Los trabajos comenzaron en 2014, pero podrían pasar todavía muchos años hasta que haya un acceso directo a la justicia para Lolita Chávez Ixcaquic, nominada al premio Sájarov 2017 por su lucha contra las madereras que tienen a su pueblo amenazado. También para que los familiares de Berta Cáceres,  Premio Goldmann 2015, puedan rebasar las fronteras nacionales para exigir el esclarecimiento de su asesinato en 2016, presuntamente orquestado por empresas transnacionales hidroeléctricas. 

Se trata de lograr un tratado vinculante que obligue a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos. O a resarcir a las víctimas en caso de no hacerlo., "Estamos hablando de una serie de mecanismos, con una serie de herramientas. Lo que la campaña global entiende –y las organizaciones que están luchando por esto durante tanto tiempo- es que si no hay sanciones, las reglas no se cumplen. No queremos castigar a las empresas que lo hagan mal, sino prevenir que las empresas dejen de hacerlo mal por el miedo a las sanciones”, explica a DW Lola Sánchez Caldentey.

Esta eurodiputada española, miembro de la comisión de Desarrollo, ha sido parte de la delegación del Parlamento Europeo a la tercer ronda de negociaciones del tratado  (21-26 de octubre), en el seno de la Organización de Naciones Unidas, en Ginebra. 

Las reglas sí existen

Pero no es que el grupo de trabajo esté inventando la rueda. Desde el 2011, firmados por todos los países miembros de la ONU, existen los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. En ellos consta que "el objetivo es comprender las consecuencias concretas sobre personas concretas en un contexto de operaciones concretas . Esto implica evaluar el contexto de derechos humanos antes de emprender una actividad empresarial”. 

Es decir, ¿si un proyecto de infraestructura deja sin territorio o sin agua a una población que no ha sido consultada hay una clara violación a los derechos reconocidos internacionalmente? Todo indica que así es. En ese caso, las empresas deberían indemnizar, reparar.  

"El problema básico es que los principios rectores –muy bien redactados y con muy buena intención- son voluntarios. Además, no sólo existen los principios rectores de la ONU. También la UE, sus Estados miembro y la OCDE tienen guías voluntarias de comportamiento para las grandes empresas. No hay obligación de seguirlas. No hay obligación de monitorear si las siguen o no. Y lo que estamos viendo es que no sirven absolutamente de nada”, sigue Sánchez Caldentey. 

Largo camino hacia la Justicia

Casos emblemáticos como el de los desaparecidos de la Mercedes Benz en Argentina (1976) o los daños en pueblos y medio ambiente en la Amazonía por Chevrón/Texaco en Ecuador demuestran las puertas giratorias de la Justicia internacional. 

"Es verdad que hay tribunales domésticos y regionales. Pero si una empresa norteamericana o china que viola derechos humanos en Honduras, escapa a la justicia. Un tribunal chileno no tiene competencia sobre una empresa canadiense. Si vas a Canadá con tu querella, el tribunal no te da amparo porque no eres canadiense”, sigue Sánchez Caldentey.

"Los tratados comerciales tienen mucha culpa de esto, porque crean mecanismos que ponen en igualdad a los Estados y a las empresas,  que entonces son capaces de demandar a los Estados por las leyes que no les gustan. Es el barro de donde salen grandísimas injusticias”, apunta Sánchez Caldentey.

¿Global o nada?

El panorama se vuelve más complejo cuando se tiene en cuenta las reglas por sectores de producción –textil o agroalimentaria-, por continente, por momento de la cadena de producción.

Al complejo entramado se añaden los diferentes intereses de los países. La UE, que representa a 28 Estados, vería con mejores ojos que las reglas, para transnacionales y nacionales, fuesen ancladas en los planes nacionales de sus miembros; Rusia y China preferirían que sólo se hablase de transnacionales.

Aunque la iniciativa de trabajar por un acuerdo vinculante la tomaron Ecuador y Sudáfrica y ha sido acogida por las bases de organizaciones de la sociedad civil, no son sólo los "anticapitalistas” los que abogan por que las reglas deban ser cumplidas so pena de sanciones.

"No es una distinción entre gobiernos de izquierda o de derecha”, dice Sánchez Caldentey, "se trata de la diferencia entre países exportadores de transnacionales y países receptores de ellas”. Con todo, hay que decir, países "exportadores” de transnacionales –como Francia, Holanda, Alemania, Dinamarca- ven la necesidad y han avanzado en sus planes nacionales para cumplir con los principios de la ONU.

Casi al final de la tercera ronda de negociaciones, ¿hay un horizonte claro para este acuerdo que pondría freno a la impunidad de las empresas en terceros países? Más bien no: se trata de lograr un consenso en la ONU, algo que, según la experiencia de tratados anteriores, podría tomar más de una década.

"No sirve que un solo Estado lo haga. Francia puede controlar a una empresa francesa dentro de Francia, pero tan pronto sale y hace una filial en Canadá o en Burkina Faso Francia pierde el control. La solución tiene que ser global. Todo lo demás es sólo poner parches”, puntualiza Sánchez Caldentey. "Tan pronto exista, tanto Lolita como Berta tendrían acceso directo y transparente a un sistema judicial ante el cual presentar demandas de amparo, también sus comunidades”, concluye.

Autora: Mirra Banchón (CP)