En un paso sin precedentes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, invocó el 31 de mayo la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela, convocando a una sesión urgente para abordar la grave crisis que atraviesa el país sudamericano.

Para Juan Carlos Hidalgo, analista político del Instituto Cato con sede en Washington, se trata de un paso acertado porque “obligará a los países del hemisferio a pronunciarse sobre los abusos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Venezuela ya no califica como una democracia en el sentido propio de la palabra y el autoritarismo del gobierno ha ido aumentando desde la elección legislativa del 6 de diciembre, con medidas cada vez más arbitrarias para subvertir el resultado de esa elección”, dice a DW.

Vías diplomáticas alternas

El informe de 132 páginas que elaboró Luis Almagro para invocar la Carta Democrática “es un documento importante que ayuda a poner el foco internacional en Venezuela”, señala por su parte Andrés Cañizález, consejero académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). Según el experto venezolano, la crisis no se solventará sin mediación internacional.

Si bien las relaciones de poder han cambiado dramáticamente en América Latina, ambos expertos dudan que se consigan los votos necesarios (dos tercios) en el Consejo Permanente de la OEA para aplicar la Carta Democrática y expulsar al país sudamericano. Cañizález hace hincapié en un comunicado conjunto que los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia y Uruguay emitieron horas después de que se diera a conocer la decisión del secretario general de la OEA.

Más allá de la aplicación de la Carta Democrática, los cuatro países plantean “que se abra la vía del diálogo en Venezuela, condicionado a que haya un referendo revocatorio”, explica en entrevista con Deutsche Welle. “Eso puede dividir los votos de los países que están a favor de que se discuta el tema de Venezuela en el escenario de la OEA”, agrega.

Voto de países caribeños es decisivo

Aparte de los gobiernos de Ecuador y Nicaragua, es probable que también los países del Caribe, que tienen gran peso en ese foro, voten en contra de la aplicación de la Carta Democrática, puesto que desde hace años mantienen una relación comercial privilegiada con Venezuela, que a través de Petrocaribe les hace llegar petróleo subsidiado.

No obstante, “no se debería subestimar el mensaje simbólico de esta movida diplomática, pese a que el gobierno venezolano diga que no es importante”, sostiene Andreas Feldmann, politólogo de la Universidad de Illinois en Chicago, quien cree que la invocación de la Carta Democrática podría aumentar la presión sobre el gobierno de Maduro y precipitar una crisis al interior de éste.

Posibles sanciones unilaterales

La OEA cuenta únicamente con herramientas diplomáticas, explica el analista político del Instituto Cato. La eventual suspensión de Venezuela de ese foro afectaría por ejemplo la capacidad del país de acceder a créditos del Banco Interamericano de Desarrollo. Si bien las sanciones diplomáticas no impedirían que el país siga recibiendo ayuda humanitaria del exterior, una suspensión podría servir de justificación a países como Canadá y Estados Unidos para imponer sanciones unilaterales. “Es más difícil imponer sanciones sin una resolución de ese tipo, porque podría ser visto como un acto hostil”, dice Feldmann a DW.

Según Juan Carlos Hidalgo, las acciones de la OEA sirven sobre todo de aliento a la oposición venezolana. En cambio, es una incógnita qué impacto tendrá la presión diplomática sobre el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, acota.

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que la aplicación de la Carta Democrática equivale a una orden para intervenir en Venezuela. “Es una exageración. No veo ningún escenario para ninguna intervención extranjera en Venezuela”, dice al respecto Andrés Cañizález.

El experto de CADAL señala que alrededor del 80 por ciento de los venezolanos espera que haya una solución pacífica y democrática a la crisis: “Lo que están planteando la OEA, UNASUR, más los cuatro países claves (Argentina, Chile, Uruguay y Colombia) apunta a una solución pacífica en consonancia con lo que quiere la gran mayoría de los venezolanos.”