El Gobierno de la canciller Angela Merkel aprobó este miércoles (25.05.2016) la llamada “ley de integración”, que tiene como objetivo incentivar la incorporación de los refugiados en el mercado laboral del país y que prevé sanciones o recortes de prestaciones para quienes rehúyan integrarse. El análisis del proyecto se realizó durante el Consejo de Ministros realizado en el palacio de Meseberg, en las afueras de Berlín.

“Es una piedra fundamental para la integración en la sociedad alemana de esas personas”, dijo la canciller, quien aseguró que la normativa se basa en el principio de “apoyar y exigir”, es decir, fomentar la incorporación de quien demuestre voluntad y esfuerzo. Entre las cláusulas del proyecto se encuentra la obligatoriedad de asistir a los cursos de integración y a las clases del idioma alemán, lo que para Merkel es esencial en la “voluntad” de integrarse.

“Dentro de un par de años se verá esta ley como un primer paso para conseguir que esos migrantes vean a Alemania como su nuevo hogar, independientemente de si luego deciden volver a su país de origen o quedarse aquí”, apuntó, por su parte, el líder socialdemócrata, vicecanciller y ministro de Economía, Sigmar Gabriel. Merkel, además, aseguró que esta propuesta mostraba lo aprendido tras los errores cometidos en el pasado.

Limitación de movimientos

Merkel hizo hincapié en el compromiso incluido en la iniciativa de mejorar el acceso al mercado laboral a los refugiados, así como de incrementar la oferta de los llamados cursos de integración, ya que actualmente se encuentran por debajo de la fuerte demanda generada por la llegada al país, en 2015, de 1,1 millones de peticionarios de asilo. Entre las propuestas se encuentra la apertura de 100 mil puestos de empleo para los refugiados.

Quien no tenga voluntad de integración sufrirá recortes en las ayudas, apuntaron las autoridades. Asimismo, se prevé evitar que se asienten en determinados lugares del país, para evitar la formación de guetos, especialmente en las grandes ciudades. Para ello, las autoridades determinarán en qué “Land” se podrán instalar, y no podrán cambiarse, si así lo quisieran, hasta después de tres años.

Esta propuesta piensa en los refugiados con buenas perspectivas de quedarse a vivir en Alemania, y deja fuera a quienes provienen de países calificados como de “origen seguro”. La reunión de la canciller y su Ejecutivo abordó también temas como la agenda digital, con la que se pretende colocar a Alemania en la vanguardia del acceso a internet.

DZC (EFE, epd)