Morir por defender una tierra, una montaña o un río. Este es un hecho cada vez más habitual en América Latina, que, con Brasil, Colombia y México a la cabeza, es la región más peligrosa del mundo para los defensores de derechos humanos y el medio ambiente. Diversos reportes de organizaciones no gubernamentales informan anualmente del asesinato de centenares de ellos por oponerse a los intereses de empresas y gobiernos.

Es por eso que la región pretende terminar con la violencia en contra de este colectivo con la aprobación, el pasado domingo (04.03), del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

El también denominado ‘Acuerdo de Escazú' está basado en el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo) y consagra la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. De esta manera, "cada parte (estado) garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.

"Esperamos que este acuerdo ayude a reducir drásticamente los asesinatos de defensores ambientales de la región mediante los compromisos asumidos por parte de los Estados de reconocer la labor de los defensores y asumir la protección de los mismos”, explicó a DW, Carmen Capriles, Coordinadora General de Reacción Climática, organización boliviana participante en las negociaciones.

A partir de dicho acuerdo, los activistas ambientales podrán acceder a información ambiental que les permita evaluar cada situación. "Esperamos que signifique que menos recursos naturales sean explotados y que hayan menos comunidades en peligro”, dijo Carole Excell, Directora interina de la Práctica de Democracia Ambiental y parte de la sociedad civil para el Instituto de Recursos Mundial (WRI, por sus siglas en inglés).

La especialista destacó la importancia para las comunidades de tener acceso a datos sobre la contaminación del agua o concesiones mineras en su zona.

Un tratado histórico e innovador

"Los países y los grupos de la sociedad civil en América Latina y el Caribe han asumido una posición histórica para salvaguardar lo que constituye el pilar de la protección ambiental: las personas”, consideró Excell. "El acuerdo podría afectar hasta 500 millones de personas y muestra un liderazgo mundial por parte de la región. Es solo el segundo acuerdo regional (tras la convención europea de Aahrus en 1998) en el mundo sobre derechos ambientales y el primero para América Latina y el Caribe”, agregó.

Rubens Born, representante de la Fundación Esquel de Brasil y participante en las negociaciones desde 2015, destacó diversas innovaciones de dicho acuerdo como el hecho de que personas físicas y jurídicas tengan una amplía legitimidad para recurrir al Poder Judicial en el caso de conflictos e incumplimientos de los derechos de acceso.

”Se trata del primer tratado vinculante a escala mundial que incluye un artículo sobre obligaciones de los Estados en prevenir, realizar persecuciones legales y sancionar amenazas, coacciones y violencias contra defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”, dijo a DW.

Precisamente, la obligatoriedad centró gran parte de las discusiones chocando con las posturas de varios países, entre los cuales se encuentran los que cuentan con más activistas asesinados: Colombia y Brasil. "Defendí el mantenimiento del artículo que prohíbe reservas al acuerdo para asegurar que las mismas obligaciones se apliquen a todos los países que lo integran”, aseguró Rubens. De este modo, ”los países signatarios del acuerdo deberán cumplirlo íntegramente”, aclaró.

Un largo camino

La entrada en vigor del acuerdo no es inmediata y debe cumplir una serie de pasos previos que contemplan la firma, ratificación e implementación del texto.

Precisamente, para Capriles, éste es ahora el "gran reto” ya que todo depende de la voluntad de los países en "elaborar o adecuar marcos normativos que permitan la completa implementación del acuerdo respondiendo a los contextos nacionales". No obstante, agregó, "creemos que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), -que ha creado un observatorio del Principio 10-  será clave para concretar los compromisos de las Partes”, consideró.

Un año después de su ratificación, el organismo regional de las Naciones Unidas convocará una Conferencia de las Partes, es decir, un encuentro en el que los estados se reunirán periódicamente para dar seguimiento a la implementación de dicho acuerdo. Se trata de otra de las novedades de dicho tratado que "al igual que las otras COPs de temas ambientales, tendrá la función de elaborar nuevas herramientas que permitan el cumplimiento del mismo y podrá crear órganos subsidiarios que desarrollen herramientas para contemplar situaciones especificas”, explicó la experta boliviana.

El acuerdo "es un gran paso adelante, pero el trabajo apenas comienza”, opinó  Excell. Asimismo planteó que el hecho de tan solo "una persona más muera por proteger el medio ambiente es demasiado". Y exigió: "Es hora de que los países den un paso adelante en la defensa de los defensores".

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