Con su abundancia y variedad de minerales, América Latina atrae gran parte de la inversión y explotación a nivel mundial. De acuerdo con datos de la CEPAL, Chile es el principal productor de cobre, Brasil el tercero de hierro, México el mayor productor de plata y Perú está entre los primeros de plata, cobre, oro y plomo. En la región se encuentra además el 61% de las reservas de litio.

Brasil, Chile, México y Perú concentran el 85% de las exportaciones de minerales y metales de la región. Ahí donde hay una minera, casi invariablemente surge un conflicto. Según la CEPAL, América Latina es la zona con más conflictos socioambientales de explotación minera.

"La falta de apoyo de las comunidades locales a los proyectos mineros es un hecho innegable y uno de los problemas más graves que enfrentan las empresas mineras en la región”, dice a DW César Padilla, coordinador general del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

En opinión de Susanne Friess, asesora en minería y desarrollo sostenible de Misereor, "la actividad minera tiene un alto impacto sobre el acceso al territorio y recursos como el agua. En muchos casos las minas están justamente en donde nace el agua, por lo que el conflicto surge ya en el momento en que la empresa pide la concesión”.

El rechazo se manifiesta de distintas formas, desde expresiones en medios de comunicación, protestas, acciones legales o consultas. No solamente contra los nuevos proyectos, sino también ante los ya existentes. Estas manifestaciones se enfrentan con la represión, el atropello a los derechos humanos, la criminalización y judicialización de la protesta.

Defensores y representantes de las comunidades sufren las consecuencias, que van desde amenazas, amedrentamiento, persecución, secuestro, condenas judiciales y diversas formas de violencia, incluida la muerte.

Bomba de tiempo

Un caso emblemático es el proyecto Tía María, en una zona agrícola de Arequipa, en el sur del Perú, donde la comunidad se ha levantado desde hace años para expresar su rechazo. En la represión de las protestas han muertos siete personas en diferentes incidentes en los últimos años. "En Perú, la minería es una de las actividades que más conflictos genera y como es muy abundante, va también acompañada de numerosos conflictos”, dice Padilla.

Junto con la abundancia de minerales, Latinoamérica ofrece atractivas condiciones para las empresas. En el ranking del Instituto Fraser de los países más atractivos para la exploración y la inversión, por sus características geológicas y las políticas de sus gobiernos, Chile -único con sistema de concesión plena- figura en sexto lugar a nivel mundial y a la cabeza de los latinoamericanos. Perú escala año a año posiciones.

Las comunidades, en tanto, están en alerta ante amenazas al medio ambiente, contaminación, problemas de competencia por el uso de agua y suelo, y destrucción de zonas protegidas. "Las comunidades se quedan sin agua o el agua está contaminada. Además, la minería necesita acceder al territorio y surgen problemas de poca claridad de los títulos”, aporta Friess.

Zonas agrícolas ven amenazada la salud y su medio de subsistencia. En Las Bambas, en la región del Cusco, Perú, las autoridades sanitarias no han respondido adecuadamente ante la grave situación de contaminación por metales pesados, alerta OCMAL.

La enorme cantidad de desechos y movimiento de tierras que genera la minería es otra causa de rechazo. "Los desechos generan cada vez más problemas y preocupación. Los casos de Mariana y Brumadinho, en Brasil, no son únicos. Hay muchos otros en que los desechos mineros se han convertido en una bomba de tiempo ambiental y social”, dice Padilla.

Friess observa además que "la mayoría las comunidades que están en torno a proyectos mineros no obtienen muchos beneficios. A veces reciben algún pago, que con el tema de la corrupción tampoco llega a todos o no se distribuye bien”.

Una lucha desigual

 "En América Latina la lucha se da entre empresas mineras muy poderosas y comunidades con posibilidades muy limitadas. Es una lucha entre David y Goliat. Las comunidades se sienten discriminadas por parte de la empresa y el Estado, y tienen que pagar el precio por una política de aprovechamiento de materias primas de la que ellos son los que menos se benefician”, señala Friess.

La experta explica que "junto con problemas por el acceso al agua y la tierra, está la falta de participación de la comunidad en todas las etapas del proceso. No pueden opinar sobre nada, más bien tienen que someterse a decisiones que otros toman y, conociendo muchos otros casos en su región o país, no están dispuestos a pagar ese precio sin una lucha”, dice Friess.

A la fecha, OCMAL registra más de 470 proyectos mineros en América Latina, la mayoría (112) en Chile. Allí también se observa la mayor cantidad de conflictos (49), seguido de México y Perú, donde al igual que en Colombia, la conflictividad se ha intensificado en el último tiempo. Estudios de OCMAL registran un alza de la criminalización de la protesta, con los mayores casos en Perú, México, Guatemala, Ecuador y Colombia.

Capitales extranjeros y doble estándar

A excepción de Chile, que mantiene la empresa estatal Codelco, en la mayoría de los países las mineras han pasado a manos de empresas privadas transnacionales. Canadá, seguido del Reino Unido, es el principal inversor en minería metálica y en los últimos años se observa la irrupción de capitales chinos, con cierta relevancia en Perú, Chile y México.

"Canadá mantiene un doble discurso de respeto a los derechos humanos, un discurso vacío, pues no se hace cargo de los efectos que producen sus empresas mineras y ha ido construyendo una deuda en términos ambientales y sociales”, dice Padilla.

Un caso emblemático es el de Mariano Abarca, opositor a la minera Blackfire en México, "quien pidió protección en la embajada canadiense y denunció las amenazas que estaba profiriendo una empresa minera de ese país, pero ni la embajada ni el gobierno hicieron nada y fue asesinado”, relata Padilla.

Según el experto, "lo que una empresa minera extranjera deja en un país, en términos de impuesto a la renta y otros, es muchísimo menor de lo que se debiera invertir en reparación y en protección ambiental. El saldo final para el patrimonio ambiental y social es negativo”.

El coordinador de OCMAL apunta también a la responsabilidad de los estados al firmar acuerdos y tratados comerciales que favorecen a las empresas por sobre el impacto que la extracción minera tiene en la sociedad y el ambiente.

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