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PolíticaGuatemala

Giammattei ve favorable emplear pena de muerte en Guatemala

12 de febrero de 2021

"Yo le pido al Congreso que no nos tiemble la mano para enfrentar a los criminales. Si hay necesidad de la pena de muerte, que lo hagan", dijo el presidente.

Foto de Alejandro Giammattei
Imagen: Luis Echeverria/REUTERS

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró este jueves (11.02.2021) que "es hora de que vayamos pensando" en retomar la aplicación de la pena de muerte para ciertos delitos, tras el asesinato el 10 de febrero de una niña de ocho años en el norte del país.

"Yo le pido al Congreso que no nos tiemble la mano para enfrentar a los criminales. Si hay necesidad de la pena de muerte, que lo hagan. Si a mí me llega una pena de muerte, la vamos a evaluar", dijo el mandatario a periodistas tras un acto público en el departamento de Izabal, al noreste de Guatemala.

Las palabras del gobernante fueron pronunciadas tras la muerte el miércoles en el departamento de Petén (norte) de Sharon Figueroa, una niña de ocho años que desapareció del patio de su casa el lunes y cuyo cuerpo fue encontrado al día siguiente con signos de violencia y asfixia. "Es hora de que vayamos pensando, por ejemplo, en que el crimen de esa niña debería de ser condenado con la pena de muerte", añadió Giammattei.

El artículo 18 de la Constitución de Guatemala establece la pena de muerte. Sin embargo, en los últimos años, no ha podido ejecutarse debido al vacío legal que existe desde que el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) derogó -en 2004- el decreto 159 que regulaba el indulto y permitía al presidente suspender o no la ejecución. En ese mismo inciso se regula que es el Congreso el que podrá "abolir" este castigo.

En 2017, la Corte de Constitucionalidad -el máximo tribunal del país- decidió declarar inconstitucional la aplicación de la pena de muerte en los delitos de parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, desaparición forzada y muerte del presidente o vicepresidente. La resolución de la Corte, que además de los cinco delitos afectó también a dos artículos de la Ley contra la narcoactividad, utiliza como argumentos para su decisión las contradicciones con acuerdos internacionales de derechos humanos.

Por tanto, de acuerdo al dictamen de la Corte de Constitucionalidad en 2017, ya no hay delito que contemple este castigo, como confirmó la entidad en aquel momento.

El Estado de Guatemala ejecutó por última vez a dos personas en el año 2000 tras haber sido declarados culpables de secuestro. La nación centroamericana es una de las 15 más violentas del planeta de acuerdo a organismos internacionales y -solo en la última década- contabilizó el asesinato de más de 60.000 personas.

ama (efe, afp)

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