Según el Banco Mundial, el crecimiento de la economía regional y población influirán directamente en el consumo de energía, impactando en las emisiones de carbono. Por este motivo, el sector energético es clave para alcanzar la neutralidad climática. Se prevée que para 2030, la demanda energética de América Latina podría aumentar un 75 por ciento, y las fuentes renovables podrían representar la mitad de esta demanda.

Las energías limpias, los sistemas de transporte verde, los pagos por servicios ambientales o servicios ecosistémicos y los programas de conservación forestal que combinan tecnología de avanzada con el conocimiento de las comunidades locales, han convertido a los países latinoamericanos en un semillero de innovación.

Igualmente, la región ha ganado prestigio y oportunidades de financiamiento y subsidios en las energías limpias como el impuesto al carbono que introdujo de manera pionera Costa Rica y cuyo ejemplo han seguido México y Chile. Asimismo, el Banco Mundial destaca las ventajas de los bonos verdes ya que promueven un desarrollo bajo en emisiones que han conseguido ampliar la energía solar en zonas rurales de Perú, así como las fuentes de energía renovable a gran escala en México o el transporte urbano limpio en Colombia.

América Latina también está a la vanguardia en legislación para mitigar los efectos del cambio climático. México y Guatemala han sido los dos primeros países en contar con leyes específicas de cambio climático y otros, como Perú, están en trámite.

Una de cal y otra de arena

A pesar de estos logros, la región todavía tiene que enfrentar diversos retos y llevar a cabo esfuerzos para evitar la deforestación, ya que además de ser la región más biodiversa de la Tierra, alberga a la Amazonía, el mayor sumidero de carbono del mundo. Igualmente, debe enfatizar soluciones amigables con el clima, como en la agricultura y reducir la contaminación aérea en las ciudades que deben ser resilientes, energéticamente eficientes y con un desarrollo bajo en emisiones.

No obstante, para ello, muchos países necesitan recursos. Por ese motivo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recuerda que los países han realizado compromisos ambiciosos vinculados a la adaptación y mitigación en sus NDC (Contribución Nacional Determinada, por sus siglas en inglés), pero requieren apoyo para desarrollar las capacidades institucionales y técnicas necesarias para lograrlos. 

Argentina: Luchando contra la deforestación y el avance de la soja

Argentina presenta diversos problemas medioambientales vinculados con el cambio climático tales como inundaciones, sequías, pérdida de biodiversidad, el abuso de los combustibles fósiles, contaminación y basura, entre otros. Así, el 'V Reporte de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático' (IPCC, por sus siglas en inglés) apuntó que el 4,3 por ciento de la deforestación global ocurre en Argentina. La causa es el avance del cultivo de la soja que ya representa el 18 por ciento de la superficie mundial sembrada.

La creación de Reservas Naturales Privadas, como la de Villavicencio, o la creación del Parque Nacional La Fidelidad, en 250.000 hectáreas en las provincias de Chaco y Formosa, buscan revertir esta situación. Igualmente, el país cuenta con instrumentos como el Plan de Agricultura de Bajo Carbono, el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía Legal así como leyes sectoriales vinculadas al cambio climático como la Ley de Protección de los Bosques Nativos que establece áreas de prohibición de desmonte, o la Ley de Protección de Glaciares y Ambiente Periglacial, que obliga a la realización de un Inventario Nacional de Glaciares para que se proteja adecuadamente.

Además de la lucha contra la deforestación, otro de los retos del país es impulsar las energías renovables. No obstante, según un informe del INTI, la Cámara Argentina de Energías Renovables y la Fundación Avina, entre otras organizaciones, la matriz energética argentina está basada en combustibles fósiles (87 por ciento petróleo y gas). Un paso previo al cambio de matriz es la eficiencia energética tal y como subraya el informe "Escenarios Energéticos para la Argentina (2013-2030)", de Vida Silvestre que afirma que "con políticas de eficiencia, se reduciría el consumo sin disminuir el crecimiento económico, evitando importar 6000 MW de energía".

Bolivia: Gestionando la Madre Tierra con el Vivir Bien

Bolivia sufre diversos impactos del cambio climático ya que confluyen todos los climas de la zona intertropical, desde el tropical hasta el polar. Durante los últimos 50 años, el país ha perdido aproximadamente el 50 por ciento de la superficie glaciar, según se apunta en su Contribución Nacional Determinada. Igualmente, señala que del año 1982 al 2014 más de 4 millones de habitantes fueron afectados directamente por inundaciones, riadas, granizadas, desbordes de ríos, deslizamientos y heladas. Y alerta que para el 2030, el 27 por ciento del territorio podría verse afectado por una sequía persistente. mientras que otro 24 por ciento por inundaciones recurrentes.

Con una superfície de 52,5 millones de hectáreas de bosques contabilizados en año 2015, Bolivia cuenta con la Ley Marco de la Madre Tierra para su manejo integral y reducir así, las emisiones de gases efecto invernadero. Igualmente, integra la política del Vivir Bien a una visión holística que prioriza el desarrollo en armonía con la naturaleza. La ley establece la incorporación del enfoque de prevención, gestión del riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático en el Sistema de Planificación Integral del Estado, así como acciones de gestión de riesgo en el sector agropecuario.

Chile: penalizando a los contaminadores

Chile sufre numerosas catástrofes naturales con frecuentes terremotos, incendios e inundaciones. Según la Dirección Meteorológica de Chile, alrededor de 576.000 hectáreas fueron consumidas por el fuego durante 2017. Igualmente, en abril se produjeron más de ochenta temblores en una semana, y en el mes de mayo las regiones de Coquimbo y Atacama fueron decretadas como zonas catastróficas debido a los temporales que afectaron a más de un millar de personas.

Por ley, el Ministerio del Medio Ambiente debe proponer políticas, programas y planes de acción en materia de cambio climático, determinar sus efectos, así como establecer las medidas necesarias de adaptación y mitigación. En este sentido, destaca que aunque Chile, ya cuenta con un impuesto al carbono, ha incluido un impuesto adicional que grava la primera venta de vehículos, según su rendimiento urbano y sus emisiones de óxido de nitrógeno con el objetivo de penalizar a los vehículos menos eficientes.

No obstante, el país tiene tareas pendientes, como la creación de un servicio público para la gestión de la biodiversidad y las áreas protegidas. Igualmente, según el informe sobre financiamiento climático internacional en Chile para el período 2010-2014, existen carencias en otros ámbitos, como la ausencia de reglamentación en torno a la actividad de planificación para el cambio climático, que le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, la limitación de la participación ciudadana en la toma de decisiones, y la falta de transparencia en el financiamiento climático internacional.

Colombia: Integrando la paz

Aunque Colombia solo genera el 0,46 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, al ser tropical es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Por este motivo, tiene que hacer frente a temporadas de inundaciones y sequías especialmente en regiones como el Casanare y La Guajira, así como a ‘El Niño’.

Uno de los grandes retos del país, cuyo compromiso de reducción de gases de efecto invernadero es de un 20 por ciento en 2030, son las comunidades de los territorios que vivieron durante décadas en medio del conflicto de guerrillas, ya que las actividades como el narcotráfico, la minería ilegal o la ganadería extensiva, continuarán con la depredación de los recursos naturales. En este sentido, el gobierno colombiano acaba de anunciar que aumentará en 2,5 millones de hectáreas las áreas protegidas para llegar a 19,4 millones hectáreas declaradas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Por otro lado, Colombia, que es el primer país que genera un sistema de evaluación de su adaptación al cambio climático con indicadores, tiene una legislación sectorial que ha incorporado el tema de cambio climático en normas como Plan de Ordenamiento Minero y Ley sobre energías renovables, entre otras. Durante este año, los esfuerzos del país en materia de cambio climático están concentrados en la implementación de la Política Nacional de Cambio Climático. Además, se está avanzando en el diseño del sistema de monitoreo, reporte y verificación de mitigación y adaptación para Colombia.

Finalmente, además del desarrollo de la biotecnología, el país está abocado en la denominada 'Nueva Economía del Clima’, que propone acciones orientadas a favorecer el desarrollo económico, como diferentes mecanismos de fijación de precios al carbono que desincentiven las emisiones de gases de efecto invernadero.

Costa Rica: rumbo a la carbono neutralidad

Costa Rica, que tiene una larga tradición en la innovación de la generación hidroeléctrica, en la conservación y, especialmente, en materias sobre cambio climático, se ha convertido en un laboratorio mundial de la economía baja en carbono y trabaja con la sociedad civil, el sector privado, las universidades y la comunidad internacional para conseguirlo.

El principal emisor de gases invernadero en Costa Rica es el sector transporte, que consume 78 por ciento de los derivados del petróleo. Por ese motivo, en el marco del Programa Regional de Cambio Climático (2009-2015) del PNUD se ha apoyado la elaboración de un estudio sobre la carbono neutralidad en el transporte público del país, con el fin de desarrollar un sistema de incentivos voluntarios con taxis, autobuses y gasolineras, favoreciendo el cambio tecnológico para reducir las emisiones de carbono.

El país centroamericano aspira a ser económicamente carbono neutral en 2021, tras culminar su acción voluntaria antes de 2020 que compensa sus emisiones a través del sector forestal. Además de ello, existe una regulación del mercado doméstico de carbono mediante la norma nacional de carbono-neutralidad para sistemas de gestión. La agenda de cambio climático se encuentra identificada en el Plan Nacional de Desarrollo, la Iniciativa Presidencial Paz con la Naturaleza y un Acuerdo del Consejo de Gobierno que establece acciones concretas en la Estrategia Nacional de Cambio Climático.

Guatemala: Combatiendo la vulnerabilidad

Con un 33,7por ciento de su territorio de cobertura forestal, los bosques nativos de Guatemala contribuyen con los medios de vida de las poblaciones locales. No obstante, el país es vunerable al encontrarse entre tres placas intercontinentales con características hídricas y geomorfológicas particulares, en una zona de convergencia intertropical y en la zona de influencia de los fenómenos del Niño y de la Niña. 

Desde septiembre de 2013, Guatemala cuenta con una Política Nacional de Cambio Climático y una de las primeras leyes en este ámbito a nivel mundial: la Ley Marco de Cambio Climático, que pretende responder a los impactos de este fenómeno en el país. Así, el Estado debe adoptar prácticas para reducir la vulnerabilidad, mejorar las capacidades de adaptación y  desarrollar propuestas de mitigación. La amenaza va directamente a la población, su patrimonio y los medios de subsistencia, impidiendo el desarrollo económico y social de manera sostenible. No obstante, los recursos del presupuesto del Estado no son suficientes para poder alcanzar sus compromisos previstos. Por ello, el país reclama ayuda a la comunidad internacional para obtener recursos financieros adicionales.

Honduras: adaptación como prioridad

Honduras se encuentra permanentemente expuesta a eventos meteorológicos extremos debido a las características biofísicas y topográficas del país. Esto, junto con los niveles de pobreza, le confieren una alta vulnerabilidad reconocida por el Índice de Riesgo Climático Global de Germanwatch de 2015, que ubica como el país más afectado a nivel mundial por eventos climáticos extremos en el periodo 1994-2013. Teniendo en cuenta estos factores y que el país centroamericano emite porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero menor al 0,1 por ciento del total mundial, su prioridad es la adaptación al cambio climático.

La Ley de Cambio Climático, publicada en noviembre de 2014, pretende establecer los principios necesarios para responder de manera adecuada a los impactos que el cambio climático genera en el país y adoptar prácticas orientadas a reducir la vulnerabilidad ambiental y mejorar la capacidad de adaptación, prevención y mitigación de los efectos producidos por el cambio climático.

Igualmente, dicha ley pretende garantizar el derecho de la población a un medio ambiente sano, reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático, desarrollar programas de educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología en coordinación con universidades públicas y privadas, entre otros propósitos. En este sentido, destaca el anuncio realizado días atrás sobre la inclusión de la asignatura “Cambio Climático” al currículo nacional básico para crear el hábito de cuidar el ecosistema.

México: impulsando ejemplo

Con el 1,4 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, México ocupa el puesto número 13 de las naciones que más emiten en el planeta. La mayor contribución de estos gases proviene del sector energético (67.42 por ciento del total), debido al consumo de combustibles fósiles, seguidamente de las actividades agropecuarias (12 por ciento), según el inventario elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, publicado en el año 2015. En este sentido, el gobierno mexicano se comprometió a reducir 25 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2030, manteniendo los niveles de producción e incorporando metodologías que minimicen la generación de CO2.

Otros retos medioambientales son la degradación del aire y la tierra, la escasez de agua, la deforestación, (causada, principalmente, por el crecimiento de las ciudades y la proliferación de los asentamientos informales) y la disminución de la biodiversidad, a pesar de que el país reúne cerca del 10 por ciento de la biodiversidad mundial.

No obstante, México es pionero en materia normativa debido a la aprobación de la Ley General de Cambio Climático en el 2012, cuyo carácter es obligatorio a nivel nacional, estatal y municipal. De este modo, autoriza a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno a regular las acciones para enfrentar el cambio climático. Una de sus características es que obliga a las empresas que generen más de 25 mil toneladas de CO2 a realizar un inventario de sus emisiones y notificarlo al Registro Nacional de Emisiones (RENE). A pesar de considerarse una referencia en la región, expertos mexicanos criticaron que faltan mecanismos para vigilar el cumplimiento de la ley y sancionar su incumplimiento.

Nicaragua: Voluntad ciudadana y política

Según el informe Global Climate Risk Index 2017 del think tank alemán Germanwatch, Nicaragua fue el cuarto país más afectado por el cambio climático en el período de 1996 a 2016. Se tratan de impactos que repercuten en las precipitaciones y temperaturas y cuyas consecuencias se plasman en la disponibilidad de agua, la producción de alimentos, el incremento de plagas y enfermedades, así como el deterioro de los ecosistemas.

Nicaragua, que se caracteriza por una tasa de deforestación del 6 por ciento anual y un 70 por ciento de la matriz energética con origen de fuentes renovables, se ha adherido recientemente al Acuerdo de París. Hasta la fecha era, junto a Estados Unidos y Siria, el tercer país que quedaba fuera del pacto internacional. El gobierno dijo entonces que el tratado no vinculante era insuficiente, un hecho que chocaba con la postura de la sociedad civil nicaragüense que llevó a cabo una consulta con las comunidades más empobrecidas y vulnerables al cambio climático. Estas informaciones han sido la base del borrador de un proyecto de ley de adaptación y mitigación al cambio climático que se presentó el pasado mes de septiembre. El proyecto de ley plantea acciones concretas como la reducción de gases invernadero en un 30 por ciento en un plazo de 15 años, la creación de un Fondo Nacional de Cambio Climático, un seguro para las cosechas y un Comité Nacional de Cambio Climático, entre otras medidas.

Perú: Persiguiendo el liderazgo de la COP20

Con más la mitad de su territorio con cobertura boscosa, Perú ve como la deforestación arrasa la biodiversidad de los bosques. El país latino, que es beneficiario del Programa de Inversión Forestal, está llevando a cabo una transición hacia una economía verde, sostenible, resiliente y baja en carbono.

Perú, que hace tres años organizó la cumbre sobre el clima de Naciones Unidas (COP20), quiere mantener el liderazgo en cuestiones medioambientales en la región. Por ese motivo, si antes de la celebración del evento creó el Instituto de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) para generar información científica que respalde las actividades orientadas a mejorar la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos presentes en los glaciares y ecosistemas de montaña, este mes el Ministerio del Ambiente presentó el balance de gestión llevado a cabo entre 2011 y 2016.

Igualmente, aunque existen normas específicas vinculadas al cambio climático, como la Ley de Mecanismos Retribución por Servicios Ecosistémicos, o la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, actualmente el gobierno peruano está llevando a cabo una serie de eventos públicos denominados: “Hacia una Ley Marco de Cambio Climático” para recoger propuestas de todos los actores interesados y enriquecer el proyecto presentado por el Ejecutivo.

No obstante, el país latinoamericano debe hacer frente a diversas barreras, como la demora en la identificación de medidas de adaptación o la percepción por parte de algunas industrias y sectores del cambio climático como traba a la inversión, aunque existan posibilidades para ello. Por ejemplo, en el sector energético existen 22.000 MW de potencial eólico que se puede aprovechar, no obstante en 2016, operaron 4 parques eólicos de Cupisnique (La Libertad), Talara (Piura), Marcona y Tres Hermanas (Ica), que representan solo el 1,1 por ciento del potencial.