La Unión Europea asegura con sus acuerdos comerciales que todo producto que ingrese a su mercado cumpla con sus estrictas medidas fitosanitarias, además de sus regulaciones de protección ambiental y propiedad intelectual. Es decir, el ciudadano europeo puede estar tranquilo: la modernización del Acuerdo con México y todos los otros acuerdos con América Latina, en teoría, velan por su seguridad.

¿Por qué entonces justo estos puntos habrían de intranquilizar a los pequeños productores mexicanos, colombianos o chilenos?  Porque estos acuerdos suponen un ataque a las semillas tradicionales: a su conservación, intercambio y reproducción, responden organizaciones de la sociedad civil. 

Confiscación de semillas de arroz colombianas en 2013

Para muestra un botón: en agosto de 2013, instituciones gubernamentales colombianas incautaron y destruyeron 62 toneladas de arroz en la región del Huila. Los productores -todos pequeños- habrían incumplido la norma de certificación de las simientes o habrían almacenado su producción de manera no conforme a las reglas fitosanitarias. Las semillas eran, así visto, "ilegales”.

Hasta ese momento, a pesar de que el país había firmado normas fitosanitarias internacionales, las semillas "certificadas” habían convivido con las "tradicionales”. Pero en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos se desató una cacería de las semillas no certificadas, opuestas a las modificadas genéticamente (OGM) cuya propiedad intelectual pertenece a alguna corporación.

"Esto no se debió solamente al acuerdo con Estados Unidos. En la clave de todos los acuerdos comerciales está inscrito el respeto a la propiedad intelectual y las patentes”, explica a DW Paula Álvarez Roa, investigadora de la organización colombiana "Pensamiento y Acción Social”.

"Si en un primer momento solo en el cultivo del maíz y el algodón se permitían OGM, poco a poco el gobierno va ampliando la frontera”, informa Álvarez, recalcando la oposición y la búsqueda de alternativas por parte de los movimientos campesinos del país.

Según la Alianza Biodiversidad, plataforma latinoamericana que congrega a 13 organizaciones de la región, tras todo esto está el tratado de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, en su versión de 1991 (UPOV 91).

"En muchos sitios, las semillas comerciales y de centros de investigación ya están privatizadas, pero eso no impide que los campesinos utilicen esas variedades y guarden semillas para la temporada siguiente, siempre que no vendan la cosecha como semilla. Nuevas leyes ahora exigen que esto sea delito punible con cárcel”, consta en un informe de la Alianza Biodiversidad.

¿Convivencia del maíz transgénico con el tradicional en México?

Manipulación, certificación, privatización, ¿es éste el camino que siguen los acuerdos comerciales en general y los de la UE en particular? No necesariamente. "Pero sí que la privatización viene en la clave de la semilla”, explica a DW Ramón Vera, especialista de Grain, centro internacional de investigación independiente al servicio de comunidades, organizaciones y movimientos campesinos. "Lo grave es que ya no puedas guardar la semilla para producir libremente alimentos y que si es tuya ancestralmente, puedan acusarla de pirata porque no hay una factura”, afirma Vera.

Según el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, en 2018 México importó 17 millones de toneladas de maíz; su producción nacional fue de 27 millones de toneladas. Sin embargo, "México podría ser autosuficiente en maíz. El 50 por ciento del maíz que se consume en México es maíz campesino. Con los tratados de libre comercio se comenzó con la importación brutal de un maíz, que en realidad, entre un 70 y 80 por ciento podría ser transgénico. Este entra a la producción industrial”, sigue Vera. Por ejemplo, en la producción de tortillas, un producto que México exporta a una UE que prohíbe parcialmente la producción de OGM por sus posibles efectos nocivos en la salud.

Hasta el momento, la coexistencia del maíz tradicional y el maíz modificado genéticamente no ha sido posible. No obstante, la proliferación de las producciones agroindustriales, amparadas por los acuerdos de libre comercio, tienen ya en jaque a los cultivos ancestrales. Es más, tanto México como los otros países están obligados, en el marco del libre comercio, a permitir la entrada de semillas. Certificadas, claro.

Como ejemplo, otro botón: "La nueva Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo, que prevén reservas campesinas para el maíz tradicional, es en realidad una manera de acabar con su diversidad, pues las variedades nativas son de polinización abierta. Si todo alrededor tuyo es industrial, no se puede hablar de cuidado y preservación de la semilla tradicional”, apunta Vera.

Estrictos con las semillas, laxos con otros criterios

¿Cumplen los productos que se importen al mercado común europeo con las seguridades fitosanitarias que ofrece una semilla certificada? "La inocuidad no es sólo que un producto comestible procesado no tenga bichos: es que no tenga sustancias tóxicas, transgénicos, glifosato, agroquímicos, aceites cuya procedencia nunca se aclara”, responde Ramón Vera. Mientras, al otro lado del océano, al pequeño productor el nuevo acuerdo no le abre un futuro prometedor. 

Aunque Vera confía en que no se llegue a los decomisos del 2013 en Colombia, sí ve que, como ellos, los pequeños productores mexicanos tendrán que resistir. Con el acuerdo ya firmado, ¿estamos ante una batalla perdida? "No, podemos dar batallas jurídicas contra estos tratados en varias instancias. No olvidemos, además, que a cuarenta años de tratados comerciales, se oponen diez mil años durante los cuales las semillas han sido de la gente”, concluye Vera. (dz)