En el Parlamento Europeo, los eurodiputados se preparan para dar batalla al acuerdo SWIFT. Las fracciones liberales, socialdemócratas, del Partido La Izquierda y de Los Verdes oponen resistencia al discutido convenio. También entre los demócratas cristianos, el acuerdo se pone en tela de juicio. Y surgen voces críticas como la del diputado Markus Ferber: “¿Tienen los estadounidenses derecho a verificar cada transferencia bancaria realizada en Europa para examinar si financia al terrorismo? No creemos que sea así. Hay cuestiones acerca de la protección de datos que aún no están claras. ¿Cuándo se borran los datos? ¿Qué otros organismos tienen acceso a dichos datos?”, cuestiona el eurodiputado de la Unión Social Cristiana (CSU).

Pero antes de que el contrato pueda disolverse, luego de someterse a votación en el Parlamento de la Unión Europea, entrará en vigor provisoriamente hoy, 1º de febrero, durante un lapso de pocos días.

El Parlamento Europeo y su nuevo poder

“El acuerdo temporal se implementará”, dice Jan Philip Albrecht, de Los Verdes. Pero no podrá entrar en vigor sin la conformidad del Parlamento. Y sus ojos brillan de alegría al pensar que él contribuirá a echar abajo el acuerdo SWIFT, hecho que pone en evidencia el nuevo poder del que goza el Parlamento Europeo.

Desde el 1º de diciembre de 2009, está supeditado al Tratado de Lisboa, que otorga a los diputados el derecho a votar si la Unión Europea aceptará o no dicha resolución, que afecta directamente los datos de operaciones bancarias en Europa.

Nuevas investigaciones en curso

Temiendo que el Parlamento pueda rechazarlo, los ministros de Interior de la UE firmaron el convenio antes del 1º de diciembre de 2009. Desde el punto de vista del Parlamento, ese fue el primer error que cometieron. Y la presión de la opinión pública se hizo cada vez mayor. Por eso, el entonces presidente del Consejo, el sueco Fredrik Reinfeldt, prometió a los eurodiputados que el contrato sólo sería vigente si ellos lo aceptaban. Sin embargo, el Parlamento Europeo no recibió el texto oficial del acuerdo sino hasta el 26 de enero de 2010. Demasiado tarde como para votar el 1º de febrero. El motivo de la demora fue la traducción a todos los idiomas oficiales de la UE. Y ese fue el error número dos.

“Es inimaginable que no se haya podido contar antes con las traducciones. Uno se pregunta si los 27 ministros de Interior de los diferentes países firmaron la versión francesa o la inglesa. Claro que confío en sus aptitudes lingüísticas, pero ¿firmar un contrato de tanta complejidad en un idioma que no es el propio? Esto ya me sorprendería. Por eso, creemos que el hecho de que las traducciones se demoraran tanto fue una maniobra”, critica el eurodiputado Alexander Alvaro, del Partido Demócrata Liberal.

La presidencia española del actual Consejo Europeo no quiso hacer declaraciones al respecto. La semana pasada, un debate se perfiló en la Comisión del Interior de la UE, del que participó Jonathan Faull, Director General de la misma. El clima se puso tenso, y Faull, que quiso tranquilizar los ánimos, sacó un as de la manga: se realizará una nueva investigación acerca de la importancia del tratado SWIFT y los aspectos de salvaguardia de datos. La fecha coincide con el debate sobre el SWIFT en la Comisión del Interior, es decir, que el tiempo apremia una vez más. Y ni siquiera es seguro si los diputados tendrán acceso al informe secreto que derivará de dicho estudio.

Autor: Christoph Prößl/ Cristina Papaleo

Editor: Enrique López Magallón