Alicia Bárcena es la máxima representante de la CEPAL. Junto a otros altos cargos presentó a mediados de mayo el tercer informe especial del organismo sobre la pandemia, titulado 'El desafío social en tiempos de COVID-19', en el que propone una renta básica de emergencia durante al menos seis meses para el tercio de población de menores ingresos en toda América Latina.

Deutsche Welle: El escenario que plantea su informe es desolador. Pero, aún así, las previsiones de partida resultan incluso optimistas.

Alicia Bárcena: Nosotros hemos hecho esas previsiones, muy complicadas, contemplando una contracción del 5,3% del PIB regional. Pero, efectivamente, puede caer incluso más. Y eso se debe especialmente a que nuestras economías en la región dependen mucho también de lo que pase en Europa y en Estados Unidos. Ambos están ya en una caída mucho más profunda que la recesión con la que contábamos. Por lo menos en Europa hay sistemas de protección social más amplios y de mayor cobertura, en nuestra región tenemos realmente un problema muy serio porque hay muchas personas sin cobertura de salud y muchas personas que no tienen acceso a la pensión, por ejemplo, o a ingresos en ningún sentido. Y ahí se enmarca nuestra propuesta de un ingreso básico, por lo pronto de emergencia.

¿Qué pasaría si no se tomaran medidas sociales?

Nosotros calculamos un desempleo de más de 12 millones de personas adicionales, de 8,1% a 8,5% de desempleo. Si no se toma ninguna medida, la pobreza aumentaría en forma dramática en la región: de 186 millones a 214 millones de personas. Y la pobreza extrema de 11% a 13,5% de la población, de 67 millones a 83 millones. Obviamente hablamos de una región muy heterogénea. En términos de desigualdad, también va a haber un incremento del coeficiente de Gini muy preocupante en países como Brasil, como Colombia, Argentina, Ecuador o México, que son países que ya de por sí vienen con una desventaja. Y es una región que había hecho un esfuerzo muy grande por sacar a la gente de la pobreza y habían ido avanzando en mejorar la movilidad social, y ahora tenemos un gran retroceso de nuevo, sobre todo entre los estratos medios y bajos de ingresos.

Pero tampoco se puede decir que no se esté haciendo nada... ¿No es suficiente?

Se han tomado medidas muy importantes. Toda la región está haciendo grandes esfuerzos, reflejados principalmente en transferencias fiscales en efectivo, para dar por ejemplo ayuda alimentaria a los hogares, dando cobertura al 58% de la población, o condonación del pago de algunos servicios básicos. Son medidas importantísimas, pero es insuficiente porque estas trasferencias son puntuales, o muy limitadas, como en Chile, cuya ayuda se va a ir reduciendo a lo largo de dos meses. Nosotros estamos diciendo que se debe dar un ingreso básico de emergencia equivalente a la línea de pobreza, que está en torno a los 140 dólares al mes (en promedio, hay países donde la línea de pobreza es más alta), a 215 millones de personas, que son las que están bajo ese umbral de la pobreza. Aquí no estamos hablando, por el momento, de un ingreso básico universal, sino de emergencia, para los más pobres. Y estamos construyendo sobre la base de lo que ya están haciendo los países. Hoy por hoy están invirtiendo alrededor de 2,22% del PIB al año en transferencias condicionadas, en ayudas sociales y otros tipos de políticas sociales al año. Y con la crisis están invirtiendo un 0,7% adicional del PIB, con lo que ya estamos llegando a 2,9% del PIB. Ahora, si quisiéramos proteger a la gente con un ingreso básico de emergencia por un año costaría un 4,9% adicional, si fuera por seis meses supondría un 2,1% del PIB. Y creemos que hay países que sí tienen margen fiscal para poder hacerlo.

¿Cómo se pagaría este ingreso básico de emergencia?

Desgraciadamente no hay forma de financiar esto simplemente con la reorientación de los presupuestos nacionales. Todos están llegando a un tope. Obviamente hay países que tienen más espacio fiscal que otros, como el caso de Perú, Colombia, Chile... México mismo, que incluso tiene un acceso mejor a los mercados. O incluso que tienen líneas de crédito de emergencia con el Fondo Monetario Internacional. Pero el problema lo tenemos con los otros países, en los que no hay espacio fiscal y no tienen el nivel de reservas que les gustaría. Estamos contemplando tres opciones: una es recurrir a las instituciones financieras internacionales. En el caso de Centroamérica o el Caribe nosotros proponemos moratorias de la deuda. El pago de intereses de la deuda pública del gobierno central en los países centroamericanos es alrededor del 2,6% del PIB al año, eso supera lo que nosotros proponemos destinar a ayudas, que es el 2,1%. Entonces, si se pudieran posponer los intereses para el 2020, ahí hay un poco de espacio fiscal para estos países. Y el tercero es poder acceder a líneas de emergencia de crédito con cero costo de interés. Como los países desarrollados, que tienen un acceso mucho más barato al financiamiento.

Ustedes aluden también en su informe a que sería una forma de sostener mínimamente además el consumo.

Realmente es muy importante. Y creo que la economía en general se va a mover más hacia una economía más regionalizada, menos globalizada. Tengo la impresión de que esta política de cero stock y que todo se compraba en el momento y viajaba, ha demostrado gran fragilidad. Porque ahora todos los equipamientos médicos, las medicinas que esta región necesita, no están llegando a tiempo donde se necesitan. Y esto ha sido una demostración nuevamente de la gran fragilidad de la región que solamente produce el 4% de estos insumos médicos tan necesarios.

Continúe leyendo aquí la segunda parte de la entrevista.

(jov)

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