En Ecuador, siete niñas menores de 14 años dan a luz cada día, la mayoría de ellas a causa de violencia sexual perpetrada por un adulto de su círculo conocido, según la Fiscalía General del Estado. 

Ecuador es el segundo país de América Latina con el índice más alto de embarazo de adolescentes, y la violencia sexual afecta, sobre todo, a las niñas y adolescentes de los sectores más pobres de la población, tanto a mujeres indígenas como a las que viven en zonas rurales. En menores de 15 años, el riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo es hasta tres veces mayor que en mujeres de más de 20 años.

Si bien la Corte Constitucional de Ecuador despenalizó el aborto el 28 de abril de 2021 -en un dictamen histórico que declara inconstitucional la judicialización y el encarcelamiento de víctimas de violación que deciden abortar- la legalización del aborto por violación aún no se ha concretado.

Veto parcial de Lasso 

Esto se debe a que el presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, vetó parcialmente un proyecto de ley que permite el aborto en caso de violación dentro de determinados plazos, luego de que la Asamblea Nacional de Ecuador hubiera aprobado la propuesta el 17 de febrero de 2022. Esa ley contempla que las mujeres víctimas de violación que hayan quedado embarazadas pueden abortar legalmente hasta la semana 12. En el caso de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y de áreas rurales, hasta la semana 18.

El proyecto de ley establece que, para efectuarse un aborto, la mujer solo debe manifestar su voluntad de poner fin al embarazo en un formulario único que debía simplemente firmar. Esto, a fin de no crear "barreras legales o socioeconómicas a las víctimas", según el texto. El formulario debía ser gratuito, en braille, con intérprete, traducido a otros idiomas, verbal o escrito. Es decir, que no se les exige bajo ningún concepto presentar una denuncia ni someterse a exámenes médicos para constatar y documentar la violación.

Fue creado en base a estándares internacionales de derechos humanos, con la participación de diversos sectores de la sociedad civil, así como de médicos y oenegés que dan apoyo psicológico y acompañamiento a las víctimas.

Una ley basada "en altos estándares"

"Esa ley, que nace de una sentencia de Corte Constitucional y de la Defensoría del Pueblo, el organismo experto en derechos humanos, se basa en altos estándares para garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres violadas, y fue profundamente razonada y elaborada”, dice a DW la abogada feminista y conductora de televisión ecuatoriana Silvia Buendía.

Pero ahora, el veto (u "objeción", según la Constitución) del presidente Lasso determina que la víctima de violación, u otra persona en conocimiento de ese delito, debe presentar una denuncia. Además, ella -o sus tutores legales, si es menor de edad, y salvo si el tutor es también el agresor- deberá firmar una declaración jurada ante notario público detallando el hecho. Y tendrá que someterse a un examen de salud, tras el cual un médico certificará, bajo juramento, que hubo "serios indicios” de violación.

Cuestión de plazos

Asimismo, el presidente ecuatoriano objetó el plazo máximo para la interrupción de la gestación diciendo que, luego de una violación, "se puede detectar el embarazo de una mujer cinco días después de producido el acto sexual”, a través de un examen médico, por lo cual "12 semanas es un plazo realmente en exceso”.

"Los plazos para llevar a cabo el aborto son, en realidad, demasiado cortos”, explica Karen Garzón-Sherdek, que forma parte de la Red de Politólogas #NoSinMujeres, de Ecuador, en entrevista con DW. "Hay que tener en cuenta que las víctimas menores de violación -que en muchos casos han sido violadas por su propio padre, por su abuelo o un tío, por hombres de su círculo más cercano- a veces ni siquiera han tenido su menarca (primera menstruación), por lo cual, no saben que están embarazadas hasta mucho más tarde”, agrega. Ahora, la Asamblea Nacional tiene menos de 30 días para analizar el veto del Ejecutivo. Según observadores, el presidente borra de un plumazo las garantías de una ley concebida para desburocratizar y asegurar el acceso al aborto en caso de violación. 

El Estado ecuatoriano "no le cree a las mujeres”

El presidente ecuatoriano justificó su veto parcial afirmando que cree que la vida comienza en la concepción y la implantación del embrión en el útero. Pero, según legisladores como el exjuez de la Corte Constitucional Ramiro Ávila Santamaría, en cuanto a sus motivaciones, el veto de Guillermo Lasso está desconociendo principios constitucionales. También ignora la sentencia que despenalizó el aborto, según indica el juez en un análisis para la página GK City.

La decisión del Ejecutivo ha sido calificada por abogadas, sociólogas y activistas ecuatorianas de "misógino” y "mortal”. El hecho de que el presidente haya anunciado su veto anticipadamente, sin haber una propuesta de ley firme aprobada, podría tener que ver con que, en su campaña para la segunda vuelta electoral, "Lasso tuvo un discurso progresista de centro izquierda y enfocado en las mujeres. Ahora ha dejado todo eso de lado”, apunta Karen Garzón, que también es directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional SEK (UISEK). 

"Crueldad deliberada hacia las víctimas" 

Según ella, "el veto es una bofetada a las mujeres, a las niñas, a las víctimas de violencia sexual, una burla”. Y añade que "Lasso demostró que fue un candidato que utilizó un discurso para beneficio propio y que, una vez que llegó al poder, se olvidó del respaldo de mujeres y de grupos feministas, gracias a los cuales también obtuvo la victoria”.

Para la abogada Silvia Buendía, los requisitos antes mencionados son "una crueldad deliberada hacia las víctimas de violencia sexual”. "Este es un Estado que no le cree a las mujeres, que no le cree a las víctimas, y que las está condenando” coincide la investigadora Karen Garzón. "El presidente no tiene una lectura de la realidad del país, y mucho menos de la realidad de las niñas que son violentadas, son violadas por su propio círculo, el círculo más cercano”. 

"Los requisitos que ha puesto Lasso no solo representan una revictimización horrenda y cruel, sino también una insensibilidad bárbara, porque todo está pensado para hacerle más complicada la vida a las niñas y mujeres que han sido víctimas de violencia sexual”, dice Silvia Buendía, que también es columnista de El Telégrafo. Ahora, en Ecuador, además de no existir una sentencia condenatoria para violadores, "el derecho de la mujer a acceder a la salud va a estar muy restringido”, critica.

Guillermo Lasso "no entendió” la sentencia

"El presidente Lasso, o no leyó bien la sentencia, o no la entendió”, continúa Buendía. "Porque ahí donde la ley dice que hay que evitar obstáculos para garantizar el acceso a la salud, el veto presidencial ha puesto 51 obstáculos”.

De hecho, en especial para las mujeres que viven en una situación precaria, cumplir con los requisitos representa, a menudo, un obstáculo a veces insalvable. Solo la declaración tiene un costo de unos 40 dólares, es decir, un 10 por ciento del salario básico.

"Lasso y su equipo técnico no solo dan cuenta de una profunda ignorancia sobre el derecho constitucional, sino también sobre la realidad de la violencia que vivimos niñas, adolescentes y mujeres adultas en Ecuador”, subraya Silvia Buendía. "Al pedirle requisitos tan absurdos e inconstitucionales para acceder a un servicio legal, las mujeres van a abortar en clandestinidad”, advierte.

¿Cómo seguirá el proceso de legalizar el aborto en caso de violación en Ecuador? Mientras en otros países de América Latina, como Argentina, Colombia (hasta las 24 semanas), Cuba, Uruguay, Guyana y cuatro estados de México, el aborto es legal ya no solo en esos casos, sin condicionamientos, en Chile se plebiscitará este año el derecho al aborto libre. En El Salvador, por el contrario, abortar está prohibido sin excepción, e incluso un aborto espontáneo puede significar hasta 30 años de prisión.

Pronunciamiento de la Corte Constitucional

Para Karen Garzón, "lo que haga el Ejecutivo de Ecuador tendrá consecuencias para las y los ecuatorianos, pues se deberían generar políticas públicas a favor de las víctimas de violación, quienes necesitan contar con esa ley, que es reparadora”.

Como los argumentos de Lasso estarían basados en la Constitución, la Asamblea debería remitir el veto a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre su constitucionalidad, explica Silvia Buendía. "El presidente, con el texto de un veto tan mal escrito, tan mal fundamentado, nos está regalando la posibilidad de pedir a la Corte Constitucional una revisión para que haga un control de constitucionalidad. Es decir, casi nos está dejando el arco sin defensa para que metamos un gol”, afirma. "Y lo vamos a meter, porque venimos fortaleciendo desde las organizaciones feministas de Ecuador una militancia de empeño estratégico. Así conseguimos también el matrimonio para parejas del mismo sexo, a través de acciones constitucionales con argumentos impecables”.

(ms)