Allanan sede patronal en Perú por el caso Lava Jato
29 de noviembre de 2019
La Fiscalía de Perú allanó este viernes la sede principal de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la mayor patronal del país, en medio de las investigaciones del caso Lava Jato.
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El allanamiento de la sede patronal fue liderado por el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, con el apoyo de agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional.
Pérez fue autorizado por el juez Víctor Zúñiga para ingresar a las oficinas de la Confiep, en el distrito financiero de San Isidro, tras revelarse que grandes empresarios peruanos hicieron aportes no declarados a la campaña electoral de la líder opositora Keiko Fujimori, investigada por presunto lavado de activos.
Específicamente, según el documento de autorización judicial, el fiscal busca "todo aquel objeto vinculado a la campaña política" de las elecciones de 2011 y 2016, además de documentos y facturas "vinculados a gastos, compras, o bajo cualquier otro título, que realizó la Confiep para campañas políticas" de esas elecciones.
Reacción de la patronal
La Confiep aseguró en Twittter que "se enteró, a través de la prensa" de la orden de allanamiento e incautación solicitada por el fiscal Pérez "por investigaciones que datan del 2011 por el caso de una campaña comunicacional en pro de la inversión".
"Desde el inicio de la investigación, Confiep viene colaborando absoluta e íntegramente en todo el proceso. Sorprende, por ello, una medida innecesaria que linda con el abuso, más aún cuando al Fiscal se le entregó todos los documentos administrativos y contables de la campaña", agregó.
La patronal aseguró, sin embargo, que "seguirá colaborando con las investigaciones para que estas se desarrollen con integridad y transparencia para que la verdad se abra paso", aunque remarcó "enfáticamente" que no promueve ni financia "partidos políticos o acciones de carácter político-partidario".
Apoyo a la campaña de Keiko Fujimori
Durante la última semana, varios empresarios peruanos revelaron haber dado grandes aportes económicos para financiar la campaña electoral de 2011 de Keiko Fujimori, quien está a la espera de que se cumpla una resolución del Tribunal Constitucional que ordenó el fin de la prisión preventiva que cumplía mientras se le investiga por un presunto lavado de activos vinculado con Odebrecht.
El escándalo por estos aportes, no declarados y con dinero entregado en efectivo, estalló cuando Dionisio Romero, el presidente del directorio del grupo Credicorp, el más grande del país, reveló la entrega de 3,65 millones de dólares en 2011.
er( efe, afp)
América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
Imagen: GONZALO ESPINOZA/AFP/Getty Images
Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
Imagen: AP
Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Duenas Castaneda
Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.