El alto comisionado de la ONU, Zeid Ra'ad al Hussein, calificó este jueves (21.06.2018= de "vergonzoso" y de "descaradamente xenófoba" la polémica ley húngara que castiga con hasta un año de cárcel a quienes ayuden a inmigrantes en situación irregular, entre los que se incluyen refugiados y solicitantes de asilo.

"La decisión del Parlamento es un ataque a los derechos humanos fundamentales y a las libertades en Hungría", dijo Zeid en un comunicado.

La práctica de "avivar constantemente el odio por parte del Gobierno para sacar beneficios políticos ha conducido a este último episodio vergonzoso, que es descaradamente xenófobo y va en contra de los estándares y valores europeos e internacionales en derechos humanos", señaló el jordano.

En opinión de Zeid, la ley húngara ataca "los valores comunitarios de pluralismo, tolerancia y solidaridad", tal y como establece el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (UE), y da continuidad y ahonda el "asalto del Gobierno al espacio cívico al amenazar su trabajo en nombre de los más vulnerables y en defensa de nuestros apreciados valores en materia de derechos humanos".

El alto comisionado recordó que la ONU reconoce que es responsabilidad del Estado húngaro controlar sus fronteras, pero subrayó que "esta legislación amenaza la seguridad y los derechos humanos de los inmigrantes y refugiados, así como el trabajo vital de ONG y defensores de las libertades fundamentales que les ofrecen protección y ayuda".

La ley, dijo, convierte en ilegal el hecho de ayudar a aquellos que "puedan estar necesitando desesperadamente ayuda". "Ir en contra de aquellos que asisten a los más vulnerables, simplemente porque son extranjeros es realmente deshonroso", recalcó el alto comisionado.

Criminalización de la ayuda a migrantes y refugiados

La nueva ley, que fue aprobada el miércoles por el Parlamento húngaro y que entrará en vigor el 1 de julio, criminaliza una serie de actividades como la distribución de información sobre cuestiones relacionadas con la inmigración, la prestación de asesoramiento a inmigrantes y refugiados, y el monitoreo de los derechos humanos en las fronteras, señaló la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Las autoridades húngaras podrán detener, procesar e inmediatamente expulsar de la frontera que linda con países que no pertenecen al espacio Schengen a cualquier abogado, asesor, voluntario o miembro de la familia legalmente residente sospechoso de ayudar a una persona a presentar una solicitud de asilo o a obtener un permiso de residencia o proporcionando otra asistencia legal o humanitaria, añadió la oficina de Zeid.

Además de la condena de hasta un año de prisión para personas y la posibilidad de prohibir organizaciones que ayuden a inmigrantes y refugiados, las fundaciones que aportan financiación a ONG que trabajan con inmigrantes pueden enfrentar cargos, indicó.

Las autoridades húngaras anunciaron asimismo esta semana que introducirán un gravamen del 25% sobre la financiación que reciban las ONG que "apoyen la inmigración".

EAL (efe)

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