Ana Estrada tiene 44 años y desde hace 30 padece polimiositis, una enfermedad degenerativa incurable que la tiene postrada. La psicóloga peruana se ha convertido en un símbolo de la lucha por la eutanasia, al solicitar a la Corte Constitucional de su país que la autorice a poner fin a su vida "dentro de la legalidad”.

"Me di cuenta que esto no era vida para mí, que yo ya lo había perdido todo. Me di cuenta que en mi país está criminalizado si alguien me ayuda a poner fin a mi sufrimiento”, dijo en la audiencia oral del pasado 7 de enero. Ahora espera la respuesta de la justicia.

Como el de Ana, otros casos en la región despiertan cada cierto tiempo el debate. En Chile, Cecilia Heyder, quien tiene un cáncer terminal además de otras patologías, también está librando una batalla judicial por el derecho a morir.

"En sociedades pluralistas, las tolerancias sobre la vida y la muerte son diversas. El estado debe garantizar que ninguna persona esté obligada a mantener una existencia que para sí misma sea considerada un sufrimiento”, dice a DW Diana Aurenque, directora del departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago de Chile.

Jorge Luis Manzini, médico argentino especialista en cuidados paliativos y experto en bioética estima que los estados no tienen ninguna obligación de preservar la vida de alguien en contra de su voluntad. "Lo contrario serían tratos crueles, humillantes, lo que significa violar derechos humanos fundamentales”, indica a DW.

De Colombia a Chile: despenalización y ley

Pocos países en el mundo han legalizado la eutanasia, entendida como el acto de un médico que administra una droga que induce la muerte en forma inmediata, por petición de un paciente en estado terminal. El primero fue Holanda, hace 20 años, y le siguieron Bélgica, Luxemburgo y Canadá. Hace unos meses Nueva Zelanda votó a favor en un plebiscito. En Suiza y algunos estados de Estados Unidos se permite el suicidio asistido, en que la persona se administra la droga letal.

En América Latina, Colombia es el único que permite la muerte asistida bajo ciertas condiciones. La Corte Constitucional despenalizó en 1997 el homicidio por piedad y en 2015 el ministerio de salud instruyó a los hospitales a crear comités que atiendan solicitudes de pacientes en fase terminal.

Según datos del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hay registro de 94 procedimientos hasta el 2019, año en que se realizaron 35, el mayor número. Para regular aspectos como las condiciones, el diagnóstico y la capacidad de tomar la decisión, en diciembre pasado el gobierno presentó un proyecto de ley.

En Uruguay, el juez puede exonerar al médico, bajo ciertas circunstancias, en caso del llamado homicidio por piedad. Países como Argentina, con la ley de muerte digna, y algunos estados de México han legislado sobre eutanasia pasiva, es decir, la posibilidad de que pacientes o sus familiares directos rechacen los tratamientos que extienden artificialmente la vida.

A medida que la población ha envejecido y surgen nuevos casos de enfermos terminales que piden ayuda para morir, el debate se ha instalado en la sociedad y llegado a los órganos legislativos. Sin embargo, iniciativas presentadas en los últimos años en países como Guatemala, Argentina o Perú no han sido aprobadas. Motivos religiosos, en una región de tradición católica, también pesan a la hora de legislar.

En Chile, en tanto, un proyecto de muerte digna y cuidados paliativos acaba de ser aprobado por la cámara de diputados y actualmente está en discusión en el Senado. Contempla la eutanasia para pacientes en estado terminal o enfermedad incurable que así lo soliciten y luego de cumplir una serie de revisiones y requisitos que aseguren una decisión libre y razonada.

"Estamos apostando a que esto va a ser una contribución a las libertades individuales. Pero hay que ver país por país. Hay culturas muy distintas respecto de la vida y la muerte. Y tampoco se pueden tomar caminos extremadamente liberales si la población no está preparada para ello”, dice Diana Aurenque, quien es doctora en filosofía por la Universidad de Friburgo.

Eutanasia: ¿con o sin ley?

En la mayoría de los países de la región se acepta lo que algunos llaman eutanasia pasiva y que en realidad es la adecuación del esfuerzo terapéutico, explica el Dr. Manzini: "En un paciente que está terminal es absurdo que esté con tratamientos de soporte vital como respirador o diálisis renal y, con consentimiento informado del paciente, se retiran”.

En el caso de la eutanasia, ésta siempre es activa. Esto implica regular temas como el consentimiento del paciente, que el caso sea revisado por un equipo externo de especialistas o comité de ética y se asegure que la decisión fue única y exclusivamente en beneficio del paciente.

Para Aurenque, debe ser "una decisión tomada con autonomía y juicio fundado de que la vida ha perdido valor. Que no haya duda de que se trata de un deseo personal, razonado, informado, con absoluta conciencia de lo que se decide”.

La regulación legal de la eutanasia permite evitar abusos y también da un respaldo legal a los médicos de no ser perseguidos penalmente. "En países donde no está legalizada, se hace en forma clandestina. Algunos profesionales han sido descubiertos, pero no han sido condenados porque la justicia considera que hubo buenas razones para hacerlo y el paciente ha dado su consentimiento”, sostiene el Dr. Manzini.

¿Libertad para decidir?

Junto con los cuestionamientos por razones religiosas y por el juramento hipocrático, parte del debate en América Latina es si se puede adelantar el fallecimiento, cuando en muchos casos al paciente no se le han brindado primero los cuidados paliativos y tratamiento del dolor adecuados.

En opinión de Aurenque, no basta legalizar la eutanasia, sino que también se necesita una ley de cuidados paliativos integral, que se ocupe tanto del dolor físico como la salud mental. No sólo para entregar los mejores cuidados sino para no interferir en la decisión de la eutanasia.

"En países latinoamericanos es muy preocupante que las personas tomen esta decisión por razones económicas o por no dejar a sus familiares con deudas. Sería gravísimo y significaría que no es una decisión libre, sino tomada bajo ciertas determinantes”, dice. Asimismo, considera que la ley debiera incluir recursos que den igualdad a todos los ciudadanos.

Siguiendo la experiencia internacional, los expertos recomiendan que estas decisiones se basen en protocolos y revisiones exhaustivas. "Muchos consideramos la eutanasia como el último resorte para aliviar a un paciente cuando todo lo que hacemos en cuidados paliativos no le alivia el sufrimiento. Llegado ese punto, con cuidados paliativos de calidad, si la persona sigue sufriendo y me pide eutanasia, si no la hago lo considero un abandono del paciente”, subraya Manzini.

(ee)