuado su consulta", dice, por su parte, a DW Dolores Rojas, coordinadora de programas de la Fundación Heinrich Böll. Rojas se refiere a la consulta llevada a cabo en Morales por el Gobierno de López Obrador. "Ahora se le demanda investigar y dar con los responsables”, advierte Rojas. 

Una iniciativa pionera, a la espera

La serie de asesinatos continúa, a pesar de que la región cuenta, desde el pasado 4 de marzo de 2018, con una herramienta que debe proteger a este colectivo. Se trata del Acuerdo de Escazú, el primer tratado vinculante del mundo que otorga a los derechos ambientales la misma posición legal que tienen los derechos humanos a nivel global. "El tratado es clave para proteger a los defensores ambientales. Esto es especialmente relevante ahora, cuando la región es escenario de múltiples crímenes y enfrentamientos a causa de la posesión de la tierra y los recursos naturales”, dice a DW Leo Heileman, director regional de ONU Medio Ambiente en América Latina y el Caribe. "Su contenido es una respuesta a un sentir auténticamente latinoamericano y caribeño: que el desarrollo sea producto de la participación ciudadana y que sea inseparable de la protección ambiental”, añade.

En este sentido, el Acuerdo de Escazú es "un ejemplo de cómo los países de América Latina y el Caribe pueden enfrentar desafíos comunes y reforzar la gobernanza ambiental regional contribuyendo al progreso social y económico, así como a la sostenibilidad ambiental”, agrega a DW la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. 

Surgido por iniciativa de la sociedad civil y una decena de países de la región el en marco de la conferencia Rio +20, se han necesitado cuatro años de negociaciones antes de su adopción el año pasado. Firmado por 16 países, actualmente está a la espera a que entre en vigor, ya que para ello se necesita la ratificación de 11 países.

Obligaciones de los Estados

"La firma del Acuerdo de Escazú es el primer paso necesario, ahora instamos a los gobiernos a que adopten medidas rápidas y efectivas para implementar las disposiciones del Acuerdo, recalcando la necesidad de que se asignen los recursos necesarios", considera María San Martín, de Front Line Defenders. Por ejemplo, México, que firmó el tratado el pasado mes de diciembre, todavía tiene que ratificarlo en el Senado. "Aún no tiene ningún impacto, pero esperamos que sí dé herramientas para la seguridad de las personas defensoras ambientales”, confía Dolores Rojas, de la Fundación Heinrich Böll.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, condena en Deutsche Welle, la muerte del activista mexicano Samir Flores y declara que el Acuerdo "gatilla una respuesta en caso de que dichas violaciones se produzcan”. "Ciertamente, la mera existencia de un tratado no garantiza por sí sola su efectividad, de ahí que el compromiso político y jurídico de los Estados tanto en asumir obligaciones como en implementarlas cabalmente sea fundamental”, recalca. 

(ms)

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