Han sido décadas de presión de la sociedad civil alemana que finalmente se ha visto recompensada. El pasado 15 de abril el Parlamento alemán (Bundestag) ratificó el Convenio de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) 169 sobre pueblos originarios.

“Este convenio garantiza nuestra identidad, cultura, conocimientos tradicionales, derecho a la consulta previa, libre e informada para que sea efectiva y se implemente en los territorios indígenas, así como el derecho a participar en la toma de decisiones del Estado, y el derecho al territorio”, recuerda a DW José Gregorio Díaz Mirabal, Coordinador General de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). 

Con la ratificación de Alemania ya son 24 los países que han ratificado dicho convenio, entre ellos, los seis países de la Cuenca Amazónica, así como España, que lo hizo en 2007. Alemania lo ha hecho más de una década después, a pesar de varios intentos fallidos durante los últimos años. “A partir de 1993 hubo varios intentos, ya sea a través del  partido Los Verdes (Bündnis 90/die Grünen) o del grupo parlamentario del Partido Socialdemócrata (SPD)”, recuerda a DW Thomas Brose, director de Alianza del Clima, una de la docena de organizaciones alemanas que forma parte del Grupo de Coordinación OIT 169 Alemania, creada hace más de veinte años para lograr este objetivo. ´

“En 2015, el Bundestag adoptó una resolución en la que pedía al Gobierno Federal que iniciara la ratificación del Convenio 169 de la OIT pero, por desgracia la ratificación no se produjo”, lamenta. No obstante, “finalmente se acordó su ratificación en el acuerdo de coalición de 2017”.

“Siempre hubo muchas reservas por parte de los gobiernos y pretextos, como el hecho de que no había pueblos indígenas en Alemania”, recuerda Brose, apuntando además a motivos económicos y “los efectos de la ratificación en las actividades de las empresas alemanas en el exterior”.

Y es que el Convenio garantiza “un derecho específico para pueblos indígenas y comunidades tribales que tiene por objeto tejer diálogos entre los pueblos indígenas y los Estados frente a los asuntos que les afectan”, recalca Liliana Ávila, Abogada Senior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

De esa manera, las comunidades deben ser consultadas “antes de que se pretenda realizar algún proyecto o tomar alguna política”. Igualmente, “deben garantizarse espacios transparentes que posibiliten la participación de los pueblos indígenas”. Finalmente, “los Estados deben procurar proveer de toda la información necesaria para que los pueblos indígenas pueda deliberar con todos los elementos existentes sobre la conveniencia o inconveniencia del proyecto o la política que se pretende establecer”, aclara.

Un primer paso

En el caso alemán, se trata de un primer paso, pero no el único. “El factor decisivo es cómo se incorporará la Convención a la legislación alemana en los distintos ámbitos temáticos, especialmente en lo que respecta al comercio exterior y la cooperación al desarrollo” asegura el directivo alemán.

“En nuestra opinión, esto requiere una estrategia global y coherente por parte del Gobierno alemán, que implique a todos los ministerios relevantes como tarea transversal”, explica.

En ese sentido se manifiesta también el vocero de los pueblos originarios: “Es necesario que ahora Alemania desarrolle una estrategia con directrices concretas para que sus empresas matrices y filiales que desarrollen proyectos en territorios indígenas puedan respetar los derechos garantizados por el Convenio 169 de la OIT, así como que cumplan con los derechos a lo largo de toda su cadena de suministro”, dice Díaz Mirabal.

Por este motivo, el Grupo de Coordinación OIT 169 Alemania aboga por una estrategia interdepartamental del Gobierno alemán para proteger los derechos de los pueblos indígenas así como en el desarrollo de las políticas actuales entre las que se incluyen la Ley de Cadena de Suministro, o la Ley Europea de Diligencia Debida. 

Al respecto, Ávila recuerda que “los Estados tienen la obligación de adecuar su legislación nacional para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones”.

Obligaciones en la mira

Por otra parte, “los Estados que han ratificado el Convenio 169 de la OIT deben presentar un informe sobre la aplicación del Convenio cada 5 años”, indica en entrevista con DW Silke Lunnebach, Coordinadora de Proyectos de Alianza del Clima.

Igualmente, “la sociedad civil cuenta con un nuevo mecanismo donde podría generar espacios de incidencia y denuncia cuando considere que Alemania no está honrando sus compromisos internacionales al que la obliga la firma del Convenio”, agrega, por su parte, Ávila.

Por ese motivo, “hay que velar para que no se debiliten las obligaciones de las empresas alemanas de tener en cuenta los derechos de los indígenas”, advierte Brose.

Un hecho al que estarán atentos desde la COICA, que instó a que dicha herramienta se implemente de manera coordinada con los pueblos indígenas. “Es clave y urgente que haya un plan de emergencia para, al menos, iniciar la discusión de los protocolos propios de los pueblos indígenas con los responsables de la justicia, con las autoridades que tienen cada uno de nuestros países, como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, y con todos los entes que tengan que ver con la defensa de los derechos humanos”, subraya Mirabal.

(cp)