De los Estados miembros de la Unión Europea (UE), es sobre todo Alemania el que insiste en que se honren los compromisos jurídicos adquiridos por los socios. Sin embargo, hay áreas en las que Berlín no parece estar muy interesado en cumplir las reglas. Como muestra, un botón: el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la ECPAT, una organización que busca proteger a los niños de la explotación comercial y el abuso sexual, ha criticado severamente lo poco que se hace en territorio germano en la lucha contra el tráfico de personas.

En 2011 entró en vigor la directriz que insta a los países comunitarios a perseguir de una manera más efectiva y a sancionar con mayor dureza a los tratantes, además de ofrecer mayor y mejor protección a sus víctimas. El plazo para transferir este lineamiento a las leyes nacionales se venció el pasado 5 de abril y Alemania dejó pasar la oportunidad de apoyar esa moción. Un portavoz del Ministerio de Justicia aseguró que un proyecto de ley de esa cartera prevé la implementación textual de la directriz europea en Alemania; pero algunos lo dudan.

No se endurecerían las penas

Hans-Peter Uhl, vocero de la fracción parlamentaria de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU), se cuenta entre los escépticos: “Lo que busca el Ministerio de Justicia, liderado por el Partido Liberal (FDP), es que las sanciones vigentes para castigar el tráfico de personas se puedan aplicar también a los mendigos, a los carteristas o a los traficantes de órganos”, denuncia Uhl, enfatizando que el proyecto de ley en cuestión no contempla el endurecimiento de las penas contra la trata y el proxenetismo.

La falta de rigor de las penas aplicables no es el único problema. Para Unicef y otras organizaciones, la manera en que se tipifican los delitos de trata y prostitución forzada en Alemania agrava la situación. “Cuando un adulto trae a una persona menor de edad a Alemania y la obliga a prostituirse, sólo se le puede acusar de abuso sexual y explotación; no se le puede atribuir el cargo de tráfico humano”, explica Rudi Tarneden, portavoz de Unicef en Alemania. Condenar a un tratante por prostitución forzada es casi imposible, acota Uhl.



La carga de la prueba

Esto se debe a que, en el Derecho alemán vigente, la carga de la prueba recae sobre los hombros de la víctima. Aportar evidencias en contra de quienes están en la cima de la pirámide de un negocio tan rentable como el tráfico de personas no es fácil para quienes están en la base de la misma. Las personas afectadas suelen abstenerse de declarar en contra de sus victimarios por miedo a represalias. “Y cuando declaran, tienden a retirar lo dicho bajo la presión de chantajes”, agrega Uhl.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) estima que entre 120.000 y 500.000 mujeres de Europa Oriental son trasladadas anualmente a Europa Occidental y obligadas a ejercer el trabajo sexual. Muchas de ellas son menores de edad, pero eso no significa que reciban la protección que merecen de las autoridades cuando son liberadas. “Por lo general, lo que está en primer plano no es su condición de víctima de un delito grave, sino el hecho de que ellas mismas han violado la ley al permanecer ilegalmente en territorio alemán”, lamenta Tarneden de Unicef.

¿A qué se debe que el Estado alemán esté tan mal dispuesto a cumplir las directrices europeas en esta materia? “Es bien sabido que el derecho de extranjería alemán es interpretado muy dura y restrictivamente. Es posible que el actual Gobierno tema ver ablandado el derecho de extranjería si prevalece el sentido de la protección de las víctimas”, especula Tarneden. El diputado Hans-Peter Uhl no cree que el estamento liderado por la canciller Angela Merkel tenga prisa en aplicar los lineamientos comunitarios contra la trata y el trabajo sexual forzado.

“El tema va a ser pospuesto hasta después de las elecciones de septiembre”, pronostica Uhl. Alemania podría ser denunciado ante el Tribunal de Justicia Europeo por no cumplir con el plazo establecido para transferir directrices de la UE a sus leyes; pero Uhl está convencido de que al Ministerio de Justicia local no le preocupa ese escenario. El vocero parlamentario de la CDU/CSU sugiere que, para el actual Gobierno de coalición, ese tipo de demandas son menos dañinas para sus políticas que la implementación de los lineamientos europeos aludidos.

Autores: Rayna Breuer / Evan Romero-Castillo
Editor: Diego Zúñiga