Un viejo fantasma parece querer resurgir en Colombia: las amenazas de atentados contra candidatos presidenciales. El postulante izquierdista Gustavo Petro, líder en las encuestas de intención de voto, canceló una gira en el Eje Cafetero, en el centro del país, por un presunto plan de un grupo paramilitar para asesinarlo. Esta denuncia causó gran revuelo en el país, que, además del recrudecimiento de la violencia, experimenta una extremada polarización política a pocas semanas de los comicios. 

De acuerdo con información “de primera mano” a la que su equipo de campaña tuvo acceso, existen datos fiables de que la organización paramilitar “La Cordillera” planeaba atentar contra la vida de Petro. La banda criminal, según el comunicado difundido en Twitter, se dedica al narcotráfico y al sicariato en esa zona del país. A “La Cordillera” se le atribuye también el asesinato del líder social Lucas Villa durante las masivas protestas del año pasado contra el Gobierno de Iván Duque. 

Sin embargo, poco después de hacerse pública la denuncia, la Policía colombiana salió a descartar el hecho. "La Policía, hasta el momento, no tiene información de inteligencia que permita determinar la existencia de un plan criminal", aseguró la institución en un comunicado. Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo que “luego de haber consultado con las fuerzas militares, con las agencias de inteligencia del Estado, no se ha evidenciado ningún plan en este momento que corresponda a la estructura organizada criminal La Cordillera”.

Dichas declaraciones fueron fuertemente criticadas por diversos sectores políticos y organizaciones sociales por poner en duda la denuncia del candidato de la coalición Pacto Histórico. Debido al historial colombiano, advierten, no se puede desestimar ninguna amenaza de esta naturaleza. Hace solo un mes, la fórmula de Petro había hecho públicas otras amenazas contra la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez.

Historial de magnicidios 

“Cualquier democracia funcional debe tener como prioridad que todos sus representantes tengan la absoluta garantía de que podrán expresarse y liderar sus causas sin que su vida o integridad sea atacada por ello”, dice a DW el politólogo Fernando Posada, de la Universidad de los Andes. Para Posada, las declaraciones de las autoridades son, incluso, “una forma de participación en política de entidades que antes de salir a rechazar o a desmentir lo que tienen que hacer es investigar”.

Este caso, recuerda el analista colombiano, es similar a lo ocurrido en 1989, cuando el candidato liberal Luis Carlos Galán fue asesinado: “Pese a que Galán también había denunciado dos semanas antes amenazas en su contra, la Policía no hizo nada por falta de pruebas”. El proceso electoral en el que murió Galán se caracterizó por la extrema violencia. Por un lado, estaba la mafia del narcotráfico, y, por el otro, el paramilitarismo, que terminaron con la vida de otros dos aspirantes a la Presidencia: Bernardo Jaramillo Ossae y Carlos Pizarro. 

Si bien en las últimas décadas no ha ocurrido un atentado semejante, la politóloga Viviana García, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), coincide en que en Colombia no se puede subestimar este tipo de amenazas. “Sabemos que muchos sectores en Colombia tienen un pie en la legalidad y el otro en la ilegalidad. En Petro, por ejemplo, que ha prometido hacer algunas reformas, muchos ven una amenaza que podría atentar contra sus intereses”, explica García. 

Los adversarios de Petro en la contienda electoral, en cambio, no han recibido una amenaza similar. Hasta el momento, de los otros siete aspirantes a llegar a la Casa de Nariño, solo dos, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, rechazaron las amenazas contra Petro y exhortaron a las autoridades a tomar cartas en el asunto. En vísperas de las elecciones presidenciales, programadas para el 29 de mayo, Petro lidera las encuestas con una amplia ventaja sobre el candidato conservador Federico Gutiérrez. 

Reflejo de la situación en el país

Pero para entender la situación actual en Colombia, según la analista García, es importante considerar el panorama en general, en el que líderes sociales son víctimas de violencia. “El caso de Petro no es algo aislado, por el contrario, el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos es un problema que se ha acentuado en los últimos años en Colombia. Y tenemos un Estado que no es capaz de proteger a estas personas, porque luego de ser asesinadas se mantiene la impunidad”, afirma García. 

Diversas organizaciones sociales han venido alertando sobre la situación dramática que vive el país. En lo que va de 2022, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) ha contabilizado el asesinato de 64 líderes sociales y 37 masacres perpetradas. Estas cifras reflejan el incremento de la violencia que atraviesa el país en medio del proceso electoral.

Por otro lado, la politóloga del GIGA enfatiza en que existe también un contexto de extrema polarización política, en el que incluso las autoridades entran abiertamente en el debate: “Tenemos al presidente Duque que, pasando por encima de la Constitución, ha hecho mención explícita contra el candidato Petro, así como también al jefe de las fuerzas militares, Eduardo Zapateiro, que ataca en Twitter al mismo candidato. Eso es muy grave”, sostiene García. 

¿Benefician las denuncias a Petro?

En varios sectores gremiales o empresariales del país habría un enorme temor de que un político de izquierda y exguerrillero llegue al poder. “Existe un gran temor, pero Petro más bien hace evidente un problema de la democracia colombiana: la estigmatización. Muchos salen a criticar sus propuestas o a decir que con él Colombia se volverá Venezuela o Cuba. Estas narrativas estigmatizan a la izquierda para mostrarla como una amenaza para la economía y la democracia”, comenta la analista García. 

Según el politólogo Posada, las recientes amenazas y la discusión en torno a estas pueden beneficiar a Petro: “La solidaridad de todos los sectores políticos puede traducirse en el crecimiento del candidato en las encuestas”. Sin embargo, advierte, esto retira la atención de la opinión pública de algunos temas polémicos recientes de la campaña del líder progresista, como el tema de la reelección y la Asamblea Consituyente. 

A pesar de todas las críticas que se puede hacer a un candidato, reitera la analista García, frente a amenazas contra la vida, Colombia y sus autoridades no pueden dejar que se repita la historia de los ochenta y noventa, con políticos y candidatos presidenciales asesinados: “No queremos volver a ese pasado”.

(er)