Ahora todos coinciden en que el ministro alemán de Exteriores, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, habría podido ahorrarse sus últimos esfuerzos para mediar entre Berlín y Ankara en lo concerniente a los soldados germanos en la base militar turca de Incirlik. Estaba claro que a los uniformados se les daría la orden de regresar a casa. El Gobierno turco ya había abusado demasiado de la paciencia del Bundestag.

En otras palabras: es bueno que por fin haya claridad en esta cuestión. Ahora los turcos saben que tienen un elemento menos para chantajear a Alemania y los compatriotas de Angela Merkel saben que la canciller no se va a dejar manipular por el "hombre fuerte" de Ankara, Recep Tayyip Erdogan.

A los chantajistas no les gusta negociar por mucho tiempo

Pero, ¿no habría sido posible asumir la misma actitud más temprano y con menos alharaca? Probablemente no. Y es que, aunque los rodeos de los políticos alemanes no fueron dignos de elogio ni agradables a la vista, éstos tampoco fueron un error. Al contrario. La diplomacia alemana llegó al punto de la autonegación para demostrar que estaba dispuesta a mantener la mano extendida y a dialogar, a pesar, incluso, de que, a estas alturas, la mayoría de los alemanes está convencida de que la Turquía de Erdogan es el peor socio imaginable para negociar.

En su último intento de conciliación en Ankara, Gabriel demostró que vale la pena conservar la cabeza fría: aun cuando varios ministros turcos hayan tachado a los alemanes de nazis durante la convocatoria al referendo constitucional, los difamados se mostraron civilizados. Aquí, un ministro alemán se aferró al orden liberal-democrático y respondió con talante paciente y objetivo, sin agraviar a la oposición ni al Parlamento en pleno, sino manteniendo sus posiciones en la mira.

Compostura, aunque duela económicamente

Uno quisiera ver implementada una política exterior como esa, con compostura, con mucha más frecuencia y en muchos otros ámbitos donde Alemania coopera con Turquía. En ese sentido, un compás de valores suele brillar por su ausencia. Eso es evidente, sobre todo, en las relaciones económicas bilaterales.

Hasta ahora, los alemanes se han esmerado en mantener separadas limpiamente la economía y la política; esa es una práctica que los líderes de la economía germana grabaron bien en su memoria. Eso ayuda a explicar por qué un prominente empresario alemán exigió, después del referendo constitucional turco, regresar rápida y silenciosamente al día a día de los negocios. ¿En serio? ¿Quiere el empresariado alemán esconder la cabeza en la arena después de 50.000 presos políticos y de un Parlamento anulado por un plebiscito manipulado?

Da la impresión de que, por mucho tiempo, la política exterior de Merkel le envió una señal equivocada a los propios alemanes. Sería realmente refrescante que el Gobierno alemán aludiera con más frecuencia a los derechos humanos como criterio factor determinante del comercio exterior. No algún día, en un futuro difuso, sino ahora mismo. Eso sería motivo de discusiones puertas adentro, pero garantizaría un resultado que no le gustaría para nada a los chantajistas del Bósforo: y es que la miserable economía turca no puede ser revitalizada únicamente por el dinero chino y ruso. Las inversiones europeas son necesarias. Y sería un schock saludable que el presidente Erdogan se viera obligado a hacer concesiones primero en materia de derechos humanos para recibir esas inversiones. Sí, esa estrategia le costaría unos cuantos encargos a la economía alemana; pero, ¿qué empresario alemán pequeño o mediano cree realmente que sus inversiones van a estar seguras a largo plazo en Turquía si en ese país se imponen la arbitrariedad y la pena capital?

Turquía le debe evidencias al mundo

A largo plazo, a Alemania le conviene ser incómoda. Eso aplica también en lo que respecta a la detención arbitraria de cientos de periodistas, entre los que figuran los alemanes Denis Yücel y Mesale Tolu. Y aplica también en lo concerniente al arresto del director del capítulo turco de Amnistía Internacional, Taner Kilic, ocurrido este miércoles (7.6.2017).

Si estas personas y el resto de los 50.000 detenidos simpatizaron con el predicador Fethullah Gülen y con el fallido golpe de Estado de 2016, ¿por qué no se registran procesos públicos que le den verosimilitud a las acusaciones? ¿Por qué Turquía no muestra interés alguno en que observadores internacionales contribuyan a aclarar la intentona golpista? Una Turquía que insista en ser tratada de igual a igual cuando mira a Alemania a los ojos está en la obligación de respetar el Estado de derecho a la hora de demostrar la presunta culpabilidad de los imputados. Si no lo hace –y la información disponible apunta a que no lo hará–, eso debe tener consecuencias. Este argumento no clama por medidas de castigo, sino porque Alemania misma vuelva a tomar en serio sus propios criterios y sus propias reglas en el campo de las relaciones exteriores.