Fue convocada para apoyar a los magistrados nombrados por la Asamblea para sustituir a los del TSJ. La oposición denuncia que estos han empezado a ser detenidos y convoca una huelga de 48 horas la semana que viene.
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Al menos 17 personas resultaron heridas este sábado (22.07.2017) cuando fuerzas militares dispersaron con gases lacrimógenos una marcha opositora que intentaba llegar hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de respaldar a los nuevos magistrados designados por la Asamblea Nacional. Las autoridades del municipio Chacao, en el este de Caracas, informaron que 17 personas fueron atendidas por su servicio de salud, 12 de ellos por traumatismos diversos.
Entre los heridos estaban cinco periodistas y fotógrafos que cubrían los hechos, así como el violinista Willy Arteaga, un músico conocido por acompañar con música las manifestaciones y que fue herido por perdigones en la cara. La Fiscalía General informó que investigaba los hechos en que resultó herido Arteaga. La nueva marcha era parte de las protestas contra el Gobierno, que comenzaron en abril pasado y que ya han causado 100 muertos.
La marcha fue convocada por la oposición para ir a la sede del TSJ, en el centro de Caracas, a fin de expresar apoyo a la decisión de la mayoría opositora en Asamblea Nacional de designar y juramentar el viernes a 13 magistrados principales y 20 suplentes. Con los nombramientos, la cámara legislativa busca sustituir a los actuales jueces del TSJ. La Asamblea justificó sus nombramientos aduciendo que los 13 magistrados principales actuales fueron designados irregularmente el 15 de diciembre de 2015, después de conocerse la victoria de la oposición en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de ese año.
El máximo tribunal declaró nula e "írrita" la medida de los diputados, y además advirtió que se exponen a juicios por usurpación de funciones. De hecho, el líder opositor Henrique Capriles dijo que "se ordenó al Sebin buscar y detener a los recién nombrados Magistrados del TSJ", denunció que la orden era ponerlos a disposición de la Fiscalía Militar y, seguidamente, anunció la detención de uno de ellos.
"Los magistrados (legítimos) son los que designó el pueblo el día de ayer, los usurpadores son ellos que están ocupando unas oficinas para complacer a unos delincuentes para que sigan cometiendo fechorías en contra del pueblo", dijo mientras participaba en una de las manifestaciones en Caracas el vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara.
La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció posteriormente para el miércoles y el jueves próximos un nuevo paro general de 48 horas para forzar al presidente Nicolás Maduro a "rectificar" y que desconvoque la elección del 30 de julio de la Asamblea Nacional Constituyente.
LGC (dpa/EFE)
Luisa Ortega Díaz: carrera de rupturas en un país roto
La fiscal general de Venezuela pasó de ser una funcionaria oficialista a ser la enemiga pública número uno del gobierno de Maduro. Una chavista enfrentada a chavistas.
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La fiscal y la disidencia chavista
La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, está en "peligro" por el proceso que inició el Tribunal Supremo de Justicia con miras a su destitución. Así lo indicó Nicmer Evans, uno de los disidentes del chavismo que rechazaron la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. Entre ellos está también el diputado oficialista Germán Ferrer - esposo de Luisa Ortega- y el exdiputado Eustoquio Contreras.
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El caso López
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, afirmó que no se puede usar a los políticos privados de libertad como "objeto de negociación" o como "rehenes", en una declaración hecha a horas de que se concediera la prisión domiciliaria al dirigente opositor Leopoldo López. Ortega fue parte acusadora en el juicio en que López fue condenado a 14 años de cárcel.
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Ruptura institucional
Ortega, fiscal desde 2008, abrió la disputa pública en marzo pasado, cuando calificó "ruptura del orden constitucional" dos sentencias del TSJ que despojaron a la Asamblea Nacional de sus atribuciones legales. Ortega es calificada por el oficialismo de "traidora", ya que siempre acompañó la línea oficial en casos como la condena de Leopoldo López a 14 años de cárcel por "instigar" las protestas.
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Ortega: "Venezuela se volvió Estado policial"
Agasajada en el Parlamento y tachada de traidora por el Gobierno, Ortega ha llamado a declarar como imputados a dos altos mandos del Ejército y la inteligencia por su papel en la "represión". La fiscal acusa a funcionarios policiales y militares de la muerte de 23 personas durante las protestas, y ha dicho que Venezuela "es un estado policial" en el que se practica "terrorismo de Estado".
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Respaldo de fiscalías de más de 12 países
Maduro ha acusado a Luisa Ortega de liderar los sectores que se oponen a la "formación de una Asamblea nacional Constituyente". Sin embargo, la preocupación de Ortega ante los "ataques contra la labor del Ministerio Público venezolano" le ha valido el respaldo de las fiscalías de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal, Uruguay y España.
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Unos la llaman "traidora", otros "defensora de DD.HH."
Ortega tiene a cargo investigaciones de los crímenes y violaciones de los Derechos Humanos perpetrados por el Estado venezolano. Antigua aliada del chavismo, ahora se opone a Nicolás Maduro. Ha surgido como defensora de la constitucionalidad. Unos la acusan de "traidora", mientras para otros es una "defensora" de los derechos humanos.
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Abogada, consultora y fiscal
Nacida en Guárico, Venezuela, Luisa Ortega es la Fiscal General de la República Bolivariana, cargo que ejerce por designación de la Asamblea Nacional. Se ha desempeñado como consultora jurídica del canal de televisión del Estado. En 2002 ingresó al Ministerio Público. Un año después juró presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad.
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Exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pide asilo en España
La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, muy crítica con el ejecutivo del presidente Nicolás Maduro y destituida en 2017, ha solicitado protección internacional al Gobierno de España. Ortega se exilió en Colombia en 2017, tras ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, de composición chavista, que la acusó de haber cometido "actos inmorales".
