El primer gran debate político sobre los derechos de autor en Internet comenzó en Alemania con un chillido desde Internet. En su lucha contra la pornografía infantil, el Gobierno federal quiso bloquear algunas páginas web en 2009. El resultado fue que a la ministra federal de Familia de  entonces, Ursula von der Leyen, se le dio el sobrenombre de “cens-ursula” y que el proyecto de ley nunca fue llevado hasta sus últimas consecuencias.

Muchos de los críticos calificaron el intento de intervención de la ministra en la infraestructura del Internet como una restricción de los derechos fundamentales. En los meses que siguieron, el Partido Pirata alemán, que aboga por la libertad en Internet, registró muchos nuevos miembros.

Millones de infracciones contra los derechos de autor

Según el ministro de Cultura, Bernd Neumann, la adaptación de los derechos de autor al mundo digital representa el mayor reto cultural actual. Neumann se presenta con sus propias palabras como “el abogado de los creativos” y afirma que la piratería en Internet afecta el destino de cientos de miles de personas creativas. “Pero la labor creativa no es un pasatiempo, sino un trabajo para ganarse el pan de cada día”, añade el ministro.

La piratería afecta sobre todo a la industria del cine. Según Matthias Leonardy, gerente de la Sociedad para la Persecución de Infracciones contra los Derechos de Autor, la piratería causó en 2010 daños por valor de 450 millones de euros solamente en Alemania. Se estima que alrededor de 3,7 millones de usuarios recurrieron durante este tiempo a ofertas ilegales en Internet.

Modelo ilegal de negocios

Leonardy explica el funcionamiento de estas redes con el ejemplo del portal de descargas ilegales de películas y series kino.to. Además de compartir y descargar archivos, muchos usuarios se sirven en estos portales del llamado video streaming. Este hace posible que la película no tenga que ser archivada en la propia computadora para ser vista, sino sólo en una memoria intermediaria de datos, lo que hace la persecución jurídica de estos casos mucho más complicada.

Las ofertas ilegales son financiadas en parte por publicidad legal. No se debe olvidar que el portal kino.to llegó a registrar millones de clicks diarios convirtiéndose en una de las plataformas de publicidad en Internet más codiciadas por el sector publicitario. La segunda fuente de ingreso son los llamados clientes premium, los cuales pagan por películas y conexiones rápidas. En el caso de “kino.to” los operadores se hicieron multimillonarios. “Las consecuencias las asume las economía de la creación”, dice Leonardy.

Políticos sin plan de acción concreto, ciudadanos contra ACTA

El sector publicitario todavía se opone a ser sometido a alguna especie de autocontrol y, por lo tanto, a investigar si se publican anuncios en páginas web ilegales. Pero también los vendedores de acceso a Internet se niegan a asumir cualquier tipo de responsabilidad. Estos argumentan que es responsabilidad de los operadores presentar ofertas legales y atractivas para los consumidores.

Por otra parte, la política en Alemania parece no tener aún un plan de acción concreto. Neumann afirma que la coalición de Gobierno alemán todavía no ha propuesto ninguna solución, a pesar de que el contrato de coalición establece que los derechos de autor deben ser modernizados para “garantizar un alto nivel de protección”.

Mucho se ha hablado ya, en este contexto, del llamado modelo de advertencias. Este propone que los autores y propietarios tengan la posibilidad de advertir en forma escrita a las personas que utilicen sus obras de manera ilegal. Sin embargo, a diferencia de Francia o Gran Bretaña, el modelo alemán de advertencias no concibe en caso de una infracción ni sanciones ni penas. “En Alemania no habrá ni reducción, ni bloqueo de los contenidos en Internet”, dijo Hans-Joachim Otto, secretario de Estado en el ministerio de Economía.

Sin embargo el tratado para combatir a nivel internacional el tráfico de falsificaciones y la violación de la propiedad intelectual a través de Internet (ACTA) generó fuertes protestas en las últimas semanas. El ministerio alemán de Exteriores retiró por ello, en febrero, la instrucción que ya había otorgado para la firma del polémico tratado.

El Anti-Counterfeiting Trade Agreement impulsado por Estados Unidos y Japón, entre otros, ya tiene la rúbrica de la Unión Europea y de 22 miembros, incluida España. El Parlamento Europeo tiene previsto ratificarlo en junio.

Google News debe pagar

Sin embargo, en un punto sí se llegó a un acuerdo político. A principio de marzo de este año el Gobierno alemán decidió un proyecto de ley para cambiar el derecho de protección de rendimiento y obligar a los operadores de motores de búsqueda y agregadores de noticias como Google News al pago de un tributo a las casas editoras, cada vez que incluyan sus artículos en la lista de noticias. De igual manera se ha planeado que los autores reciban parte de ese tributo.

Los críticos de esta medida, como el presidente del Partido Pirata Sebastian Nerz, argumentan que si a las casas editoras no les conviene que aparezcan parte de sus artículos en las páginas de Google News, éstas solo tienen que excluir al buscador de sus páginas web”. El político añade que, con esta reforma de la ley, los políticos y las casas editoras sólo demuestran lo poco que entienden del Internet y asegura que los enlaces de artículos en Google son una especie de publicidad gratuita y no una forma de hacer daño a los autores.

Autor: Kay-Alexander Scholz/Gabriel Domínguez

Editora: Rosa Muñoz Lima