Un ventilador puede salvar vidas, pero ¿cuánto debería costar? Eso depende de quién lo compre a quién y cuán urgente sea. Cuando hay que reaccionar de manera rápida, como sucede durante una pandemia, los mecanismos normales como las licitaciones públicas y los estudios de mercado suelen ser eludidos y los pedidos se hacen directamente o a través de intermediarios bien conectados, lo que constituye un caldo de cultivo para la corrupción. Incluso en tiempos normales, América Latina no obtiene buenos resultados en las clasificaciones internacionales de transparencia, y la crisis del coronavirus ha sido explotada descaradamente por algunos políticos y sus clanes.

Pero, a diferencia del pasado, éstos ahora son capturados con sorprendente frecuencia. En Bolivia, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, se vio envuelto en un escándalo por la compra de 170 aparatos de España a un precio de 27.683 dólares la pieza. El precio normal es solo una cuarta parte de eso, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la compra y descubrió el caso durante una auditoría. También se comprobó que el equipo solicitado está diseñado para clínicas ambulatorias y no para unidades de cuidados intensivos.

En Panamá, el vicepresidente y un asesor presidencial renunciaron por la compra de ventiladores sobrevalorados a 50.000 dólares por unidad.

En Colombia, el ministro de Agricultura y 14 de los 32 gobernadores son investigados por corrupción vinculada a la pandemia. En Río de Janeiro, la policía federal incluso registró las oficinas y la residencia del gobernador en busca de 150 millones de dólares estadounidenses destinados a la construcción de hospitales de emergencia.

En Ecuador, según el Tribunal de Cuentas, los hospitales estatales gastaron 614.917 dólares en bolsas para cadáveres, que tenían un valor de mercado de 46.910, y el director de Protección Civil compró raciones de alimentos a precios excesivos.

En Honduras, según el Consejo Anticorrupción, desapareció casi un millón de dólares de ayuda, y, en Argentina, un intermediario compró mascarillas anticuadas N-95 por diez veces el precio de mercado.

Un cuarto del dinero desaparece

El sector de la salud es particularmente susceptible a la corrupción, incluso en tiempos normales. Según una encuesta del experto en anticorrupción Roberto de Michele, del BID, hasta el 25 por ciento de los presupuestos nacionales de salud se pierden por corrupción. Lo que es nuevo, sin embargo, es que la pandemia ha fortalecido el rol de la sociedad civil y de los medios de comunicación. Casi en tiempo real, están vigilando a sus gobiernos e investigando los abusos. Medios de comunicación como el portal Intercept en Brasil, organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad o la Fundación Paz y Reconciliación (Colombia) han prestado servicios excepcionales a la transparencia.

"En el pasado, a menudo teníamos que esperar meses o años para que algo así saliera a la luz", dice Delia Ferreira, Presidenta de Transparencia Internacional, en una conferencia de prensa por videoconferencia. Mientras tanto, la presión pública ha aumentado y la tolerancia hacia las prácticas corruptas ha disminuido. Con los cacerolazos, por ejemplo, los panameños forzaron la renuncia del vicepresidente. Los gobiernos presionados recurren a organizaciones como Transparencia para pedir ayuda. "En la actualidad, nuestra experiencia está más solicitada que nunca y se están abriendo puertas que antes estaban cerradas", dice Ferreira.

La tecnología moderna facilita el control de los funcionarios públicos. Paraguay, por ejemplo, ha creado una página web en la que los usuarios pueden ver casi en tiempo real cuánto está gastando el gobierno y en qué en la lucha contra la pandemia. Algunos estados brasileños también son ejemplares al poner sus datos a disposición en Internet, incluyendo Pernambuco, Ceará y Espíritu Santo, según resalta la Fundación Conocimiento Abierto de Brasil. En Colombia, la plataforma Colombia Compra Eficiente ha publicado directrices para la transparencia en la pandemia.

Sabotaje desde arriba

No a todos les gusta tanta transparencia: en El Salvador, por ejemplo, el presidente, Nayib Bukele, saboteó un comité creado por el Parlamento para supervisar los 2.000 millones de dólares de ayuda de emergencia. Después de dos meses, los representantes de la sociedad civil renunciaron después de no haber recibido ni un solo proyecto de ley.

En México también existe la intransparencia sistemática: el 84 por ciento de todos los estados mexicanos no revelan cuánto están gastando en qué para combatir la pandemia, según las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil. En Bolivia, un juez fue arrestado poco antes de que pudiera interrogar al ministro de Salud acusado. E incluso en el Paraguay, los teléfonos de periodistas y miembros de la oposición que investigaban el fraude en la importación de suministros médicos fueron espiados.

Pero a pesar de todos los contratiempos, Delia Ferreira, de Transparencia Internacional, confía: "Ahora tenemos la oportunidad de dar un salto adelante en la transparencia".

(gg/vt)

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