Es necesario elaborar estrategias para poner en práctica el cumplimiento de los derechos humanos de los indígenas en América Latina, dijo Maja Liebing, experta de Amnistía Internacional Alemania para las Américas en conversación con Deutsche Welle. Dichos derechos están anclados en las Constituciones de varios países latinoamericanos, pero no se los respeta del todo aún.

Deutsche Welle: ¿Cómo valora actualmente la situación de derechos humanos de los indígenas de América Latina?

Maja Liebing: Creo que, hasta el momento, los pueblos indígenas de América Latina han logrado defender muy bien sus derechos, y se pueden observar algunos avances al respecto. Por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aunque no es vinculante a nivel internacional. Y también la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1989, vinculante para los países que la ratificaron, que son la mayoría de los países de América Latina, y que representa un gran progreso, ya que no prevé, como la anterior, la asimilación de los pueblos indígenas de Latinoamérica, sino que reconoce sus derechos, en especial el derecho a la posesión colectiva de la tierra.

El Convenio 169 de la OIT también prevé el derecho de los indígenas a ser consultados previamente en referencia a todo tipo de proyectos que conciernan a su territorio, un derecho fundamental para las comunidades que ya forma parte de las Constituciones de varios países latinoamericanos. Es decir que, en el marco legal se han logrado importantes avances, pero es claro que los déficits están en la puesta en práctica de esos derechos. Es lo que se constata, por ejemplo, en Ecuador, Bolivia y Perú. En cuanto hay intereses económicos en juego, se atropellan los derechos de los indígenas.

¿Cómo podrían lograr los pueblos indígenas que los gobiernos latinoamericanos escuchen sus demandas?

Los pueblos indígenas deben encontrar la manera de llevar a la práctica sus derechos. Hay un ejemplo muy interesante en Ecuador, donde la comunidad indígena de los Sarayaku presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para lograr que el Estado ecuatoriano reconozca que violó el derecho de los indígenas a ser consultados en referencia a un proyecto petrolero que afectó profundamente su vida, sus recursos y su entorno. Y ahora solicitan una reparación, es decir, que se limpie su territorio y se lo deje libre de las 1,4 toneladas de dinamita que transportó allí una empresa.

Recientemente, el Gobierno de Rafael Correa reprimió de manera violenta una manifestación de indígenas contra recortes salariales. ¿Puede decirnos cuál es la situación de los indígenas en Ecuador con respecto a su derecho a manifestar, por ejemplo, en contra de reformas laborales que los afectan?

El problema en varios países, no solo en Ecuador, es que las protestas sociales a menudo se criminalizan. Amnistía Internacional está a punto de publicar un informe sobre el tema este mes. El gran problema es que se utiliza el aparato jurídico del Estado para silenciar a los líderes de las protestas sociales, y esos líderes son muy a menudo indígenas. Se puede decir que, en general, en Ecuador la situación legal de los indígenas es buena, dado que la Constitución de 2008 estipula explícitamente los derechos de los indígenas. Pero, como ya dije, en la práctica se siguen violando esos derechos.

Dado que, justamente, el problema reside en la puesta en práctica de los derechos de los indígenas, ¿qué exige Amnistía Internacional a los Gobiernos de América Latina para que se respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas y para que se tomen en serio sus demandas?

Lo que falta en varios países de América Latina son mecanismos concretos para que, por ejemplo, se los consulte antes de tomar cualquier decisión que los afecte. Eso se ve tanto en Ecuador como en Bolivia, donde los derechos de los pueblos originarios están anclados en la Constitución de ese país. Pero no hay, de hecho, ningún mecanismo concreto para llevar a cabo el proceso de consulta. Sin embargo, se están elaborando alternativas y se esperan avances interesantes en los próximos años.

Hasta en un país como Bolivia, gobernado por un representante de los pueblos indígenas, también se siguen produciendo protestas sociales y los indígenas presentan demandas ya que sus tierras se utilizan para determinados proyectos de infraestructura sin que se les pregunte si están o no de acuerdo.

Esos países se enfrentan al desafío de hallar una vía para cumplir y poner en práctica los derechos de los indígenas que están fijados en sus Constituciones. Y en eso, lo más importante será que los intereses económicos de los gobiernos y de las empresas no sean más importantes que los intereses de las comunidades indígenas.

AI elabora casos individuales en varios países latinoamericanos y sigue con atención el desarrollo de la iniciativa de Ecuador y Bolivia de reformar la tarea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su documento al respecto, “El futuro del sistema interamericano de Derechos Humanos en vilo”, AI dice que “el sistema, a través de los órganos que lo componen– la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos- es un necesario complemento de la protección proveída por instancias nacionales en las Américas”.

Entrevista: Cristina Papaleo
Editora: Rosa Muñoz Lima