Feminicidios en América Central, represión de  libertades civiles en Cuba, desplazamientos forzados en Colombia, agresiones policiales a minorías Mapuches en Chile, el cierre de una televisora venezolana, violencia contra comunidades Maya en Guatemala, prisioneros en Guantánamo, revisión de la dictadura de Augusto Pinochet…

Muchos son los casos de violaciones a los derechos humanos que desde el continente americano han llegado a audiencias parlamentarias, a la comisión correspondiente y/o al pleno del Parlamento Europeo.  Éste tiene como una de sus grandes misiones velar por ellos, también fuera del ámbito de sus países miembros, sobre todo en Estados que tienen acuerdos con la UE.

El peso político que puede llegar a tener en esos casos las resoluciones europeas no es desdeñable. Pero, ¿es eficiente? ¿Es suficiente? Así se planteó en el marco de un encuentro entre la subcomisión de derechos humanos y las delegaciones de México, Centroamérica y la Comunidad Andina.

¿Todos los caminos conducen a la CIDHU?

Aparte de intensificar su trabajo con la sociedad civil, como lo propuso Marta Ibero Dolla de la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México, tender puentes más firmes hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDHU) se presentó como el camino más lógico.  Que el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, haya pedido perdón por la masacre de más de mil campesinos cometida por el Ejército en 1981 y que los militares argentinos hayan sido juzgados se cuentan entre los sonados logros de estos organismos de la OEA.

“El 80 por ciento de los casos en donde se trata de pagar indemnizaciones se han resuelto; pero cuando se trata de hacer justicia o encontrar desaparecidos su grado de éxito es bastante bajo”, explica Oswaldo Ruiz Chiriboga, especialista en derechos humanos que formó parte del equipo de abogados de la CIDHU. En su opinión, aparte del apoyo logístico, la cooperación de la UE en este materia debe orientarse, por ejemplo, hacia la creación de un fondo para que las víctimas puedan acceder a solicitar justicia.

Sin embargo, “a pesar de que el aporte de varios países europeos ha facilitado el trabajo del sistema interamericano, no se trata ya sólo de qué puede hacer Europa por el sistema interamericano sino también de qué puede hacer el sistema interamericano por el sistema europeo. Es una cuestión de doble vía”, dijo a Deutsche Welle Santiago Canton, secretario ejecutivo de la CIDHU.

No obstante, a pesar de que todos los Estados americanos –menos Estados Unidos y Canadá– han ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, “el cumplimiento de los fallos del sistema interamericano sigue siendo deficiente, aunque es mucho mejor que hace diez años atrás”, subraya Canton. Precisamente en esto se puede cooperar con la UE: en la búsqueda de mecanismos internos para exigir el cumplimiento de las decisiones los organismos de derechos humanos.  

En busca de la justicia internacional

Así, “que haya una verdadera colaboración para que la justicia internacional y las políticas internacionales estén orientadas al mismo camino, hacia un mecanismo universal de protección”, es la propuesta de Canton. ¿Es ésta la misma línea que llevó al juez español Baltasar Garzón a promover la orden de arresto contra Augusto Pinochet? 

“El juez Baltasar Garzón ha tenido un rol fundamental en América Latina, fundamental en la lucha por los derechos humanos, en la investigación y búsqueda de justicia por violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el pasado”, dice Canton, quien a título personal califica de “inaceptable” que, precisamente por querer  investigar lo que sucedió durante la dictadura española, lo estén enjuiciando en su país. En este sentido cae como anillo al dedo la solicitud de Jimena Reyes de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos: "hay que mejorar la protección de los que protegen los derechos humanos"

Autora: Mirra Banchón
Editora: Rosa Muñoz Lima