Diferencias extremas se observan en distintos países latinoamericanos al revisar la mortalidad de pacientes de COVID-19 que fueron atendidos en clínicas privadas o en hospitales públicos en grandes urbes. Detrás de las cifras se constata la realidad de la región más desigual en ingresos y urbanizada del mundo, donde el 80%, esto es más de 500 millones de personas, vive en ciudades.

En Chile, el Centro de Investigación Periodística (CIPER) reunió datos de diferentes recintos de la capital y constató que "las diferencias son abismantes”. En junio pasado, cuando el país sudamericano registraba su peak de contagios, la publicación señaló que las cifras de los establecimientos públicos prácticamente duplicaban, en términos generales, las de los centros privados y "algunos hospitales públicos llegan a quintuplicar la tasa de mortalidad de los privados”.

Los casos más extremos, según CIPER, eran el Hospital Padre Hurtado (25,1% de mortalidad) y Clínica Las Condes (5%). "Un paciente con COVID atendido en un hospital tiene más probabilidades de morir que uno internado en una clínica”, alertaba.

En México, en tanto, el investigador Héctor Hiram Hernández, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, presentó un estudio que muestra que mientras en clínicas privadas fallece el 4,4% de los pacientes con COVID, en instituciones estatales esa cifra es muy superior: 18,6% (Instituto Mexicano del Seguro Social) y 16,6% (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado). Es decir, unas cuatro veces más.

Dime dónde naces y te diré cuánto vives

Las desigualdades propias de los países latinoamericanos determinan condiciones de vida muy diferentes para quienes provienen en los sectores más ricos o más pobres.

Un estudio de la organización Salud Urbana en América Latina (SALURBAL), publicado en la revista Lancet en noviembre de 2019, muestra por primera vez las diferencias en el promedio de la expectativa de vida al nacer en diferentes barrios de seis grandes urbes: Buenos Aires, Belo Horizonte, Santiago, San José, Ciudad de México y Ciudad de Panamá.

La gran variabilidad encontrada al interior de las ciudades no es aleatoria, sino que está directamente relacionada con el estatus socioeconómico: quienes tienen uno más alto, y se concentran en determinados barrios, tienen una mayor esperanza de vida al nacer.

En Santiago, un hombre de un barrio rico vive 8,9 años más que uno de un barrio pobre. En el caso de las mujeres, la diferencia es todavía mayor: 17,7 años. En Ciudad de México, las diferencias en promedio son de 10,9 años para los hombres y 9,4 para las mujeres. Algo menos desiguales son Buenos Aires, donde 4,4 es la brecha en el caso masculino y 5,8 la femenina; y San José, 3,9 y 3 años, respectivamente.

COVID amplifica las desigualdades

La salud basal y enfermedades preexistentes como obesidad, hipertensión o diabetes, así como el peor acceso a la salud, son factores de riesgo que aumentan la mortalidad en los sectores de menos recursos. También es una desventaja que los hospitales públicos a los que acceden cuentan con recursos más limitados, menos personal, camas y ventiladores por pacientes, que las clínicas de comunas más pudientes.

Un análisis de Ricardo Baeza-Yates, profesor de investigación de postgrado de ciencia de datos de Northeastern University, junto con el físico Alonso Silva, grafica el impacto del coronavirus en las comunas de Santiago de Chile. En las zonas más vulnerables, que tienen una mortalidad mayor que las de mejores ingresos, la pandemia tiene efectos peores. "El COVID amplifica esta situación”, dice a DW Baeza-Yates. Como ejemplo, el académico observa que "la mortalidad en La Pintana -una comuna pobre- es cinco veces más que la de Vitacura -una comuna rica. Es una diferencia brutal”.

Baeza-Yates señala que es importante poner atención al exceso de mortalidad. Es decir, la mayor cantidad de muertes que se observan con respecto a lo esperado en un año normal. Esa cifra, más amplia que los registros oficiales con test PCR, puede explicar el impacto del coronavirus.

“Hay más personas fallecidas por causas vulnerables al coronavirus, como diabetes o hipertensión, y es muy posible que sean casos de COVID que no están contabilizados”, indica. Aun cuando con la pandemia han disminuido los fallecimientos por gripe o accidentes de tránsito, al analizar el exceso de mortalidad calcula que podría haber hasta 23 mil muertos por COVID en Chile durante 2020, esto es unos seis mil más que los que reconoce oficialmente el gobierno.

Oportunidad para mejorar el sistema de salud

Con la pandemia resurge al debate sobre los sistemas de salud en la región. El modelo actual refuerza la desigualdad, pues los ciudadanos de clase media y alta suelen acudir a la sanidad privada, mientras el resto accede a la pública, "de recursos limitados y a menudo desbordada”, indican los expertos en salud pública latinoamericana Miguel Lago y Pablo Peña, en un artículo en el New York Times.

"Los pobres enfrentan mayores esperas para servicios peores. Este fenómeno lastra su productividad, reduce sus ingresos y alimenta el ciclo de desigualdad”, concluyen.

Consultado por DW, el politólogo Miguel Lago, director ejecutivo del Instituto de Estudios para Políticas de Salud (IEPS) de Brasil, dice que "en casi todos los Estados latinoamericanos la salud es un derecho constitucional. Pero, a pesar de tener las mismas obligaciones que los países europeos, en la práctica no invierten tanto en salud como ellos”.

Solo el 52% del gasto en salud en la región es público, muy inferior a los valores de entre 70% y 80% de países europeos. En promedio, los países europeos de la OCDE gastan en esta materia un 6,6% del PIB, indica Lago. En contraste, Latinoamérica invierte solo el 3,7%.

En su opinión, para tener sistemas más accesibles, equitativos y eficientes es necesario "expandir la inversión pública y controlar el tamaño de la privada. Estoy a favor del privado, que es muy bienvenido cuando hace prestación de servicios de salud, pero no es tan eficiente cuando se trata de seguros médicos. Si es mayor que lo público empieza a fragmentar el sistema, los precios suben y es menos eficiente, como ocurre en Estados Unidos”.

El experto estima que en salud no se puede dejar todo a la regulación del mercado, porque tiene todos los incentivos para inflacionar: "El Estado, siendo un gran comprador de sistemas de salud, puede negociar mejor los precios para todo el sistema. La provisión de servicios puede ser privada, pero no podemos tener más dinero en los seguros médicos privados que los públicos”.

La crisis por la pandemia es la oportunidad para repensar una salud que no esté determinada por el lugar de nacimiento y reforzar un sistema que alargue y alivie la vida de millones de latinoamericanos, concluye Lago.

(ers)