Christian Mihr, encargado de la sección alemana de Reporteros sin Fronteras (RSF) es un experimentado luchador por la libertad de prensa en el mudo. Entre sus mayores éxitos se cuenta el veredicto dictado por el Tribunal Constitucional alemán, en mayo de 2020, sobre la ley del servicio de inteligencia BND. En esa oportunidad, el máximo tribunal de Alemania declaró inconstitucional la vigilancia de las telecomunicaciones a nivel mundial por parte del BND, sin una causa concreta.

Sin embargo, con ello no se conjuró el peligro de ser objeto del espionaje de los servicios secretos germanos. Al contrario. Este se ha acrecentado nuevamente para todos los periodistas, incluyendo a los alemanes, desde junio de 2021. Una reforma de la ley que rige a los servicios de inteligencia les permitiría ahora utilizar programas digitales de espionaje. Eso incluye la posibilidad de vigilar también comunicaciones encriptadas en plataformas de mensajería como Signal, WhatsApp o Telegram.

La amenaza de "Pegasus"

Los periodistas disfrutan de un cierto resguardo en lo tocante a sus fuentes y al material de sus investigaciones, pero esta protección no es tan amplia como la que se concede a quienes practican la asistencia espiritual o a los abogados defensores.

Reporteros sin Fronteras, la Red Whistleblower y varios periodistas investigativos han presentado recursos de urgencia ante tres tribunales administrativos alemanes, para echar por tierra esas prácticas de vigilancia. El abogado que los representa, Niko Härting, espera que haya una decisión dentro de los próximos tres o cuatro meses. Pero la demanda constitucional contra la ley del BND tardó más de dos años en zanjarse.

Los potenciales afectados no quieren esperar tanto esta vez. Debido a su intercambio de información con periodistas investigativos de todo el mundo, Reporteros sin Fronteras "se ve ante un mayor riesgo de ser objeto de medidas de vigilancia del servicio de inteligencia", explica Mihr. Ese escenario se vuelve más candente porque, según informaciones de prensa, el BND utiliza el controvertido programa de espionaje "Pegasus". "Tenemos contacto con muchos periodistas que claramente se ven afectados por esa vigilancia", asegura el encargado de RSF en Alemania.

Imperativo de confidencialidad

La Red Whistleblower, fundada en 2006, también toma parte en la demanda. Su encargado, Thomas Kastning, meciona un motivo especialmente relevante para su organización: el contacto con gente que busca asesoría y quiere informar de irregularidades en instituciones, por ejemplo. "Si hay sospecha de que, debido a la vigilancia estatal, esa comunicación no es confidencial, eso representa un enorme problema para nosotros", explica. Y Mihr lo corrobora, subrayando que ve en esta ley "un ataque al resguardo de los informantes en el ámbito digital."

Y hay todavía otro motivo. También está en la mira la cooperación internacional de los Estados con controvertidas empresas privadas del área de la tecnología de vigilancia, apunta Lisa Dittmer, de RSF. La especialista en libertad en internet hace referencia concreta al programa "Pegasus" y, en general, a empresas "que no se avergüenzan de colaborar con los regímenes más represivos en el mundo entero."

Según Lisa Dittmer, eso arroja preguntas éticas de fondo sobre la cooperación con tales empresas, pero también preguntas concretas sobre la protección de datos.

Los peligros que encierra la ley de vigilancia son conocidos. En mayo de 2021, expertos en derecho advirtieron a una comisión parlamentaria alemana de su alto potencial de mal uso. Se corre el riesgo de caer "en la inconstitucionalidad", señaló en esa oportunidad el especialista en filosofía del derecho Benjamin Rusteberg, de la Universidad de Friburgo. No obstante, la ley fue aprobada un mes después.

(ers/rml)