A un año del asesinato de la activista Berta Cáceres, todavía reina la incertidumbre sobre el progreso de las investigaciones y el futuro del controvertido proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. "Los antecedentes del Gobierno hondureño no ayudan mucho a confiar en que quiere resolver el asunto profundamente”, opina Gustavo Castro Soto, ambientalista mexicano y único testigo presencial del asesinato de Cáceres (vea entrevista).

Cáceres fue asesinada en medio de un conflicto por la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca en el occidente de Honduras. A través de la organización COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), la activista había liderado las protestas de las comunidades locales contra el proyecto.

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Hasta la fecha, ocho personas han sido detenidas por su posible involucramiento en el crimen, entre ellos (ex)militares y empleados de la empresa hondureña DESA que desarrolla el proyecto. Hace pocas semanas, fue detenida también la persona que supuestamente disparó a Castro Soto, único testigo del asesinato. Tras la muerte de Cáceres y después de fuertes presiones tanto de la familia de la víctima como de organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional, importantes financistas suspendieron sus desembolsos y el proyecto de Agua Zarca se quedó en limbo. Entre ellos están los bancos de desarrollo FMO (Holanda) y Finnfund (Finlandia) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La muerte de Cáceres llevó también a que la empresa alemana Voith Hydro detuviera el suministro de turbinas destinadas al proyecto de Agua Zarca. No obstante, organizaciones no-gubernamentales como Oxfam Alemania y la ONG alemana GegenStrömung ("ContraCorriente”) sostienen sus acusaciones de Voith Hydro y la multinacional alemana Siemens de tener una corresponsabilidad en la muerte de Cáceres. Siemens es dueño minoritario de Voith Hydro.

"Queremos que Voith Hydro se retire del proyecto de forma definida”, dice Marita Wiggerthale de Oxfam Alemania. En un estudio, Oxfam Alemania y la ONG GegenStrömung acusan a las dos empresas alemanas de haber violado los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos. Las dos organizaciones argumentan que Voith Hydro no realizó un análisis de riesgos sobre la situación de los derechos humanos antes de que se implementara el proyecto.

"Ya en el 2013 habíamos informado a Siemens y a Voith Hydro sobre la grave situación de los derechos humanos en el lugar”, dice Thilo Papacek de GegenStrömung. Incluso antes del asesinato de Cáceres hubo muertos entre los grupos que criticaron al proyecto. "No reaccionaron hasta que la muerte de Cáceres dañara su imagen internacional”, señala Papacek. Las dos empresas rechazan las acusaciones. Por su parte, Voith Hydro argumenta que era la obligación de la empresa hondureña DESA de hacer una evaluación del impacto social y medioambiental (ESIA, por sus siglas en inglés) para hidroeléctricas. Siemens sostiene que no es parte del consorcio responsable para el proyecto Agua Zarca, ya que sólo actúa como dueño minoritario de Voith Hydro.

Si el suministro de turbinas para la hidroeléctrica Agua Zarca queda o no suspendido "dependerá de las conclusiones de las investigaciones” en el caso Cáceres, según un comunicado del grupo Voith. No se sabe a ciencia cierta cuándo empezará el proceso, ya que hay poca información pública sobre las investigaciones. De todas formas, puede que influya el hecho de que habrán elecciones presidenciales en Honduras en noviembre de este año. "El Gobierno va a intentar concluir el proceso antes de que empiece la campaña electoral”, opina Stefan Ofteringer, asesor de derechos humanos con la organización alemana Misereor. "Va a hacer todo lo posible para lograr una condena dura para una o más de las personas ya detenidas.” Sin embargo, se supone que los autores intelectuales del crimen todavía están en libertad. "En este momento, no hay mucha esperanza de que ellos vayan a ser llevados a juicio”, dice Ofteringer.