"Los meses previos al colapso del Gobierno en Kabul estuvieron marcados por repetidos crímenes de guerra y un incesante derramamiento de sangre cometidos por los talibanes, así como por las muertes causadas por las fuerzas afganas y estadounidenses", afirmó la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, en un comunicado.

La organización defensora de los derechos humanos reportó en un informe que, a medida que los fundamentalistas fueron tomando el control del país, torturaron y mataron a minorías étnicas y religiosas, antiguos miembros de las fuerzas de seguridad, y a aquellos que percibieron como simpatizantes del Gobierno afgano.

Crímenes talibanes

Así sucedió el pasado 6 de septiembre, cuando los insurgentes capturaron y retuvieron durante dos días a una veintena de hombres en una ofensiva en la provincia de Panjshir, dejándolos en ocasiones dentro de palomares y sin proveerles de agua, comida, ni asistencia médica, aseguró AI.

La organización también reportó otras seis ejecuciones realizadas por los talibanes ese mismo día, mientras practicaban un registro puerta por puerta de sospechosos de colaborar con el Gobierno depuesto. Sin embargo, varios testigos afirmaron que ninguno de los ejecutados formaba parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno afgano.

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) informó de que 1.659 civiles murieron y otros 3.524 resultaron heridos en los primeros seis meses de 2021, un aumento del 47 por ciento con respecto al año anterior.

No obstante, resulta imposible conocer la escala real de estas cifras debido a los cortes en el servicio de telefonía móvil o las restricciones de acceso a Internet que los talibanes efectuaron en muchas zonas rurales, precisó AI.

Ataques de fuerzas estadounidense y fuerzas aéreas afganas

El informe también documenta cuatro ataques cometidos por las fuerzas estadounidense y las fuerzas aéreas afganas, que provocaron la muerte de 28 civiles e hirieron a otros seis en los últimos años.

El más reciente de todos ellos sucedió el pasado 29 de agosto en Kabul, cuando un ataque con drones efectuado por EE.UU acabó con la vida de diez personas, incluidos siete niños. Además, otros 12 civiles fallecieron y 15 resultaron heridos como consecuencia de ocho explosiones provocadas por los morteros de las fuerzas afganas.

El uso de estas armas de combate en zonas pobladas es "inherentemente indiscriminado, y puede constituir un crimen de guerra", advirtió AI. Por estas acciones, Callamard urgió a la Corte Penal Internacional (CPI) a investigar también los actos cometidos por las tropas de Estados Unidos y Afganistán, "para seguir la evidencia de los posibles crímenes de guerra, sin importar a dónde lleve".

Y es que muchos familiares de las víctimas de estos ataques precisaron que apenas recibieron ayuda económica por parte de las autoridades afganas. "El pueblo de Afganistán ha sufrido durante demasiado tiempo y las víctimas deben tener acceso a la justicia y recibir reparaciones", explicó Callamard.

En este sentido, la organización reclamó a los talibanes y al Gobierno de EE.UU. que cumplan sus obligaciones y establezcan mecanismos claros y sólidos para que los civiles soliciten ayudas por los daños sufridos durante el conflicto.

"Las autoridades talibanes ahora tienen la misma obligación legal de proporcionar reparaciones que el gobierno anterior y deben abordar con seriedad todas las cuestiones relacionadas con los daños a civiles", concluyó Callamard.

rml (efe, dpa)