En Nicaragua el año ha comenzado con el retorno de Daniel Ortega al poder y una exaltada discusión sobre el aborto entre la clase política, círculos médicos y organizaciones pro- derechos humanos. Poco ha quedado del comandante guerrillero que puso fin a la tiranía de los Somoza. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se ha aliado ahora a la derecha nicaragüense para eliminar el aborto terapéutico que permitía la intervención quirúrgica en caso de peligrar la vida de la madre. El aborto terapéutico se encontraba anclado en la constitución nicaragüense desde 1893. Medios nicaragüenses afirman que Daniel Ortega modificó su postura ante el aborto tras su matrimonio con Rosario Murillo, con quien convivió durante años en unión libre. La ceremonia religiosa fue oficiada por quien fuera uno de los acérrimos enemigos de Ortega, el obispo Obando y Bravo.

Ortega y el Frente Sandinista dieron un giro radical al encabezar durante la campaña electoral una cruzada a favor de la penalización del aborto. La iniciativa tuvo por objeto cosechar votos entre los sectores más conservadores y obtener el respaldo de la jerarquía eclesiástica. La propuesta de Ley fue ratificada antes de las elecciones por la Asamblea Nacional el pasado mes de octubre, y posteriormente firmada y puesta en vigor por el anterior presidente, Enrique Bolaños.

Crítica internacional

La ministra alemana de Cooperación y Desarrollo, Heidemarie Wieczorek -Zeul, hizo un llamado al presidente Ortega a abolir la rígida ley. "Viola los derechos fundamentales de la mujer en Nicaragua al penalizar el aborto bajo toda circunstancia, aún cuando peligra la vida de la madre o cuando una mujer ha sido violada", declaró la ministra.

Wieczorek -Zeul señaló que el gobierno alemán, junto con otros países donantes y Naciones Unidas, apoya a las organizaciones civiles, que presentaron recursos de inconstitucionalidad contra la ley. En Alemania el aborto es posible durante las primeras 14 semans del embarazo siempre y cuando la mujer en cuestión acuda a algún centro de asesoría. Cuando el embarazo pone en peligro la vida de la madre o es el resultado de una violación, el aborto es incluso justificado por el Estado.

Organizaciones nicaragüenses de derechos humanos consideran a la ley un retroceso en el reconocimiento de los derechos de las mujeres pues prevé que quien practique el aborto, sin excepciones, será castigado con penas hasta de 30 años de cárcel. De nada sirvieron los llamados de Naciones Unidas y la Unión Europea, quienes en su momento apelaron a los diputados al diálogo y a hacer una reflexión profunda sobre el aborto terapéutico, antes de tomar una decisión final.

Situación en el subcontinente

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, América Latina presenta el índice de mortalidad materna más alto. La causa es el aborto. Cada año se practican unos 3.800 mil abortos en condiciones de riesgo y unas 5.000 mujeres mueren cada año por complicaciones al recurrir a un aborto. La interrupción voluntaria del embarazo está plenamente garantizada en Cuba, Puerto Rico y Guyana. En Chile, Salvador, Honduras y República Dominicana, el aborto está prohibido sin excepción, pese a que en estos países el aborto terapéutico era permitido a principios del siglo XX.

La influencia del Vaticano y de sectores conservadores estadounidenses se ha traducido en campañas "a favor de la vida". Reflejo de ello es la adopción en ocho países latinoamericanos del "día del no nacido", como son Argentina, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Venezuela. En Chile está penalizado el aborto en cualquier circunstancia. Aunque estaba permitido desde 1931 por razones terapéuticas, en 1989, durante los últimos días de gobierno Pinochet penalizó todas las formas del aborto, castigándolo con penas de hasta 8 años de cárcel, equiparable al castigo por homicidio simple.

Avances en América Latina

En pocos países latinoamericanos ha habido avances en materia del aborto. En Colombia se ha introducido una modificación a la ley que permite abortar cuando el embarazo representa una amenaza para la vida de la madre y en México el Partido de la Revolución Democrática (PRD), amplió las causas de aborto no punible en la Ciudad de México, cuando un embarazo represente una amenaza para la vida o la salud de la madre, en casos de violación y cuando se presenten malformaciones en el feto. Aunque el Partido Acción Nacional (PAN) intentó detener la iniciativa presentando un recurso de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó las reformas introducidas por el PRD. Bolivia, Ecuador y Jamaica han introducido programas de planificación familiar y detección de cáncer durante los cuidados dispensados después del aborto.

Adicionalmente hay que mencionar las inequidades socioeconómicas en este campo. Mientras que las mujeres con recursos pueden buscar la atención de profesionales capacitados, en las zonas urbanas de muchos países, y generalmente bajo el ambiente represor de grupos religiosos que se oponen al aborto, se practican abortos en condiciones de alto riesgo. Según la OMS, cálculos conservadores indican que hasta el 31% de todos los embarazos pueden terminar en aborto y que se practican 444 abortos anuales por cada 1.000 nacidos vivos. Aproximadamente un 12% de la mortalidad materna se debe a complicaciones tras la práctica de un aborto clandestino.