En 2023, al menos 196 activistas fueron asesinados en todo el mundo por defender el derecho a la tierra y a un medio ambiente sano. Colombia fue el país que registró más violencia de este tipo, con 79 muertes y, a continuación, Brasil con 25. La investigación difundida este martes (10.09.) es de la ONG Global Witness, con sede en el Reino Unido.

"El número real de asesinatos probablemente sea mayor", según la organización. Desde que comenzó el seguimiento en 2012, se han registrado 2.106 muertes de activistas.

América Latina sigue siendo el lugar con más asesinatos, con el 85% de todos los casos documentados en 2023. Honduras y México se hallan en el tercer lugar del ranking, con 18 crímenes de este tipo. "El asesinato sigue siendo una estrategia común para silenciar a los defensores y es, sin duda, la más brutal", se puede leer en el informe.

"Los ataques letales suelen ir acompañados de represalias más amplias contra los defensores, que son objeto de violencia, intimidación, campañas de desprestigio y criminalización por parte de gobiernos, empresas y otros actores", señala la ONG.

Brasil y los territorios indígenas

La principal fuente de datos utilizada para la lista de Global Witness es la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), de Brasil, que desde hace décadas mapea la violencia. 

"Desde hace años, Brasil es una de las regiones más peligrosas para quienes defienden el medio ambiente y luchan por la tierra. Estos no son sólo números, son nombres de personas que han pasado por un largo proceso de difamación por luchar por su derechos, para su pueblo", dice a DW Ronilson Costa, coordinador nacional del CPT.

Una de las causas del escenario, evalúa Costa, es la concentración de tierras en Brasil y el retraso en el reconocimiento de los territorios indígenas.

Mucha violencia en América Latina

En Colombia se registraron 79 asesinatos de esta naturaleza en 2023, la cifra más alta de un solo país desde que Global Witness comenzó el recuento en 2012. En la última década, fueron silenciados así al menos a 461 defensores ambientales colombianos.

"Muchas familias se han visto desproporcionadamente afectadas por disputas territoriales y violaciones de derechos humanos, exacerbadas por más de medio siglo de conflicto armado", explica el informe, que destaca la plantación de coca y el tráfico de drogas como catalizadores de la violencia.

En México, los enfrentamientos por la industria minera parecen ser el telón de fondo de la mayoría de las muertes. De los 18 asesinatos, el 70% fueron de indígenas que estaban en contra de la expansión de las actividades mineras, afirma Global Witness.

Honduras, con 10 millones de habitantes, es el país con la tasa per cápita más alta de asesinatos de ambientalistas. Según el estudio, la presión sobre la selva tropical es la causa principal, debido a la expansión de actividades que van desde la agroindustria hasta el narcotráfico, lo que ha empeorado la situación.

"Desde hace poco más de una década, los defensores de esta región han sufrido más ataques per cápita que en cualquier otro lugar del mundo, el 97% de ellos en tres países: Honduras, Guatemala y Nicaragua", evalúa el informe.

Opciones para salir de la crisis

¿Cómo se puede revertir la situación? Según los expertos, los gobiernos sólo podrán mejorar los programas de derechos humanos y protección de las víctimas cuando sean capaces de identificar las causas de los ataques.

Una opción es el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe de 2018, para promover los derechos de acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales. Brasil se mostró de acuerdo ese mismo año, pero aún no lo ha ratificado.

En opinión de Global Witness, el problema no se debe sólo a la lentitud de los gobiernos: "Las empresas que operan en la región también deben rendir cuentas por la violencia y criminalización que enfrentan los defensores del medio ambiente”.

Un ejemplo reciente citado por Costa proviene de Europa. A principios de septiembre, el consejo de ética del Fondo Global del Gobierno de Noruega (GPFG) recomendó que el fondo excluyera las inversiones en Prosegur, empresa española que opera en el área de seguridad. En Brasil, la empresa tiene la filial Segurpro, que presta servicios a Vale y Agropalma, y está involucrada en casos de ataques y muertes contra indígenas en Pará.

(rmr/ers)