Luego que el Tribunal Superior de Corea de Sur ordenara a las compañías japonesas indemnizar a los trabajadores esclavizados por empresas niponas durante la Segunda Guerra Mundial, los ataques de uno a otro país no han parado.
Por un lado, Tokio acusa a Seúl de "derrocar los fundamentos legales" establecidos en 1965, acuerdo en el que ambos países normalizaron sus relaciones diplomáticas. En un comunicado, el Ministerio nipón de Exteriores calificó de "extremadamente lamentables y totalmente inaceptable" el fallo judicial surcoreano, ya que Japón considera resuelto el conflicto al haber pagado hace años indemnizaciones que llegaron a sumar 300 millones de dólares. Sin embargo, ese dinero no llegó a todas las víctimas debido al mal manejo de la dictadura militar de Park Chung-hee, por lo que se le exige a Japón el desembolso de nuevas compensaciones.

Frente a este escenario, la cartea de Exteriores nipona señaló que las relaciones bilaterales se encuentran en una situación grave, por culpa del lado surcoreano, y advierte que Japón "tomará las medidas necesarias" contra Seúl.

En este contexto, Japón decidió aplicar el pasado 1 de julio restricciones sobre materiales químicos básicos que adquieren compañías surcoreanas para fabricar pantallas y chips de memoria, componentes imprescindibles para ordenadores, servidores o teléfonos inteligentes.

Postura surcoreana

Mientras que por su parte, Seúl ha respondido con dureza a las críticas vertidas por Tokio, acusando al Gobierno nipón de violar el derecho internacional con las restricciones impuestas a Corea del Sur para la exportación de materiales clave para fabricar chips de memoria.

El vicedirector de la oficina de seguridad nacional, Kim Hyun-chong , indicó que "puesto que es una medida que daña gravemente los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC), las normas del libre comercio y principios propugnados por Japón en la reciente Cumbre del G20 en Osaka, además de la cadena de valor global, en realidad Japón está infringiendo el derecho internacional".

Por último, Seúl ha destacado que el Tribunal Supremo, en su fallo de finales de 2018, dictaminó que el acuerdo de 1965 "no cubría los crímenes de lesa humanidad y la violación de los derechos humanos contra las víctimas del trabajo forzoso. Como democracia, la República de Corea no puede ni ignorar esta decisión", aseveró Kim.

mn (efe, reuters) 

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