"Vamos a hacer lo imposible y ojalá que se convierta en realidad en 2020", dice a DW Nelly Minyersky, histórica militante por la despenalización del aborto en Argentina, con 91 años y su lucidez intacta.

Este es el reclamo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito: que, tal como lo ha prometido, el Poder Ejecutivo presente en el Parlamento el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

"La pandemia congeló la discusión parlamentaria", explica a DW la socióloga María Pía López. "Pero, además, la situación actual está produciendo algo complejo para los movimientos sociales: ¿cómo construir lógicas de movilización, de presión, de volver a poner los temas en la esfera pública, en este escenario?", se pregunta.  

"Al mismo tiempo, están creciendo las derechas más reaccionarias que, por así decirlo, tendrían un 'aroma bolsonarista'", analiza López, entreviendo fuerzas sociales enemigas de la aprobación de la ley.

La situación incluso ha merecido un extenso informe de la organización internacional defensora de los derechos humanos Human Rights Watch, en el que sostienen que la pandemia vuelve aun más urgente la legalizacion del aborto.

"La pandemia del COVID-19 y el consecuente confinamiento en los domicilios han sumado nuevos obstáculos que impiden el goce efectivo de derechos sexuales y reproductivos", afirman en su reciente estudio "Es hora de saldar una deuda. El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina".

En ese reporte también consignan: "Penalizar el aborto no evita que las personas gestantes interrumpan embarazos no deseados (…) y obliga a muchas personas gestantes que quieren acceder a un aborto a hacerlo por fuera del sistema de salud. En muchos casos, estos abortos se llevan a cabo en condiciones inseguras y peligrosas".

Las cifras del fenómeno

Se calcula que alrededor de 500 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino en Argentina. También, que hay más de un aborto por cada dos nacimientos.

Y según las últimas estadísticas disponibles, 135 mujeres se internaron por día en hospitales públicos por problemas relacionados con un aborto. Y 2 de cada 10 tenían 19 años o menos.

En la actualidad rige una ley de 1921, que sólo permite la interrupción voluntaria del embarazo cuando hay un riesgo grave para la madre o en caso de violación. Aunque tambien aquí existe una distancia entre la letra de la ley y la realidad.

Así, por ejemplo, recientemente le fue impedido interrumpir su embarazo a una niña de 11 años de la norteña provincia de Tucumán, aun cuando así lo había pedido: "Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo", había expresado. Sin embargo, arbitrarios obstáculos no lo hicieron posible.

El Parlamento tiene la palabra

En 2018, el proyecto de despenalización del aborto tuvo estado parlamentario, y por un escaso margen no llegó a convertirse en ley.

"Pero nosotras no perdimos, porque ganamos la calle", evalúa hoy la abogada y profesora feminista Nelly Minyersky. De hecho, los porcentajes de aprobación de la iniciativa alcanzan el 60 por ciento del total de la población, según algunos sondeos.

Desde el gobierno, por su parte, sostienen que el compromiso del presidente Alberto Fernández con el proyecto sigue en pie, pero que debido a la emergencia sanitaria, no es el momento adecuado para reabrir la discusión.

Si bien el proyecto del Poder Ejecutivo no se conoce, no se esperan grandes diferencias respecto a los consensuados anteriormente por la sociedad civil.

La premura para la presentación del proyecto se asienta también en el hecho de que 2021 será un año electoral en Argentina, y la discusión podría quedar entonces desvirtuada. (dz)