Arrecia la lucha de la comunidad de El Guapinol, en el norte de Honduras, contra la apertura de una mina de óxido de hierro. A principios del mes de septiembre, una jueza hondureña ordenó la detención preventiva de siete activistas que protestan desde hace años contra el proyecto porque consideran que la minería pone en riesgo los recursos naturales. Según ellos, ya durante los trabajos previos en la mina se produjo la contaminación de ríos locales. Los activistas están acusados de privación injusta de la libertad de un empleado de una empresa de seguridad y de incendio agravado. Ellos niegan estas acusaciones.

En lugar de ser internados en dependencias carcelarias regionales, como dictó la juez, fueron trasladados a la prisión de alta seguridad La Tolva, cerca de Tegucigalpa, la capital de Honduras, donde solo suelen ser encerrados los criminales peligrosos. 

Los abogados de los activistas han interpuesto un recurso legal contra esta decisión. "El Instituto Nacional Penitenciario ha pasado por alto sin explicaciones la decisión judicial”, critica Edy Tábora, uno de los abogados. El Alto Comisariado de Derechos Humanos de la ONU también ha mostrado su preocupación por el traslado de los acusados a la prisión de alta seguridad. Tábora asegura que se han producido otras irregularidades. Según él, la juez que ordenó su prisión preventiva no tiene tuición en este tipo de delitos. Considera además que no ha explicado suficientemente las razones del encarcelamiento.

Apoyar la lucha de los activistas

El viernes (6.09.2019) un grupo de nueve diputados del Parlamento alemán pertenecientes al partido socialdemócrata SPD, a Los Verdes y a La Izquierda se pronunciaron sobre el conflicto. En una misiva dirigida a la Fiscalía hondureña, al Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia en Honduras, así como a la Secretaría de Derechos Humanos, los diputados exigen a las autoridades que garanticen el derecho a la defensa de los derechos humanos en el país y la integridad y la vida de la población afectada por el proyecto minero. A finales del pasado mes de agosto, un activista fue asesinado en circunstancias aún no aclaradas. Los diputados instan en su escrito a que se lleve a cabo un esclarecimiento sin fisuras del crimen. Además, piden a las autoridades que los activistas encarcelados sean reconocidos como defensores de los derechos humanos.

"Queremos apoyar a nivel internacional la lucha de los y las activistas y de quienes luchan junto a ellos”, dijo Uwe Kekeritz, diputado de Los Verdes y firmante del escrito. "Aunque en Latinoamérica hay prácticamente solo Gobiernos legitimados democráticamente, no hay continente en el que sean asesinados tantos activistas por los derechos humanos y medioambientales. Es algo que debemos combatir”. La situación es especialmente crítica en Honduras. Hace dos años, la ONG "Global Witness” publicó un estudio que señalaba a Honduras como "el país más peligroso para activistas medioambientales”. Según investigaciones de la organización, solo entre 2010 y 2017 fueron asesinadas allí más de 120 personas comprometidas con el medioambiente.

El pasado mes de julio de 2019, el ministro adjunto de Exteriores alemán, Niels Annen, del SPD, estuvo de visita en el país. "Durante sus conversaciones con el Gobierno de Honduras, abordó la problemática situación de los derechos humanos y expresó su preocupación al respecto”, dijeron fuentes del Ministerio de Exteriores alemán.

Una larga historia

El conflicto entre la comunidad de El Guapinol y el proyecto minero tiene una larga historia. A principios de 2012, el Gobierno de Honduras decidió la creación del Parque Nacional Montaña de Botaderos. En esta región protegida nacen también numerosos cursos fluviales, como el río San Pedro y el río Guapinol, que abastecen de agua a la región donde se ubican sendas comunidades homónimas. Ya un año después, la empresa hondureña EMCO Mining Company, que hoy firma con el nombre de "Inversiones Los Pinares”, solicitó la concesión de una mina de óxido de hierro en el área del parque nacional. Su solicitud fue autorizada después de que la superficie del área central del parque nacional fuera reducida.

Desde entonces, la alianza local Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, integrada por habitantes de la región, así como por asociaciones locales de agricultores y por la comunidad católica, lucha contra el proyecto. Considera que las autoridades no les han informado bien y que se ha ignorado su derecho de participación. Con el fin de frenar los avances en los trabajos de construcción de la mina, el Comité organizó en agosto de 2018 un campamento de protesta que fue desmantelado violentamente en octubre por las fuerzas de seguridad hondureñas. Ya el año pasado, un grupo de activistas fue denunciado por "detentación del espacio público", aunque el proceso fue cerrado. Esta vez podría no suceder lo mismo, algo que Edy Tábora relaciona con la empresa de construcción minera: "Creemos que ejerce mucha presión para que los acusados vayan a prisión”, dice el abogado.

Hasta el momento, la Embajada hondureña no ha querido pronunciarse sobre los reclamos que plantea el escrito de los parlamentarios alemanes: "Estamos en contacto con las autoridades pertinentes en Honduras y debemos esperar su respuesta”, dijo a Deutsche Welle la embajadora de Honduras, Christa Castro Varela.  

(ms/ers)

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