Junto con Chile, Costa Rica lideró el desarrollo del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Más conocido como Acuerdo de Escazú, ya que toma el nombre del municipio costarricense de donde se adoptó, este tratado regional establece los protocolos para la protección del medioambiente.

A pesar de que la región se habría podido adherir al Convenio de Aarhus, “se prefirió un proceso propio que se ajustara a las realidades de la región y proteger a quienes defienden la naturaleza”, recuerda a DW Adrián Martínez, Director de La Ruta del Clima, una organización costarricense que impulsa el derecho a participar en la toma de decisiones climáticas y ambientales.

Para ello, los países interesados tienen que firmar el acuerdo y, posteriormente, ratificarlo. Precisamente, la ratificación del mismo fue una de las primeras acciones que llevaron a cabo los nuevos gobiernos de Chile y Colombia, con Gabriel Boric y Gustavo Petro a la cabeza, al iniciar su mandato. No obstante, el caso contrario lo ha marcado Costa Rica, donde el Congreso rechazó prorrogar su debate.

“El tiempo pasó y se venció su periodo de aprobación, con la mayoría de votos a favor de archivarlo”, explica a DW Fabián Peñaranda Olmos, vocero de la campaña Escazú Ahora - Costa Rica. “Ni siquiera llegaron a discutir extender el plazo”, lamenta Martínez.

“El Congreso le dio la espalda a la reputación internacional del país en materia ambiental y de derechos humanos, que impulsa muchos sectores de nuestra economía. Sin embargo, tanto en los territorios indígenas como las comunidades turísticas, se sufre violencia socioambiental, y el Estado ha fallado en la atención integral de la problemática”, agrega el antropólogo.

“Mientras tanto, el sector empresarial sigue lucrando con la naturaleza que en esos territorios se protege. No ratificar Escazú irrespeta la trayectoria de las comunidades en la historia de la conservación de Costa Rica”, asegura.

“Es un total retroceso”, añade Martínez recordando que el archivo del Acuerdo de Escazú coincidió con la sentencia del asesino del líder indígena Jehry Rivera, hace tres años, al frente de la recuperación de tierras del pueblo brörán.

Una oportunidad perdida por la desinformación

El proceso ha tenido diversos recorridos en cada uno de los países latinoamericanos. En el caso costarricense, aunque la firma del Acuerdo se llevó a cabo el 4 de marzo del 2018, “después de un año de espera, el proyecto de ley superó el primer debate con una votación unánime, pero fue enviado a consulta constitucional en donde argumentaron un supuesto vicio de procedimiento”, detalla Peñaranda.

A pesar de que este fue resuelto, la desinformación y la falta de diálogo con el sector privado marcaron una división en el apoyo del tratado, “resultado de intereses económicos y políticos que, irónicamente, llevaron a mitificar el instrumento internacional como una amenaza para la democracia y la economía”, agrega.

A ello se le une el hecho que “la administración de Carlos Alvarado, no tuvo el mismo nivel de diligencia para impulsar los últimos pasos”, puntualiza Martínez.

“Costa Rica ha perdido la oportunidad de ordenar su legislación ambiental. La ratificación del acuerdo permitía establecer un piso normativo que estandarizara aspectos que no están claros en la ley, en cuanto a participación, acceso a la información y justicia en asuntos ambientales”, asegura Peñaranda.

A pesar de que desde la sociedad civil se creó la coalición “Acción por el Acuerdo de Escazú” -con miembros de las organizaciones Fundación Friedrich Ebert, Colectiva Orgánica, Red de Juventudes y Cambio Climático y de la sociedad civil- para impulsar el proceso, el siguiente paso será esperar a un nuevo periodo, ya que durante el actual, tanto el presidente, Rodrigo Chaves, como el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, se han posicionado en contra, coinciden ambos expertos.

(cp)