Desde finales de diciembre, el gobierno argentino cesó el pago de su deuda externa. En Alemania varios miles de inversionistas afectados siguen esperando una propuesta para la restitución de sus inversiones. El Deutsche Bank informó a sus clientes, en un comunicado, que "no es previsible si habrá y cuándo, una reestructuración de la deuda, ni si habrá negociaciones con los acreedores. Tampoco se sabe, afirma el documento, a qué resultados conducirían dichas negociaciones". Y advierte que el papel del banco está restringido a "informar a sus clientes sobre la evolución de la situación en Argentina".

Para los pequeños acreedores, es sumamente difícil entender el por qué un instituto crediticio líder en el mundo, como el Deutsche Bank, no posee información de primera mano, ni tampoco el interés por actuar como interlocutor de sus clientes ante el gobierno de Buenos Aires, cuando anteriormente era uno de los bancos más activos en la colocación de bonos argentinos.

La misma situación prevalece en la mayoría de las instituciones bancarias alemanas que, a pesar de haberse beneficiado con un lucrativo negocio en el pasado, ahora muestran indiferencia ante los intereses de sus clientes.

Los inversionistas se organizan

A raíz de esta situación, informa el periódico alemán Suddeutsche Zeitung, han surgido dos asociaciones privadas que representan los intereses de los afectados. Una de ellas fue fundada a principios de enero por un pequeño inversionista, ahora en desgracia. Stefan Engelsberger exhortó a otros que han corrido la misma suerte a sumarse a la iniciativa -"Asociación de Intereses Argentina", IGA- con una cuota de 95 Euros. En marzo tuvo que suspender la recepción de inscripciones. Entonces el número de miembros era ya de 250, con un monto de inversión en bonos argentinos de 65 millones de euros.

Hace unas semanas, la Asociación alemana de protección a propietarios de bonos (DSW), puso en marcha otra iniciativa dirigida a afectados por la situación argentina (DSW-AAA). Hacerse miembro cuesta 75 euros. Actualmente cuentan con varios miles de representados, cuyo volumen de inversión alcanza un monto de unos 200 millones de dólares.

Ninguna de estas organizaciones prevé levantar una demanda contra el Estado argentino, y creen que las negociaciones con los acreedores extranjeros no tendrán lugar antes de que el Fondo Monetario Internacional inyecte recursos frescos al país sudamericano.

El FMI, dispuesto al diálogo

El gobierno de Eduardo Duhalde terminó de cumplir la semana pasada con los tres requisitos impuestos por el FMI para comenzar el diálogo, que comprenden severas restricciones en la política fiscal y monetaria: la reducción del 60% de su déficit público -en las 23 provincias y la capital federal-, la modificación de la ley de quiebras, que otorgaba prerrogativas a las empresas deudoras, y la derogación de la ley de subversión económica, que provocó que numerosos banqueros fueran acusados por fuga de capitales.

Argentina, cuya economía está en recesión desde mediados de 1998, aspira a firmar un acuerdo con el FMI a más tardar a finales de mes, para empezar a negociar una refinanciación de los 90.975 millones de dólares que adeuda a acreedores extranjeros.