Almagro advierte: “La corrupción amenaza la democracia”
30 de noviembre de 2017
El secretario general de la Organización de la OEA, Luis Almagro, advirtió en la Universidad San Martín de Porres (USMP) de Perú que la corrupción y la colusión de intereses amenazan la democracia en América Latina.
Publicidad
En su ponencia, titulada "Gobernabilidad democrática y lucha contra la corrupción", Almagro advirtió que en "la erupción de casos de corrupción de alto perfil, con tratamiento diferencial ante la Justicia, fomenta la percepción de desigualdad y tiene un claro impacto negativo".
El máximo cargo de la OEA enfatizó su postura en que "la colusión del dinero con la política aumenta la desconfianza en los políticos y promueve alternativas antisistema que no le hacen bien a la democracia".
Almagro defendió la necesidad de fortalecer las instituciones para evitar la impunidad, porque "el delito siempre ha existido, pero lo que no se puede tolerar la impunidad". En ese sentido, destacó la menor tolerancia a la corrupción que existe actualmente en la región y puso como ejemplo las manifestaciones que forzaron la renuncia de la vicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti
Dos expresidentes presos en Perú
"Lo mismo sucedió aquí en Perú, donde hay dos expresidentes presos y otros exmandatarios investigados por la Justicia", dijo Almagro en referencia al caso Odebrecht y a Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
El abogado uruguayo y diplomático también abogó por combatir la corrupción con transparencia, probidad, rendición de cuentas y ética republicana de gobierno. "Estos cambios no solo se dan con más normas, regulaciones e instituciones de control, sino, sobre todo, con el cambio de prácticas y actitudes de parte de los políticos, autoridades y el sector privado", añadió.
Consideró fundamental para fortalecer la democracia en América cerrar la brecha entre tener los procesos electorales más sólidos pero con partidos políticos que generan gran desconfianza entre los electores.
Almagro advirtió que, "de no lograrse, se podría generar un retroceso en la movilidad social y una profundización del desencanto con la democracia", lo que económicamente puede conllevar la vuelta a la pobreza de millones de ciudadanos de países americanos.
JOV (efe, WRadio)
América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
Imagen: GONZALO ESPINOZA/AFP/Getty Images
Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
Imagen: AP
Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Duenas Castaneda
Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.