En la recta final hacia el Premio Sájarov, el asesinato de uno de los finalistas que defienden el río Guapinol evidencia la vulnerabilidad de los ambientalistas en Honduras.
Imagen: Getty Images/AFP/O. Sierra
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La edición 2020 del prestigioso galardón del Parlamento Europeo va un poco más allá y viene manchada de sangre: si se ha secado ya la de la Berta Cáceres, defensora del río Gualcarque asesinada en 2016, la de Arnold Joaquín Morazán, uno de los 32 acusados por defender el río Guapinol, está muy fresca.
A semejanza del caso de Cáceres, Morazán, pequeño agricultor y miembro de una iglesia evangélica, fue asesinado a tiros en su casa. Es el segundo que muere de los 32 acusados por protestar, entre agosto y octubre de 2018, contra una concesión minera en el Parque Natural Carlos Escaleras.
"La comunidad está cercada por militares armados y hay mucha tensión”, explica a DW Leonel George, defensor de derechos humanos de Tocoa, ciudad cercana a Guapinol. "Que haya un grupo armado pagado por la empresa que intimida a los miembros del comité y a sus familiares infunde mucho temor”, subraya.
El Gualcarque y el Guapinol, ejemplos de la impunidad en Honduras
"Es sumamente preocupante la situación de los defensores de la tierra y el medio ambiente en Honduras”, explica a DW Manon Cabaup, especialista de la Federación Internacional de Derechos Humanos.
"Hay un verdadero aumento de la represión y el asesinato de Arnold Joaquín Morazán (y que el autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres no haya ido aún a juicio), lo ejemplifica: su criminalización y la impunidad son las dos caras de la misma moneda”, subraya.
La base del problema son los megaproyectos mineros, como en el caso del río Guapinol, o hidroeléctricos, como en el caso del río Gualcarque: se llevan a cabo sin consulta previa, violan derechos territoriales o ambientales, afectan a las poblaciones. Éstas protestan. Son acusadas de terrorismo.
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En la final del Sájarov, el asesinato de Morazán cuestiona a la EU
La noticia del asesinato de Morazán llegó a Bruselas en la recta final del Premio Sájarov. "El finalista al Premio Sájarov 2020, Arnold Joaquín Morazán Erazo, que se oponía a una mina de óxido de hierro en Honduras, ha sido asesinado. Llamo a que se haga una investigación inmediata e independiente, los responsables deben rendir cuentas. Nadie debe ser perseguido por sus ideas”, tuiteó David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo. También desde la delegación de la Unión Europea en el país centroamericano se emitieron tuits condenando este nuevo asesinato y reclamando el debido proceso, tanto para los del Guapinol como para Berta Cáceres.
Las protestas ante la concesión minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras llevó a juicio a 32 activistas.Imagen: Orlando Sierra/AFP/Getty Images
"No es suficiente”, comenta a DW Miguel Urbán, eurodiputado del bloque de la Izquierda Unitaria, uno de los dos grupos que postularon a los ambientalistas.
"Honduras es uno de los lugares más peligrosos del mundo para defender y proteger el medio ambiente y esto no va a cambiar a base de tuits”, agrega Urbán, recordando que el Parlamento Europeo tiene un compromiso particular con todos los finalistas al Premio Sájarov.
"Si no estuviésemos en tiempos de pandemia, los tres finalistas al Premio Sájarov estarían en este momento en Estrasburgo”, dice a DW por su parte Tilly Metz, presidenta de la delegación para las relaciones con los países de América Central.
Imagen: European Parliament
Se da por hecho que la visibilidad que adquieren los defensores de la libertad de conciencia que entran a la Red Sájarov los protege y apoya. ¿Es así? "Sí”, subraya Metz. "De lo contrario, en un país con una tasa tan alta de impunidad, pasarían desapercibidos”, agrega, recordando que hay ocho miembros del movimiento que están en prisión desde hace un año.
"Sabemos que la intención de encarcelarnos es alta. Este último asesinato significa que vienen más acciones de violencia. El riesgo para nosotros ha aumentado”, subraya Leonel George.
En esta situación, "esta nominación sí es un importante llamado de atención de parte de la comunidad internacional que reconoce el trabajo en la defensa de los bienes naturales y exige que el Estado de Honduras cese la persecución contra quienes los protegen”, comenta Urbán. No obstante, concluye, "para que algo cambie se debería impedir que en Europa se comercialice el óxido de hierro extraído de la zona de Guapinol”.
Honduras, el reino de la fuerza bruta
En Honduras, entre diez y doce personas mueren a diario por causas violentas. Ese riesgo lleva a un segmento nada desdeñable de su población a huir en caravanas, con la vida por todo tesoro, hacia países menos inhóspitos
Imagen: Reuters/E. Garrido
De la fiesta, la resaca
En esta nación centroamericana, cada año suele empezar y terminar como los anteriores: con el silencio de los muertos y el llanto de los dolientes. Fuentes policiales informaron que al menos trece personas fueron asesinadas –diez de ellas con armas de fuego– durante las fiestas de Nochevieja y Año Nuevo. Las mismas celebraciones dejaron al menos veinte muertos en 2017.
Imagen: Reuters/E. Garrido
En las manos equivocadas
A lo largo de 2018, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) decomisó aproximadamente 2.400 armas de distinto calibre en territorio hondureño tras determinar que eran portadas ilegalmente. 123 de ellas, piezas de alto poder, eran utilizadas por bandas criminales. Un año antes, la cifra de armas de fuego decomisadas por tenencia ilegal fue de 3017.
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El saldo del negocio
La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) sostiene que Honduras cerró 2018 con un saldo de 3.614 homicidios. Muchos de esos asesinatos son producto de la violencia asociada al narcotráfico. El año pasado, las autoridades locales decomisaron más de 8,7 toneladas de drogas y detuvieron a más de 12.000 personas, principalmente por vínculos con bandas criminales.
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Las pandillas del Triángulo Norte
Las autoridades de los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica –Honduras, Guatemala y El Salvador– planean asestarles duros golpes a las pandillas con la operación “Escudo Regional III”, que contempla allanamientos, decomisos, capturas y acciones penales públicas contra cabecillas y miembros de grupos como la Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18 (dos integrantes en la foto).
Imagen: Reuters/E. Garrido
“Escudo Regional III”
La operación “Escudo Regional III” buscará echarles el guante a bandas responsables de “una gran cantidad de delitos de asesinato, homicidio en su grado de ejecución de tentativa, robo agravado, robo de vehículo agravado, adquisición de vehículo robado, uso ilegal de armas prohibidas, porte ilegal de arma de fuego comercial y asociación ilícita”, informó el Ministerio Público hondureño.
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La “mano dura” estatal
No toda la violencia prevalente en Honduras es atribuida a las bandas criminales. Según varias organizaciones no gubernamentales, el Ejecutivo de Juan Orlando Hernández viola sistemáticamente los derechos humanos de quienes lo acusan de haber cometido fraude para garantizar su reelección como presidente en los comicios de noviembre de 2017. Se habla de asesinatos (38) y persecución política (465).
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Mujeres y niños primero
Unas 6.000 mujeres fueron asesinadas en Honduras entre 2002 y el primer semestre de 2018. Más del 90 por ciento de los casos está impune por falta de investigación, sostiene el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH). Las mujeres y los niños suelen ser víctimas de las formas de violencia más disímiles: la de las bandas criminales y la ejercida por sus allegados en casa.
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Violencia de género
El CONADEH asegura que cientos de hondureñas se ven forzadas a abandonar sus hogares por amenazas de muerte, asesinatos de familiares, extorsión y por el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes llevado a cabo por bandas criminales. Pero, además, las mujeres son vulnerables en sus propias casas y, cuando son asesinadas, los homicidas suelen dejar indicios de saña, crueldad y odio.
Imagen: Reuters/E. Garrido
La impunidad como motor
La Asociación para una Ciudadanía Participativa presentó un informe según el cual más del 90 por ciento de los asesinatos y las violaciones de los derechos humanos quedaron impunes en Honduras en 2018. A juicio de sus voceros, eso propicia la violencia al evidenciar la debilidad de las instituciones y le da impulso a la emigración masiva, por la desconfianza que inspira la Justicia local.
Imagen: Getty Images/AFP/O. Sierra
¡Adiós, Honduras!
En diciembre de 2018, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) publicaron un atlas que refleja detalladamente los ciclos migratorios en el norte de Centroamérica. Según ese mapa, el número de hondureños que abandonaron su país aumentó en un 94 por ciento entre los años 2000 y 2010. Nada apunta a que ese éxodo amaine.
Imagen: Getty Images/AFP/P. Pardo
Turismo improbable
El Gobierno de Estados Unidos les desaconseja a sus ciudadanos viajar a Honduras debido a los niveles de violencia que allí se registran. No obstante, el Ejecutivo de Donald Trump ha sido criticado por cancelar la protección migratoria especial concedida a 57.000 hondureños después de que el huracán “Mitch” devastara a su país en 1998; ellos sí que deberán regresar a esa realidad a corto plazo.
