En primer lugar: no es una broma, sino algo serio si el Estado en una sociedad liberal obliga a los ciudadanos a limitar sus contactos o reducirlos casi a cero. O también si queda prohibido salir de casa por la noche. Si uno lo hace de todos modos, tiene que haber sido por una emergencia. Y eso, según los jueces del Tribunal Constitucional, fue lo que ocurrió durante el denominado "freno de emergencia federal” entre abril y junio de este año. Aunque estas medidas podrían haber ido contra varios derechos fundamentales, en el peligro extremo que significaba la pandemia, estas han sido conformes a la ley. 

Para el futuro, esto significa que, independientemente de lo que decidan los políticos a nivel federal y estatal en la actual y dramática situación de la pandemia en Alemania, pueden estar seguros de que estarán amparados en gran medida por la Constitución.

Respaldo para el gobierno saliente

Por supuesto, la situación actual en Alemania es difícilmente comparable a la de la primavera. Alrededor del 70 por ciento de las personas están completamente vacunadas, y los ciudadanos están haciendo cola para aplicarse la vacuna de refuerzo. Pero el número de nuevas infecciones es alarmantemente alto, la nueva variante ómicron está sembrando el miedo y los hospitales vuelven a estar sobrecargados. 

Mientras tanto, los políticos del gobierno saliente y el entrante, discuten patéticamente sobre quién tiene la culpa del gran fracaso en el manejo de la pandemia. La tasa de vacunación es baja comparada a nivel europeo y todavía hay muchas cosas incomprensibles, como la sorprendente paradoja de que la mayoría de los estadios siguen llenos, mientras las autoridades llaman a la gente a quedarse en casa.

El fallo del Tribunal Constitucional es, en cierto modo, un respaldo para el gobierno saliente, que en unos días deja el cargo y quiere convencer a sus sucesores del SPD, los Verdes y los liberales del FDP de que apliquen un nuevo "freno de emergencia”. En esta nueva coalición de gobierno es, sobre todo, el partido liberal FDP el que ha criticado en varias oportunidades las duras medidas y ha cuestionado repetidamente la constitucionalidad de algunas restricciones. Este argumento ha quedado ahora invalidado.

Confinamiento, al menos todavía regional

Esto continuará. Sobre todo, la gente en las regiones con alta incidencia tendrá que adaptarse a una especie de confinamiento, pero tal vez incluso todo el país. Es un pequeño consuelo que, por primera vez en muchas semanas, el número de infecciones haya dejado de aumentar. Pero aunque el Tribunal Constitucional le haya dado ahora a la política, independientemente de su color, una especie de carta blanca, ya es hora de que los responsables, incluso en la dramática situación actual, consideren con cuidado lo que es posible y lo que no.

Es imposible imaginar otro cierre completo de la vida pública en el país. Y sería bueno para el país que sus representantes no participaran en la exclusión de las personas que, por el motivo que sea, todavía no están vacunadas, como lo han hecho en las últimas semanas.

La libertad también incluye responsabilidad

Entre los no vacunados hay muchos opositores incorregibles a la vacunación, sin duda. Y muchos que solo utilizan su protesta para vengarse del propio Estado, al que odian. Pero no todos son así. Por el contrario, sería una reacción prudente a la sentencia del Tribunal Constitucional si los políticos intentaran ahora dirigirse de nuevo a estas personas, por muy difícil que sea. Sobre todo porque la vacunación obligatoria no podrá ayudar a estabilizar la ola actual de todos modos. 

Sin embargo, esta sentencia es una clara indirecta para todos aquellos que exigen sus derechos a la libertad, pero olvidan que la libertad siempre implica responsabilidad. En este caso, la responsabilidad por los que se contagien con el virus. Y por los médicos y enfermeras, que llevan casi dos años luchando contra la pandemia.

(ct/er)