Un quinquenio después, el Acuerdo se tambalea, a veces se fortalece, siempre se politiza, pero más allá de sus vaivenes está obligado a funcionar. Es la única esperanza de paz durable para Colombia, opina Johan Ramírez.
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Seamos honestos: nadie debió esperar que la firma del Acuerdo de paz hace cinco años diera lugar a un proceso perfecto. Que no se asuma esto como una defensa a quienes han incumplido lo pactado, sino como una reivindicación inexorable a la paz, que a pesar de sus flaquezas es la única alternativa posible para Colombia.
Difícilmente haya procesos de paz en el mundo que puedan dar cuenta de la rendición absoluta de las armas por parte de los guerrilleros. Cierto, quedaron grupúsculos rebeldes que no se apegaron a lo negociado, y luego, en el camino del Acuerdo ya firmado, emergieron disidencias y voces belicosas retomando los fusiles en el nombre de la Segunda Marquetalia. Pero nadie puede olvidar la entrega admirable de casi nueve mil armas por parte de las FARC. Nadie puede ignorar las desmovilizaciones de los ahora excombatientes, quienes creyendo en el fin de la guerra dejaron sus trincheras para buscar una vida civil. De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, 9 de cada 10 exguerrilleros se han acogido al proceso de reinserción social. Algunos fundaron un partido para continuar la lucha política, ahora sobre las bases del juego democrático, y ya tienen presencia en el Congreso. Todo eso forma parte de un Acuerdo que sí le ha ofrecido a Colombia una tregua. No digamos la paz inmaculada que esperaba la mayoría, pero sí un país sin carreteras militarizadas, sin el fantasma perenne del secuestro y el horror de los campos minados. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha felicitado a Colombia por los progresos en la implementación, y la Misión de Verificación de ese mismo organismo confirma que hay avances importantes.
Johan Ramírez, corresponsal de DW en Colombia.Imagen: Privat
No obstante: la guerra no ha terminado, solo está en pausa. La afirmación de que el conflicto armado sigue siendo una realidad en el país subraya, como su prueba más dolorosa, los casi 300 excombatientes que han sido asesinados desde la firma del Acuerdo. Es cierto que, para ellos y sus familiares, el pacto no sirvió. Pero esa es solo la cifra más visible de una serie de incumplimientos que, al cabo de cinco años, han fragilizado la paz. La reforma rural, uno de los hitos del Acuerdo, no se ha cumplido. Un reciente informe de la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación determinó que, desde 2016, solo se han entregado 7,8% de las tierras prometidas a los campesinos víctimas del conflicto. El documento establece que para 2028 se habrán entregado 3 millones de hectáreas. Pero al ritmo actual, llegada la fecha apenas si se superará el 21% de lo estimado. Y esto es fundamental, pues la tenencia de la tierra ha estado desde la génesis en el corazón de la guerra colombiana. La restitución de tierras a los desplazados también deja cuentas pendientes: sí, comunidades enteras reciben de vuelta los predios que alguna vez les fueron arrebatados, pero el Estado se los devuelve sin proyectos, sin escuela, sin farmacias ni dispensarios, y con unas carreteras insufribles que hacen inviable cualquier forma de comercio con las zonas urbanas. Así no hay progreso.
La violencia sigue siendo un actor importante en el país. Pero no es todo culpa de un Acuerdo cumplido a medias. La firma la hizo el Estado con las Farc, y no se debe olvidar que, además de esa extinta guerrilla, hay decenas de grupos irregulares generadores de violencia que cohabitan a lo largo del territorio nacional. Con ellos no se negoció nada. Esa es una violencia que nada tiene que ver con el documento que se firmó el 24 de noviembre de 2016: un texto difícil de redactar, que sufrió un descalabro histórico en el plebiscito de octubre de ese mismo año, que un quinquenio después se tambalea, a veces se fortalece, siempre se politiza, pero que más allá de sus vaivenes está obligado a funcionar, porque, sin dramatismos, es la única esperanza de paz durable para Colombia.
Acuerdo de Paz en Colombia: 52 años de guerra y cinco de paz
Hace cinco años, Colombia firmó la primera versión del Acuerdo de Paz con las FARC, que luego fuera complementado y suscrito el 24 de noviembre de 2016. Los guerrilleros fueron primero idealistas, y luego criminales
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Los campesinos se convierten en un ejército
A mediados del siglo XX se libra una batalla entre bandos políticos de Colombia. Los grupos de izquierda crearon repúblicas independientes en zonas remotas, que fueron tomadas gradualmente por las tropas gubernamentales. Dos de los líderes de la "República de Marquetalia" se escapan: en 1966 Manuel Marulanda y Jacobo Arenas (izq.) fundan las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC).
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La insurgencia como forma de vida
En el Amazonas, los campesinos tienen una ventaja táctica: conocen el terreno. Pronto las FARC aprenden de otros grupos guerrilleros de América Latina y comienzan a reclutar a estudiantes y habitantes de los barrios marginales de las ciudades, entre ellos, más de 18.000 menores. Las mujeres también se unen, o son obligadas a unirse a los rebeldes. Aunque tienen estrictamente prohibido tener hijos.
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Mercenarios, narcotraficantes, extorsionadores
Más tarde, varios frentes del grupo marxista se involucran en el narcotráfico: se ofrecen como mercenarios a los cárteles de la cocaína y luego participan en el cultivo. Mientras el ejército colombiano, con el apoyo de Estados Unidos, destruye las zonas de cultivo y los laboratorios de drogas (foto), las ganancias suben.
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El secuestro como modelo de negocio
Los ingresos de las FARC se llegaron a estimar en cientos de millones de dólares al año. También, producto del secuestro que ellos llamaban “toma de rehenes”. Las FARC habrían secuestrado a casi 10.000 personas entre 1970 y 2010. La víctima más destacada fue la política ecologista Ingrid Betancourt en 2002. Sólo después de 6 años las fuerzas militares liberaron a Betancourt y a otras 14 víctimas.
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La lucha por la paz
Ya en la década de 1980, las FARC negociaron un frágil alto el fuego inicial con el gobierno colombiano. En los años 90, presentaron un programa político de diez puntos. En 2001, el líder de las FARC Manuel Marulanda (derecha) se reúne con el presidente Andrés Pastrana para reanudar las conversaciones de paz. Pero la reunión no tuvo éxito.
Era poco probable que las FARC y el gobierno colombiano llegaran a un acuerdo, entre otras cosas, porque los rebeldes intensificaron los actos terroristas durante las negociaciones. No mostraban ninguna consideración por las víctimas civiles, como aquí en Medellín, en 2003, cuando un coche bomba hirió a 30 personas y mató a seis, entre ellas a un niño pequeño.
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Terror de izquierda y de derecha
La Masacre de Bojayá es el nombre con que se conoce este crimen de lesa humanidad. En esta iglesia del Chocó murieron unos 119 civiles, víctimas de la explosión de una pipeta de gas lanzada por las FARC el 2 de mayo de 2002. El crimen fue cometido en enfrentamientos con paramilitares (AUC) por el control del acceso al río Atrato. Unas 250.000 personas murieron en el conflicto, la mayoría civiles.
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Guerrillas debilitadas
Álvaro Uribe, elegido presidente en 2002, intensifica la guerra. El 1° de marzo de 2008, la Fuerza Aérea de Colombia mata al subjefe de las FARC, Raúl Reyes, y poco después muere Marulanda. Su sucesor también cae en 2011. En 2008, las FARC se habían reducido a unos 8.000 miembros, frente a los 20.000 de la década de 1990. La mayoría desertó. Juan Manuel Santos era entoces ministro de Defensa.
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Colombia firma el Acuerdo de Paz
Así debilitadas, las FARC inician conversaciones de paz con el nuevo presidente, Juan Manuel Santos (izq.). Las negociaciones tendrán lugar en Cuba. El 26 de septiembre de 2016, el líder rebelde Timoleón Jiménez (centro) y Santos firman la primera versión del Acuerdo de Paz. Una estrecha mayoría de colombianos votó en contra en un referéndum no vinculante.
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El desarme de los rebeldes
Al firmar, las FARC se comprometen a desarmarse. Unos cientos de rebeldes se niegan, los otros 7000 aproximadamente se enfrentan a la reintegración en la vida civil. Los sospechosos de haber cometido violaciones de los derechos humanos son llevados ante un tribunal especial. A principios de 2021, los miembros de la dirección también fueron acusados por primera vez.
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Reconciliación entre guerrilleros y víctimas
Algunos excombatientes de las FARC trabajan activamente por la reconciliación con la sociedad colombiana, y especialmente con sus víctimas. Aquí, el exguerrillero Rodrigo Granda se reúne con la hermana de dos víctimas de secuestro para pedir perdón. Las víctimas también participan en proyectos de reinserción.
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Todavía queda mucho camino por recorrer
Las FARC son ahora un partido político: Los Comunes. Pero muchos acusan al Gobierno de Iván Duque de no aplicar partes esenciales del Acuerdo de Paz. Algunos rebeldes regresaron a grupos armados criminales. Entre ellos, los dos principales negociadores del Acuerdo de paz, Iván Márquez y Jesús Santrich. A mediados de 2019, anunciaron en un video que había comenzado la "segunda Marquetalia".
