"¿Qué sentido tiene presentar un informe sobre el impacto que tendrá el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea después de firmado? Estos informes, obligatorios, están pensados para nutrir las negociaciones”, explica a DW Lindsay Duffield, encargada de campañas de Fern, organización ambientalista. 

Por eso, a comienzos de este año, Fern decidió llevar el caso a la Defensoría del Pueblo Europea, junto con otras cuatro organizaciones de la sociedad civil – ClientEarth, Veblen Institute, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). A comienzos de julio, la Defensora del Pueblo, Emily O´Reilly, dio luz verde a la investigación.

"Es una queja por cómo se llevó el proceso, no por el acuerdo en sí mismo. La Comisión Europea se ha saltado sus propias reglas”, puntualiza Duffield.

Algunas fechas

Cabe recordar que la parte comercial del acuerdo –que llevaba dos décadas de negociación- fue concluida, sorpresivamente, en junio de 2019. En febrero de 2020 se publicó un primer esbozo de informe sobre sus impactos.

Luego, el 1 de julio de 2020 se selló la parte política del tratado. Y, apenas, el 10 de julio se publicó el informe definitivo de su impacto. Según la Comisión Europea, la publicación del preliminar y luego del definitivo es prueba de su voluntad de transparencia.

Propósito

"El propósito de plantear esta queja es sentar precedente, para todos los acuerdos que negocia la Comisión Europea”, explica a DW, por su parte, Amandine Van Den Berghe, abogada de Client Earth, especialista en comercio y medio ambiente.

"No se puede cerrar un acuerdo sin saber, previamente, si va a conllevar degradación medioambiental o violaciones a los derechos humanos. La Comisión Europea tendrá que explicar cómo va integrar los resultados del informe en un acuerdo ya cerrado”, agrega.

Queda claro que la queja es de procedimiento (por saltarse el Código de Buena Conducta Administrativa). En caso de confirmarse el acto de mala administración, la Defensoría del Pueblo hará recomendaciones para enmendar.

No es la primera vez

"Lo malo es que no es la primera vez que sucede”, puntualiza Duffield. "El acuerdo de libre comercio con Vietnam se firmó sin un informe de impacto en los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo constató malas prácticas y la Comisión se comprometió a revisar sus procedimientos en el futuro”, agrega. En  el caso de Vietnam, en septiembre  de 2014 se dio curso a la queja y en febrero de 2016 la Defensoría concluyó fallos en el procedimiento institucional.

¿Que suceda una segunda vez va a tener algún impacto en la ratificación del proceso? "La Defensoría del Pueblo no puede parar un acuerdo”, explica Van Den Berghe. Pero sí -dado que su mandato es investigar las demandas de mala gestión de las instituciones y organismos de la UE-  puede obligar a la Comisión a explicarse ante las otras instituciones europeas, también ante los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros de la UE. "El propósito de nuestra queja es nutrir el debate político. Queremos que se sepa que la Comisión no respeta sus propios principios”, agrega.

Para Fern, "lo ideal sería que se volviera a abrir ese acuerdo y se renegociara”, afirma Duffield. Esta organización, que vela por los bosques del mundo y sus habitantes, no ve con buenos ojos un acuerdo que incentiva a la agricultura intensiva para la exportación, en desmedro de la Amazonía. "Lamentablemente eso no va a pasar, el acuerdo está cerrado”, lamenta Duffield.

¿Ganar tiempo?

Efectivamente, el tardío informe advierte de impactos medioambientales negativos en caso de no haber fuertes mecanismos nacionales de control. "Con un gobierno como el actual de Brasil, que desmantela las instituciones de protección al medio ambiente, creemos que el impacto del acuerdo de libre comercio va a ser aún peor de lo que imaginamos”, subraya Duffield. En la ratificación por las cámaras nacionales –que pueden hacerse esperar- está puesta la esperanza. "Querríamos que entendieran que justo ahora es el peor momento para ratificarlo”, añade.

En cualquier caso, la demanda está en curso. ¿Por qué ahora y no hace un año? "Detectamos inmediatamente que no existía estudio de impacto que asegurara unas negociaciones informadas y transparentes. Le escribimos a la Comisión –esto es un requisito previo a tocar la puerta de la Defensoría del Pueblo. Dado que la respuesta no fue satisfactoria, nos decidimos a poner la queja en enero. Pero por el COVID-19 llevamos un retraso de seis meses”, explica Van Den Berghe. Apenas para finales de año habrá una opinión definitiva.

"Si la Defensoría del Pueblo está de acuerdo con nosotros –y creemos que lo estará- enviaremos una señal clara: la UE tiene que reformar su manera de hacer acuerdos comerciales. Para cumplir con sus propios objetivos, debe asegurarse que la sustentabilidad –social y medioambiental- sean parte integral de ellos y que sea exigible”, concluye Duffield.

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