Sami A., un islamista y presunto exguardaespaldas de Osama bin Laden, fue deportado de Alemania a su Túnez natal el pasado 13 de julio. Ese mismo día, un tribunal de la ciudad de Gelsenkirchen dictaminó que Sami A. tenía que ser devuelto a Alemania, gracias a que la  ley alemana de asilo estipula que los detenidos no pueden ser enviados a un país donde puedan ser torturados o maltratados. Al día siguiente, las autoridades tunecinas rechazaron el llamado de Alemania, arguyendo la necesidad de llevar a cabo investigaciones propias.

Abogado de islamista acusa a Alemania

Saif el-Din Makhlouf, el abogado de Sami A, dijo a DW en Túnez que "Alemania violó los derechos fundamentales de su cliente.” Agrega además que "no hay evidencia para condenar a su defendido de un crimen”. Según Makhlouf, "Sami A. fue sometido a malos tratos y se le impidió contactar a su abogado, a su familia y a su médico", dijo afirmando también que su cliente permaneció desnudo, por ratos, mientras estuvo detenido en Alemania”. El jurista resalta que "todo lo sucedido es ilegal”. Makhlouf acusa a Alemania de seguir una "política racista”, toda vez que deportó a 155 tunecinos entre enero y mayo de 2018.

El portavoz judicial de las autoridades tunecinas, Sofian Sleity, dijo a DW que "el gobierno de Túnez coopera estrechamente con países europeos como Alemania para tratar casos relacionados con el terrorismo, y que Sami A. sigue siendo un sospechoso y será tratado como inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

En las calles de Túnez, el público está dividido.

"Apoyo la deportación del hombre a Túnez y las investigaciones deberían realizarse aquí, porque él es como un banco de información. Debe saber mucho sobre las relaciones con redes terroristas", dice un tunecino a DW en las calles de Túnez.

Otro, en cambio, no está de acuerdo, porque "traerlo a Túnez causa muchos problemas y nuestro país ya tiene suficientes. Es cierto que es ciudadano de Túnez, pero fue arrestado en Alemania, por lo que su juicio debería celebrarse allí".

En Alemania, el debate sobre el caso de la deportación del ciudadano tunecino ha sido centrado por el ministro del Interior, Horst Seehofer, en la rapidez de la expulsión y no en la parte jurídica. Este 18 de julio, Seehofer defendió su decisión de enviar a Sami A a Túnez. "En nuestra opinión, la decisión fue legal”, dijo Seehofer en Berlín.

En la ciudad de Bochum, en el oeste de Alemania, donde vivía Sami A., las autoridades locales presentaron una demanda legal contra el tribunal que tomó la decisión de deportarlo. Robert Habeck, del ambientalista Partido Verde, dijo a la prensa pública alemana que "las autoridades no están funcionando bien o están en un caos total, o hubo algún tipo de directiva tácita de más arriba".

El debate se ha ampliado hasta la pregunta de si es seguro enviar deportados a Estados como Túnez, Marruecos y Argelia. El Gobierno alemán busca que estos tres países se agreguen a la lista de "países seguros", donde sospechosos como Sami A. pueden ser enviados. La reforma de dicha directiva no ha podido pasar, hasta ahora, la cámara alta del parlamento alemán, el Bundesrat, en donde Los Verdes y los socialdemócratas se oponen a la medida.

Wesley Dockery (jov/er)